1 – Presentación

En primer lugar, quiero expresar mi felicitación a los promotores de esta nueva iniciativa, la Cambra de Comerç Catalunya Brasil, dirigida a fomentar las relaciones entre Cataluña y Brasil, especialmente las relaciones económicas  entre ambos países, y que se suma a otras iniciativas existentes en el ámbito territorial español, dirigidas a promover los vínculos comerciales y financieros entre ambos países, tales como la Cámara de Comercio Brasil-España,  las Confederaciones Empresariales, la Cámaras de Comercio, las empresas españolas con inversiones en Brasil, la Fundación Cultural Hispano – Brasileña, la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca, diversas universidades catalanas, y la Fundación Ortega y Gasset, por no recordar al Banco do Brasil y la “Casa do Brasil”, colaboradores desde siempre en la promoción de los intereses brasileños en España, como recordaba en una reciente intervención el Embajador de Brasil en España. Merece también una mención especial, en este ámbito de actuación, el papel que ha desarrollado y desarrolla la Cambra de Comerç de  Barcelona.

En segundo lugar, quiero agradecer a los promotores haberme concedido el honor de pronunciar la conferencia inaugural de las actividades de la Fundación, lo que hago con sumo gusto, dada la personalidad de los fundadores, de un lado, y dada mi especial admiración por ese gran país llamado Brasil, de otro,  el cual ya está emergiendo como una de los principales actores de la escena económica y política mundial.

En 2010, Brasil se situó como la séptima economía mundial, desplazando a Italia y, según su ex-presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva, “Brasil se convertirá entre el 2016 y el 2020, como muy tarde, en la quinta economía del mundo, (desplazando a Francia), sólo por detrás de EEUU, China, Japón y Alemania”, previsión confirmada, a su vez, por los principales organismos internacionales.

Mientras en Europa estamos viviendo la mayor crisis desde la II Guerra Mundial, crisis derivada de nuestra vulnerabilidad ante los aspectos negativos de la globalización económica y de nuestra incapacidad relativa para aprovechar todo su inmenso potencial, debido, sobre todo, a nuestra alarmante debilidad institucional, Brasil está apareciendo a los ojos del mundo como uno de los grandes ganadores de la crisis globalizadora, es decir, del actual proceso de transformación económica y política propiciado por la globalización, ese imparable y maravilloso proceso posibilitado por el desarrollo tecnológico, una de las más formidables herramientas para conseguir que la interacción humana  sea un juego de suma positiva.

Brasil se ha convertido en un auténtico portaaviones de estabilidad política y de crecimiento económico en el corazón de América Latina, en un ejemplo admirable de cómo se pueden llevar, desde una óptica de izquierdas, políticas sociales avanzadas sin vulnerar la ortodoxia económica, o, mejor dicho, de cómo la única manera de llevar a cabo políticas sociales sostenibles es respetando la ortodoxia económica, su principio esencial, que se puede resumir en una sola frase: nada es gratis. Al propio tiempo, esta  es la única vía de consecución de la estabilidad política.

Desde el punto de vista geopolítico, su proyección y peso internacionales, han crecido considerablemente, y se han fortalecido durante la crisis, como lo demuestra su activo papel en el G.20 y el liderazgo regional que no ha hecho más que crecer.

Los temores suscitados hace algo más de ocho años en el sentido de que Brasil podría adentrase en políticas sociales alejadas de la disciplina monetaria y fiscal y de la ortodoxia económica se han demostrado carentes de fundamento. Tan sólo unos meses después de la elección de Lula como Presidente, la realidad vino a desmentir tales temores.

El nuevo Presidente comprendió que era necesario tranquilizar lo antes posible a los inversores y a los mercados financieros, para lo cual aseguró la continuidad de la política económica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, basada en las recomendaciones de los organismos internacionales. Se planteaba así desde el principio, el gran reto de la nueva Presidencia: hacer compatibles los programas sociales y las medidas distributivas a favor de los más pobres, con el mantenimiento de una política capaz de salvaguardar los equilibrios económicos y de seguir atrayendo un flujo de inversiones.

Así, por un lado, comenzaron a acometerse grandes programas sociales, como el impulso de la titulación de las favelas y de la  regularización fundiaria en general, o el programa Bolsa Familia, considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo, y, por otro, el Gobierno se comprometió a fondo con la disciplina fiscal, cumpliendo las obligaciones asumidas con el FMI por el anterior presidente, y manteniendo su compromiso, después de concluido el acuerdo con el mismo. Actualmente, la disciplina fiscal ya no es objeto de discusión entre los economistas brasileños, sino que forma parte del consenso político básico.

El éxito de lo que podemos denominar el modelo brasileño contrasta poderosamente con los lamentables resultados de las derivas populistas de algunos de los países que le rodean, los cuales se han adentrado en las sendas del empobrecimiento y, por consiguiente, de la inestabilidad política.

Por todo ello, Brasil constituye por sí mismo un excelente mercado para las empresas españolas y, al propio tiempo, una plataforma inmejorable para adentrarse en América Latina, al tiempo que España constituye una excelente plataforma para las empresas brasileñas que deseen adentrarse en Europa.

La nueva Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su toma de posesión –uno de enero de 2010-  expresó sus deseos y animó en la reunión que mantuvo con el Príncipe de Asturias –el primero en mantener una reunión con la nueva mandataria-, a las empresas españolas a incrementar su presencia e inversiones en la economía brasileña. Pero, además, mostró su interés en que esta relación sea un camino de ida y vuelta, con un incremento de la presencia de las empresas brasileñas en España, las cuales pueden utilizar estratégicamente nuestro país como plataforma de penetración en Europa.

También se refirió al buen momento que ofrece su país por dos importantes acontecimientos como son el  Campeonato Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), donde indudablemente las compañías españolas tienen excelentes oportunidades.

2 – Las relaciones económicas España-Brasil

Fue el navegante español Vicente Yáñez Pinzón, que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492, quien descubrió Brasil para los europeos, ocho años más tarde, en 1500, si bien, después de  conocer la desembocadura del  río Amazonas, siguió su camino.  Estas tierras fueron conquistadas finalmente por el portugués Pedro Alvares Cabral, a quien los historiadores brasileños atribuyen, también, el descubrimiento de Brasil con anterioridad a Vicente Yáñez Pinzón.  Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, España y Brasil han seguido su propio camino, cada uno por su lado, y ello a pesar de la centenaria presencia española en el gran país amazónico, hasta el punto de que, hace apenas 20 años, las relaciones económicas entre España y Brasil eran las propias de dos países que vivían dándose la espalda recíprocamente.

A pesar de haber firmado un Tratado de Amistad y Cooperación en los años ochenta, y por increíble que pueda parecernos hoy, la primera visita oficial de un Presidente de Gobierno español a Brasil data de 1979, 157 años después de la independencia. Y, hasta hace pocos años España carecía de Oficina Comercial en Sao Paulo. Dos acontecimientos, sin embargo, cambiaron radicalmente esta situación, según coinciden en señalar las comunidades empresariales brasileña y española.

Por un lado, la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización de Brasil en 1995 que pasó a incluir en el proceso de privatizaciones a sectores clave como son los de Telecomunicaciones y Electricidad y dio comienzo al proceso de privatización de las compañías estatales, entre ellas varios bancos. Este hecho suscitó el interés de las grandes empresas españolas, dando inicio y marcando la pauta del aumento espectacular de la inversión española en Brasil.

Por otro, la celebración en 1996 de la mayor exposición industrial de España en el exterior, la Expotecnia, con asistencia de más de 400 empresarios españoles de diversos sectores industriales y tecnológicos.  Fue presentada por S.A.R el Príncipe D. Felipe de Borbón y batió los registros de inversión del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para un certamen de esas características.

Dos años después, en 1998 España fue el primer inversor extranjero , con un 22 por 100 del total y en 2000, año en que España alcanzó su cifra récord, con el impresionante volumen de 9.592,86 millones de dólares, 28,78 por 100 del total de la inversión extranjera directa en Brasil durante ese año . Tras una fuerte reducción generalizada en el flujo de inversión extranjera en Brasil en el año 2002, fruto de la incertidumbre generada por la inestabilidad política que sufrió el país, el volumen de inversión española ha ido recuperándose, situándose, según los años, entre el primer y tercer mayor inversor extranjero en Brasil.

Como  he mencionado anteriormente, este despegue de la inversión española en Brasil vino de la mano de la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización, que atrajo el interés de las grandes empresas españolas, como Telefónica, Endesa, Iberdrola o el BSCH, y que explica que el grueso de la inversión española hasta ahora se haya concentrado en el sector servicios y, dentro de él, en los sectores de telecomunicaciones, la energía y la banca.

Si bien puede hablarse de una tradición centenaria de nuestra presencia en Brasil, debe afirmarse que la actual imagen de marca de España, empresarialmente hablando, se construyó sobre el reconocimiento de los resultados benéficos que para la sociedad brasileña tuvo el gran esfuerzo inversor español y, sobre todo, la mejora de consideración del propio público brasileño respecto de muchas de esas grandes compañías brasileñas que habían acogido inversión española pero que no por ello habían dejado de estar comprometidas con el futuro de Brasil, como cualesquiera otras.

Un proceso de privatización que afectaba a compañías de telefonía, de energía, o a la banca pública, por poner unos ejemplos, no fue un proceso fácil en cuanto a impacto de imagen, como se puede comprender fácilmente.

Pasados ya suficiente años, lo que se puede verificar es  que el trabajo constante de esas empresas privatizadas ha rendido sus frutos y que estas primeras inversiones han ido ejerciendo un efecto tractor, sobre otros sectores y otras empresas, de manera que, en la actualidad, la presencia inversora española alcanza sectores tan heterogéneos como son los de componentes de automoción, ingeniería y construcción civil, azulejos y revestimientos cerámicos, saneamiento ambiental, servicios de seguridad, petroquímica, seguros, máquina herramienta y ferrocarriles, entre otros. Todo lo cual ha configurado la imagen de España en el mercado brasileño en términos  de respeto, seriedad y solvencia empresarial.

España es, pues, una gran potencia inversora en Brasil por el destacado papel que ha jugado en su proceso privatizador, y el efecto arrastre derivado del mismo, que las empresas españolas han sabido aprovechar, pero sus  relaciones comerciales están muy lejos de ese nivel de relevancia. Aunque los volúmenes de exportación española resultan modestos en comparación con nuestra presencia inversora en Brasil, lo cierto es que las relaciones comerciales también son significativas y la evolución muy positiva, tanto en términos absolutos como relativos, lo que sitúa a las empresas españolas en una excelente posición para obtener el máximo provecho de una necesaria mayor apertura del mercado brasileño.

Esta creciente actividad empresarial se ha ido completando con un fuerte incremento de los acuerdos institucionales que han tejido una sólida relación, siendo buena prueba de ello la firma del Tratado de Asociación Estratégica Brasil-España (2003), que persigue fortalecer el diálogo político bilateral e intensificar las relaciones económics y comerciales entre ambos países. Dentro de este  Plan se han creado dos grupos de trabajo bilaterales, uno de Comercio e Inversiones, para ir eliminando progresivamente las barreras que todavía persisten y que dificultan una mayor presencia inversora y comercial de ambas partes, y otro de Infraestructura de Transporte, que se ha convertido en un interesante foro de intercambio de experiencias, del que surgen oportunidades de colaboración.

Posteriormente, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español , en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se lanzó el Plan Integral de Desarrollo de Mercado para Brasil, en 2005,que pretende incrementar y optimizar las inversiones españolas, impulsando a su vez la internacionalización de las empresas en un mercado de tanto importancia económica y comercial.

Brasil, como miembro del MERCOSUR, comenzó a negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1999. Tras estancarse las negociaciones en 2004, se volvieron a reanudar a partir de mayo de 2010. El objetivo es concluir las negociaciones en 2011.

Paralelamente a la negociación con MERCOSUR, la UE y Brasil desarrollan un proceso de Asociación Estratégica que se implementa mediante un Plan de Acción, aprobado en diciembre de 2008.

Este marco de buenos fundamentos económicos e institucionales, está haciendo que fructifiquen ampliamente la llegada de empresas españolas de todos los tamaños a Brasil, dadas las innumerables oportunidades que abarcan diferentes sectores como turismo, ingeniería, editorial, logística, concesiones viales, energía, banca, seguros, telecomunicaciones, que a su vez abren oportunidades para empresas multinacionales que eligen España como plataforma de entrada en Brasil y América Latina.

Hoy Brasil representa cerca del 40% del PIB de América Latina. En términos de inversión de stock, España es el tercer inversor mundial en el país con 35.352 millones de dólares. Es el primer destino de nuestras exportaciones a la Latinoamérica, concentrando el 33 por ciento de toda la inversión española en esa área.

Todos estos datos, así como el hecho de ser el país menos afectado por la crisis, sus buenos fundamentos económicos, su estabilidad política, su creciente liderazgo regional y su incipiente aparición en escena como uno de los grandes actores políticos en el nuevo escenario globalizado, junto con China, Rusia y la India, lo convierten en un lugar ideal para invertir y en la  plataforma ideal para expandirse por América Latina.

3 – El programa de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Los programas de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) configuran, conjuntamente, excelentes oportunidades de inversión para las empresas españolas en Brasil. Me referiré a cada uno de ellos separadamente.

3.1 – Las parcerías público-privadas

Las parcerías público-privadas  – más conocidas por sus siglas en inglés Public-Private Partnership-  tienen precedentes en el Reino Unido, Portugal, Paises Bajos, Francia y, hasta cierto punto, también España, país en el que se han desarrollado históricamente diferentes modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos.

El déficit de infraestructuras básicas continúa siendo un cuello de botella para el crecimiento equilibrado de la economía brasileña, lo que, a su vez, constituye una importante oportunidad de negocio para las empresas españolas. El desarrollo de las mismas requiere ingentes recursos presupuestarios, lo que es incompatible, entre otras cosas, con el firme compromiso de disciplina fiscal del gobierno brasileño, disciplina fiscal que constituye, como he expuesto, un consenso básico entre los economistas y políticos brasileños.

Con el fin de conseguir ambos objetivos, el gobierno federal de Brasil lanzó el Programa de Parcerías Público-Privadas, con el que pretende atraer el mayor volumen de inversión privada en el área de infraestructuras.

Existe una Ley Federal que las regula –Ley 11079, de 30 de diciembre de 2004-  y los principales estados han desarrollado sus propias leyes, especialmente los de la región del sudeste y del sur, las cuales aglutinan el 76% del PIB brasileño.

La Parcería Público Privada se define como un acuerdo entre la administración pública (federal, estatal o municipal) y un agente privado, bajo la forma de concesión de servicio público, autorización, ejecución de obra pública o arrendamiento, cuyo objeto sea proyectos de difícil o imposible viabilidad bajo los regímenes tradicionales. Así, no habrá Parcería Público Privada cuando el inversor privado pueda obtener su rentabilidad directamente del proyecto, por medio de precios o tarifas, o cuando la Administración se disponga a financiar íntegramente el proyecto en un proceso de licitación.

La Parcería Público Privada presupone el pago de una remuneración, única o complementaria, por parte de la Administración Pública al agente privado, por un periodo de hasta 35 años. Esta remuneración podrá incluso estar vinculada no sólo a la disponibilidad del bien o servicio contratado, sino al cumplimiento de obligaciones de resultado –por ejemplo, en sanidad, la gestión de un hospital, y no sólo su construcción o equipamiento-.

Existen diferentes modelos de parcerías, en los cuales no podemos detenernos, pero sí parece oportuno hacer una referencia a los criterios para la inclusión de un proyecto en el programa de parcerías público-privadas, así como al elemento caracterizador de tal forma de colaboración entre los sectores público y privado, en relación a otras formas más clásicas de colaboración, tal como la concesión administrativa en sus diferentes modalidades.

En relación al primer punto, las directrices que deben seguirse para la inclusión de proyectos en el programa de PPPs son las siguientes:

(i) Eficiencia en el cumplimiento de las misiones de la Administración actuante y en el empleo de los recursos de la sociedad;

(ii) Respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y de los entes privados a quienes incumba su ejecución;

(iii) Indelegabilidad de las funciones de regulación, jurisdiccional y de ejercicio del poder de policía;

(iv) Responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de las parcerias;

(v) Transparencia en el procedimiento y en las decisiones;

(vi) Reparto de los riesgos de acuerdo con la capacidad de los partícipes para gestionarlos; y

(vii) Sustentabilidad financiera y ventajas socioeconómicas del proyecto en parceria.

De entre las citadas directrices, cobra especial relevancia el reparto de riesgos . De hecho, la PPP se encuentra en un punto intermedio precisamente por la flexibilidad que ofrece para distribuir los riesgos.

Frente a esquemas en que la totalidad o la mayoría de los riesgos permanecen en la Administración (contrato de obra pública) y frente a los esquemas inversos, en que la totalidad o la mayoría de los riesgos son traspasados al sector privado (privatizaciones, project finance, concesiones administrativas), cada PPP debe buscar el nivel óptimo de distribución de riesgos que, por supuesto, no debe ser el mismo ni para cada sector ni, dentro de cada sector, para cada proyecto.

Este aspecto es de fundamental importancia para la atracción de inversiones privadas. En una concesión tradicional, cabe que el riesgo de crédito del inversor acabe diluído en una masa de usuarios; sin embargo, en la Parcería Público Privada el riesgo de crédito está típicamente concentrado en el poder público. La regulación del modelo ha aportado notables avances en este campo, previendo la vinculación de los ingresos y la institución de fondos especiales de garantía, dotados con activos o recursos que ya son, en algunos casos, ciertamente relevantes.

La PPP no varía la naturaleza jurídica de los instrumentos ya existentes (concesión o autorización por lo general), pero les añadirá alguna característica peculiar . Así, mientras en un proyecto típico de concesión administrativa, el concesionario asumirá prácticamente todos los riesgos (y, particularmente, el riesgo de demanda o riesgo comprador), en un proyecto PPP algunos de los riesgos (incluido el riesgo comprador) serán asumidos, total o parcialmente, por la Administración actuante (en el caso del riesgo comprador, mediante la complementación de la remuneración tarifaria o, en su caso, la asunción de la totalidad de la remuneración del contratado). Así, el ámbito natural de las PPPs serán aquellas obras o servicios públicos que no sean capaces de generar per se recursos suficientes para garantizar un adecuado retorno a la inversión del empresario privado. De este modo, por esta vía, se han desarrollado proyectos tan diversos como la construcción de prisiones, hospitales, redes eléctricas, autopistas o explotaciones ferroviarias.

El sector de las infraestructuras y transportes es un destino natural de los programas de Parcería Público Privada. Existen muchas oportunidades para el sector privado en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y líneas de metro, además de sus servicios auxiliares.

En el caso de Brasil, los programas de Parcería Público Privada tienen como una de sus prioridades estimular el desarrollo de corredores multimodales de transportes, permitiendo un aprovechamiento más eficaz de las hidrovías –muy importantes en Brasil-, los ferrocarriles, la red viaria por carretera y los puertos. Es común señalar esos puntos como críticos en el desarrollo de las exportaciones brasileñas, que han batido todos sus registros históricos en los últimos años, pese a las deficiencias infraestructurales a las que se enfrentaban.

3.2 – Plan de aceleración del crecimiento

Sin lugar a dudas, el programa más destacado del Gobierno brasileño, por sus ambiciosos objetivos, es el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), con la finalidad de acercarse a las tasas de crecimiento de las otras potencias emergentes (China, India, Rusia), lo que exige un impulso muy vigoroso de la inversión, especialmente, en infraestructuras de todo tipo, pero sin el recurso a la emisión de deuda,  pues, como he repetido, la disciplina fiscal es uno de los consensos básicos de la política brasileña, por lo que, para la ejecución de los ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructuras que integran el Plan, el Programa de Parcerías Público –Privadas es un instrumento especialmente adecuado.

El PAC significa el retorno del papel del Estado en la planificación estratégica y en la definición de prioridades en la agenda del crecimiento en los próximos años. Este no es el primer plan estratégico brasileño, pues el país cuenta con una tradición histórica en la materia como lo atestiguan los sucesivos planes implementados desde 1947 hasta el plan “Avanza Brasil” de 2000 del ex presidente Fernando Enrique Cardoso. Sin dudas, el más audaz fue el plan de 50 años en 5 del ex presidente Juscelino Kubitschek, que culmino con la construcción de Brasilia.

El PAC fue lanzado por el Presidente Lula, con un presupuesto para la primera fase (2007-2010)  de 200.000 millones de euros. ¿Cual es el origen de estos fondos? Las empresas estatales pagarían el 43 por ciento de estas inversiones (mayoritariamente Petrobrás), el sector privado (a través de asociaciones publico-privadas) financiaría otro 43 por ciento y el Estado a través del presupuesto de la Nación será responsable por el 14 por ciento restante. El plan, sin embargo, ha seguido un ritmo de ejecución más lento de lo previsto.

En esta fase, los proyectos de infraestructuras más significativos para las empresas extranjeras ascienden a 29.200 millones de euros y se distribuyen en los sectores de autopistas, ferrocarriles, puertos y electricidad, siendo el proyecto más emblemático, por su cuantía económica, (18.000 millones de euros) y significado estratégico, el tren de alta velocidad Galeo-Guarulhos-Viracopos, que unirá las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo; incluye la concesión de la explotación durante cuarenta años y deberá estar operativo para los Juegos Olímpicos de 2016.

Por otro lado, casi 65.000 millones de euros están destinados a infraestructura social y urbana, de los cuales el 60% está destinado a vivienda social, básicamente a través del Programa Minha Casa, Minha Vida, que pretende construir 1.000.000 de viviendas populares, pues el déficit habitacional supera los 8.000.000, donde las constructoras españolas y sus experiencias en viviendas de protección social pueden aportar sus amplias capacidades. También los arquitectos y otros profesionales, si bien, para ello, es preciso que Brasil flexibilice las barreras actualmente existentes en materia de servicios profesionales, una de las principales barreras actualmente existentes para incrementar la cooperación estratégica entre ambos paises.

En este campo, también cabe una amplia cooperación institucional, dada la amplia y exitosa experiencia española en materia de vivienda social. El pasado año, por encargo de la Secretaría de Estado de Vivienda y Políticas Urbanas, tuve ocasión de explicar a los principales ejecutivos de la Caixa Económica Federal, encabezados por su vicepresidente, la legislación española en materia de viviendas protegidas, así como la ingeniería jurídica del mercado hipotecario español. Ambas materias despertaron gran interés y están inspirando, en buena medida, la política que se está siguiendo al respecto. En esta materia, Cataluña cuenta con una experiencia especialmente exitosa, especialmente mediante la potenciación del arrendamiento y la propiedad superficiaria en estos ámbitos durante los últimos años.

Con sus luces y con sus sombras, la Primera fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (2007-2010) merece un juicio positivo. Con las lecciones aprendidas, se lanzó el nuevo  PAC II, incluso antes de haber concluido la ejecución de una parte significativa del PAC I, debido, probablemente, a razones electorales.

Sin lugar a dudas, el nuevo PAC II 2010-2014, con 625.000 millones de euros, hará que esta vigorosa dinámica inversora amplifique aún más las posibilidades y presencia de las empresas españolas, las cuales deben ser aprovechadas intensamente, pues Brasil se ha convertido para España en un socio estratégico que se refuerza por las crecientes interrelaciones entre ambas economías.

Según datos oficiales, el índice de seguimiento del PAC2 muestra que, a mediados de 2011, el 56% de las acciones del plan se encontraban en construcción, un 30% en la fase de licencia o proyecto, y un 13% en la fase de licitación.

Asimismo, según el primer informe del Segundo Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC2), inversiones públicas y privadas de 56 mil millones de dólares se hicieron en el primer semestre de 2011. Cerca de 6,5 mil millones de dólares provinieron directamente del presupuesto del Gobierno Federal.

El panorama descrito abre unas excelentes oportunidades de inversión para nuestras empresas en la economía brasileña.

4 – Inversión de empresas brasileñas en España

Del mismo modo, inversamente, España ofrece excelentes oportunidades de inversión para las empresas brasileñas.  Las intensas relaciones entre las economías española y portuguesa, la proximidad cultural, la buena imagen recíproca de ambos países, son importantes factores a tener en cuenta, pero, además, hay dos que presentan una especial relevancia. En primer lugar, España es un excelente portaaviones para las empresas brasileñas que deseen desembarcar en Europa, de lo que ya hay notables ejemplos. En segundo lugar, la crisis de la eurozona ofrece excelentes oportunidades de inversión en empresas españolas, cuyas cotizaciones se están viendo seriamente afectadas por la crisis que estamos atravesando y que, sin duda, superaremos. En este contexto, Cataluña ofrece importantes ventajas competitivas: su tejido empresarial, su situación geográfica y el hecho de que el Govern de la Generalitat esté llevando a cabo una seria política de austeridad, que augura una superación de la actual situación con anterioridad a otras zonas del territorio, son factores relevantes  que deben ser considerados.

Desde una perspectiva brasileña, Cataluña resulta, además, especialmente atractiva por razones turísticas y educativas.  Permítanme que preste especial atención a este segundo ámbito. En estos momentos, el Gobierno brasileño está invirtiendo fuertemente en becas para intercambios –en el momento presente, unas 12.000 becas- especialmente con Europa y Estados Unidos y las universidades catalanas despiertan un especial atractivo entre los estudiantes brasileños. Es ésta una oportunidad que debe ser aprovechada al máximo, pues los vínculos educativos son profundos y duraderos, contribuyen a la convergencia institucional, y facilitan el intercambio de ideas, así como, finalmente, el de bienes y servicios. Para conseguir que haya un importante flujo de estudiantes brasileños hacia Cataluña es imprescindible que haya firmados convenios entre las universidades catalanas y las brasileñas, pues ésa es la vía elegida por el programa de becas para el intercambio. Algunas universidades catalanas ya tienen firmados convenios con algunas universidades brasileñas, pero es imprescindible que más universidades firmen más convenios, algo que debería ser estimulado por la Cambra de Comerç, así como por el Govern de la Generalitat.

5 – Necesidad de mejoras institucionales

Aunque, como hemos visto, se ha generado un notable marco institucional que facilite los buenos fundamentos económicos de las relaciones entre ambos países, sin embargo, convendría fortalecer dicho marco institucional mediante, por ejemplo, acuerdos recíprocos de protección de inversión, el tipo de convenio, normalmente bilateral, conocido como APPRI, por lo que no existen cauces para dirimir disputas de esa naturaleza ante organismos arbitrales internacionales –como ocurre con otros países-.

No se trata, sin embargo, de una grave deficiencia institucional, dada la fiabilidad de Brasil, como lo demuestra el nivel de inversiones españolas en el país .

Ni ha existido contagio de lo ocurrido en otros países vecinos en relación con la protección de la inversión extranjera, ni en Brasil, por su propia estructura, es verosímil que se puedan producir situaciones de esa naturaleza –expropiaciones declaradas o veladas, imposiciones arbitrarias en ajustes tarifarios, etc- se puedan producir, como atestigua el comportamiento del Gobierno brasileño, tras la llegada al poder del Partido Trabalhista.

No obstante, sería un instrumento útil de trabajo.

Ahora bien, Brasil también debe introducir mejoras sustanciales en diferentes áreas, si desea atraer un mayor volumen de capital exterior, algo que necesita con claridad. En efecto, a pesar de que la inversión ha avanzado considerablemente –un 22% en el 2010-, habiendo llegado a representar el 18.4% del PIB, está aún a seis puntos del nivel deseable para llegar a un crecimiento sostenido del 5.5%. En comparación con sus colegas BRIC, China destina el 48% e India el 33%.

Para lograr ese crecimiento sostenido, es necesario que Brasil incremente su grado de libertad económica, todavía reducido, incluida la superación de su endémica falta de apertura comercial. Ciertamente, Brasil ha dado pasos importantes en esta dirección, en la que debe perseverar. Así, si en el año 2006, el estudio de la Heritage Foundation sobre el Indice de Libertad Económica, colocaba a Brasil en el puesto 81 de los 157 países calificados, en el Informe correspondiente a 2011 lo sitúa en el puesto 113 de 179 países calificados, lo que es un dato preocupante, si bien, a mejorado un 0.7% en relación al año anterior. En todo caso, en este ámbito, Brasil se halla situado no solamente por debajo de la media internacional, sino también de la media de América Latina.

En una línea parecida se sitúan los datos resultantes del Informe Doing Business para 2012 del Banco Mundial, el cual tiene en cuenta, desde una perspectiva cuantitativa, los trámites necesarios para realizar negocios, y que sitúa a Brasil en el puesto 126 de los 183 países analizados, con un retroceso de 6 puestos en el ránking en relación al año anterior.

El informe señala mejorías en algunos puntos, como por ejemplo, el de facilidades para la comenzar un negocio, aspecto en el que pasa del 125 al 120, al tiempo que muestra retrocesos en aspectos importantes, como la obtención de crédito (del 96 al 98), la protección de inversiones (74 a 79), o Registro de la Propiedad (109 a 114), si bien, en este último aspecto hay que resaltar que Brasil tiene un excelente sistema registral, especialmente en Sao Paulo, Brasilia y Rio de Janeiro, así como en Rio Grande do Sul, hasta el punto de que su coste en tiempo y en dinero es casi la mitad de la media de América Latina. En otros aspectos relevantes no ha sufrido variación alguna, como la de contractual enforcement, apartado en el que sigue situado en el puesto 118.

Todo ello pone de manifiesto que Brasil debe incrementar su grado de libertad económica, así como su fortaleza institucional si desea mantener un ritmo de crecimiento suficiente y sostenible.

En el primer aspecto, y por lo que respecta a las relaciones con nuestro país, dado el alto grado de inversión directa española en Brasil, deberían negociarse acuerdos bilaterales que posibiliten un mayor desarrollo de las relaciones comerciales, pues el volumen de exportaciones españolas no guarda la debida proporción con su condición de principal país europeo inversor en Brasil y segundo del mundo por inversión acumulada.

También deberían flexibilizarse las barreras de entrada que hoy sufren los profesionales españoles, especialmente arquitectos y urbanistas que, en Brasil, desde 2010, son dos profesiones distintas, así como los servicios integrados de ingeniería.

Estas medidas contribuirían al solventar uno de los principales cuellos de botella de la economía brasileña, junto con su déficit de infraestructuras, cual es su déficit de capital humano, cuyos índices son muy inferiores a los de otros países emergentes, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollando y que se están desarrollando a través, sobre todo, del Fondo de Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) puesto en marcha por el anterior presidente del país, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Una mayor flexibilización en estas áreas facilitaría la inversión de empresas españolas y tendría una repercusión muy positiva en el intercambio de bienes y servicios. España tiene en estos momentos profesionales, jóvenes y cualificados, que ven Brasil como una gran oportunidad, más atractiva que muchas otras, debido a que Brasil está soportando la crisis particularmente bien, a pesar de las dificultades que están apareciendo, a las afinidades culturales, y al alto nivel inversor de España en Brasil. Al propio tiempo, la llegada de estos profesionales –arquitectos, ingenieros de todo tipo, etc, especialmente bien valorados a nivel internacional- contribuiría a paliar el alarmante déficit de capital humano de la economía brasileña, posibilitando así el ritmo de crecimiento deseado.

Los informes a los que he hecho referencia señalan la debilidad institucional del país como uno de los principales puntos débiles de la economía brasileña. Para que una economía pueda funcionar adecuadamente, especialmente en un contexto de fuerte competencia internacional por un capital escaso, es preciso que los países sean capaces de suscitar confianza. Ello requiere, entre otras muchas cosas, que los derechos de propiedad estén bien definidos, sean respetados, fácilmente transferibles, y que los contratos sean cumplidos.

Todo ello depende en gran medida de la calidad institucional del país, configurada, entre otros factores, por la calidad de sus normas y la efectividad de los organismos encargados de hacerlas cumplir, hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que la calidad institucional es la piedra angular del edificio de la civilización.

Por lo que se refiere al ámbito normativo, ya me he referido a la conveniencia de introducir un mayor grado de libertad económica, disminuyendo la actual complejidad burocrática, y por lo que se refiere a la efectividad para hacer cumplir las normas en vigor, en caso de incumplimiento, depende en gran medida de la efectividad del sistema judicial, muy lento, débil y no exento de la plaga de la corrupción, ni de la interferencia política. Estas debilidades institucionales, hacen que Brasil se coloque, en esta área, por detrás de países como México, Perú o Chile, si bien en los últimos años su situación ha ido mejorando progresivamente.

6 – La crisis de la zona euro

No  sería justo finalizar esta intervención sin hacer referencia a  nuestra situación que debe ser integrada dentro de la grave crisis por la que atraviesa la zona euro.

Ciertamente, atravesamos la mayor crisis desde la segunda guerra mundial, una crisis de una gran profundidad y de una duración no determinada, a la que han contribuido múltiples factores, desde un fallo institucional en cadena que permitió la explosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la titulización de las mismas empaquetadas con otras de mayor calidad, su calificación como triple A, su adquisición por Fondos e instituciones de todo tipo, entre ellas, muchas europeas, si bien no españolas, debido a la política restrictiva impuesta por el Banco de España en su momento, y que dio lugar a una crisis financiera en la primera economía del mundo, que rápidamente se extendió a Europa, con Estados fuertemente endeudados, o, en algunos casos, como España, poco endeudados hasta 2008, pero con un gran endeudamiento privado, y con una moneda común, el euro, cuyo nacimiento fue bautizado en su momento por el Conde Otto Lambsdorff, antiguo Ministro alemán de Economía, como “una mala decisión económica pero una buena decisión política”.

Ciertamente,  Europa no reunía las condiciones para ser una zona monetaria óptima, como pusieron de manifiesto diversos especialistas, y, en ese sentido, era una mala decisión económica, aunque sería más exacto afirmar que era una decisión arriesgada, pero no irresponsable

Como señaló Hayek, un Estado, para ser tal, debe tener ciertos atributos básicos, uno de ellos, la acuñación de moneda. En este sentido, transferir tal facultad a una entidad supranacional, como el BCE, sólo tiene sentido como paso para la construcción de una entidad política europea porque, si bien es cierto que no puede haber Estado sin moneda, también es cierto lo contrario, que no puede haber moneda sin Estado.

Conscientes de ello, se exigieron una serie de requisitos a los países de la Unión  Europea, para ser admitidos en el euro, si bien, como hoy vemos, no se fue  en su momento todo lo rigurosos que hubiera sido necesario.

Además, la Unión Monetaria, fue acompañada de un Pacto de Estabilidad, que preveía sanciones en caso de incumplimiento. La ausencia de una Unión Política hizo que, cuando dicho Pacto fue incumplido, especialmente por Francia y Alemania, a comienzos del presente siglo, no fueran posibles las sanciones. Dio lugar también a que la política seguida por el Banco Central Europeo, entidad clave de la Unión Monetaria, con todas las competencias en materia de política monetaria, se adaptara especialmente a las exigencias de los dos países más poderosos de la Unión, Alemania y Francia, adoptando unos tipos de interés muy bajos, especialmente adaptados a las necesidades de estos dos países y, especialmente de Alemania, en pleno proceso de incorporación de Alemania Oriental, lo que facilitó  extraordinariamente la financiación de los costes de integración, pero dio lugar a que en ciertos países de la Unión, los tipos de interés reales fuesen negativos. Es ahí donde debe buscarse el origen del sobreendeudamiento privado que hoy pesa como una losa sobre nuestra economía, si bien las empresas están demostrando una admirable capacidad de ajuste en relación al mismo.

En este contexto, se produjo el estrepitoso fracaso del Tratado Constitucional Europeo, del que nada más se supo. Ello significaba que la condición necesaria para que el euro fuese un instrumento útil para todos no se ha cumplido: hoy tenemos estados sin moneda y una moneda sin  estados, en el contexto, además, de la mayor crisis financiera desde los años treinta del pasado siglo y de una economía globalizada, en la que están apareciendo nuevas potencias emergentes, con creciente peso económico y político, singularmente Brasil, Rusia, India y China, a los que la Agencia Goldman Sachs calificó en 2003 como BRICS, países donde los rendimientos de las inversiones serían más altos que en los países desarrollados como, efectivamente, está sucediendo.

Tal situación coloca a los países europeos en una posición muy delicada: presos de un alto endeudamiento, carecen de un Tesoro común, de una política fiscal común y, en fin, de un Gobierno común, por limitado que fuese su alcance. Esta es la principal debilidad institucional europea, una debilidad de especial gravedad, la cual dota, además, a las dos principales economías del área, de un poder de hecho que puede hacer que tengan escaso interés en un fortalecimiento institucional europeo, al menos en el sentido que ha venido inspirando, hasta ahora, la construcción europea.

7 – Consideraciones finales

Ello, sin embargo, no debe conducirnos a una visión pesimista de nuestro futuro. Me van a permitir, por extraño que pueda parecerles, que vaya finalizando mi intervención, con una cita, un tanto extensa, de Kant, el gran filósofo alemán, del siglo XVIII, cuya adecuada inteligencia requiere saber que la deuda pública surgió históricamente, al menos en Europa, como medio de financiar las guerras, por parte de las repúblicas del norte de Italia, allá por el siglo XIII, -como ha explicado Ferguson, en su excelente obra “The Ascent of Money”- . Pues bien, afirma Kant:

“…la propia guerra se convertirá poco a poco, no sólo en algo muy artificioso y de dudoso desenlace para ambas partes, sino también (debido a las funestas consecuencias que el Estado experimenta con una deuda pública -¡ esa nueva invención!- siempre en aumento, deuda cuya amortización es sencillamente incalculable) en una empresa arriesgada, dada la repercusión que toda quiebra estatal tiene sobre los otros Estados, al estar tan entrelazadas sus actividades comerciales en esta parte del mundo; esta interdependencia es algo tan notable que los Estados, apremiados por su propio peligro, se ofrecen a hacer de árbitros de la situación aunque no tengan autoridad legal para ello, preparándose así, indirectamente, para integrar un macrocuerpo político, algo de lo que los tiempos pasados no han ofrecido ejemplo alguno. Si bien este cuerpo político sólo se presenta por ahora en un tosco esbozo, ya comienza a despertar este sentimiento, de modo simultáneo, en todos aquellos miembros interesados por la conservación del todo. Y este sentimiento se troca en la esperanza de que, tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse aquello que la Naturaleza alberga como intención suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana.”

Estas palabras fueron escritas en  1784. Forman parte del opúsculo Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, esto es, considerando que la lógica interna del comportamiento humano está gobernada por la supervivencia de la especie, no la del individuo, y que, por lo tanto, los acontecimientos históricos deben ser evaluados en función de si se adaptan o no a esta racionalidad subyacente del proceso histórico, racionalidad avalada por la moderna sociobiología o la economía institucional,  que tiende a interpretar el devenir humano en clave evolutiva, no sólo en el aspecto biológico, sino también en el social.

La diferencia fundamental entre Kant y la moderna economía institucional se encuentra en el hecho de que Kant creía que la racionalidad subyacente del proceso histórico no es intencional, mientras que los modernos institucionalistas ( v.gr.: D. North) piensan que, mientras la evolución biológica no es intencional, sí lo es la evolución institucional.

Esta perspectiva permite entender adecuadamente la racionalidad subyacente del proceso globalizador, que no es otra que la de favorecer el progreso entendiendo por tal el desarrollo de una cooperación crecientemente profunda y compleja entre los individuos dentro de grupos cada vez más amplios e impersonales. En eso precisamente, consiste el progreso económico.

En mi opinión, los actuales acontecimientos dentro de Europa deben ser contemplados como el ten con ten insoslayable previo a la modificación de cualquier statu quo, modificación que sólo puede ir en el sentido de una mayor integración, como ya argumentaba Kant en 1784, o de mayor alcance y complejidad como afirmaba Teilhard de Chardin.

La historia humana tiene una trayectoria básica dirigida a un creciente grado de interacción humana, o si se prefiere, a juegos de suma positivo cada vez más amplios y complejos, de donde deriva, un mayor bienestar basado en una mayor especialización y, por lo tanto, en una mayor interdependencia recíprocas. Como afirma Wright, en los grandes juegos históricos de suma no nula, si formas parte del problema, seguramente serás víctima de la solución.

Ciertamente la trayectoria no es lineal. Para que los juegos no acaben siendo de suma negativa, es necesario que los intereses de los jugadores se hallen imbricados y, además,  que los jugadores tengan conciencia de ello. Si no es así, el juego no acabará en una victoria múltiple sino en una múltiple derrota.

Por ello, es preciso no olvidar que, al igual que ciertos juegos –tenis, fútbol, ajedrez- sólo pueden ser de suma cero, otros , especialmente aquellos que implican una gran interdependencia entre los jugadores (ej, alpinismo, cierta situaciones dramáticas como la de los astronautas del Apollo XIII), no pueden ser de suma cero, sino solo de suma positiva –ganan todos- o de suma negativa –pierden todos-, aunque puedan tener fases o aspectos de suma cero. Si este tipo de juegos o de situaciones se afrontan con mentalidad de juego de suma cero, la derrota colectiva está asegurada. Por el contrario, si se juegan sabiendo que sólo puede acabar en derrota o en triunfo colectivo, la victoria está asegurada. Ello requiere saber que cada uno tiene que desempeñar un papel distinto, porque si todos se empeñan en desempeñar el mismo papel la inacción está asegurada.

En su momento, los bajos tipos de interés decididos por el BCE, donde, como he dicho, tienen una especial influencia Alemania y Francia, facilitaron la financiación de los costes de integración de la Alemania Oriental, así como la exportación de bienes y servicios alemanes al resto de la zona euro; correlativamente, dichos tipos de interés, que facilitaron las exportaciones alemanas al resto de la zona euro, estimularon el sobreendeudamiento de los países con menor productividad y un nivel de inflación por encima del de los tipos de interés de referencia. No es ninguna sorpresa. Von Misses ya había advertido de las consecuencias de que el precio del dinero sea excesivamente barato: son, exactamente, las que estamos sufriendo en nuestro país. Ahora, es necesario solventar el problema del sobreendeudamiento. Para ello, es necesario que los países sobreendeudados  se apliquen a adoptar reformas estructurales y disciplina fiscal, pero, también que, simultáneamente, los países con capacidad para ello, asuman su papel de locomotora de la economía europea. Si no lo hacen, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos, pues si todos nos aplicamos en gastar menos, ninguno podrá facturar más y, en consecuencia, todos nos hundiremos. Este no es un juego de suma cero sino de suma no nula, que será positiva o negativa, dependiendo de cómo lo juguemos. De lo contrario, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos.

Europa ya ha acumulado mucha experiencia en este terreno, la suficiente como para haber aprendido que es preferible la cooperación a la confrontación, aunque todo juego cooperativo suele atravesar fases de suma cero, en las que lo que gana uno lo pierde el otro.

Algo que debe ser tenido muy en cuenta por todos, también y, especialmente, por nuestros dirigentes políticos.

También por las empresas brasileñas, lo que sitúa a España en una situación difícilmente mejorable como puerta de entrada al mercado europeo, en pleno proceso de vertebración institucional, y, dentro de España, a Cataluña, por las razones expuestas.

Afortunadamente, el G-20,en su reciente reunión de Cannes, ha apostado por una reactivación selectiva de la demanda por parte de los países más saneados –Alemania y Francia-, a fin de que la economía internacional se pueda reactivar, y se vaya alejando el peligro de la recesión.

Muchas gracias por su atención.

A iniciativa está sendo organizada pelo Comitê Executivo Nacional do Fórum de Assuntos Fundiários, do CNJ, em parceria com a UniRegistral – Universidade de Registro de Imóveis – entidade vinculada à ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo – e com o Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As inscrições já podem ser feitas pelo portal da UniRegistral (clique aqui).

Os voluntários selecionados estarão no Pará de 5 a 9 de dezembro e devem participar de reuniões preparatórias antes do embarque. Todas as despesas de viagem serão custeadas pelo Programa de Modernização dos Cartórios de Registro de Imóveis da Amazônia Legal, que foi estabelecido por um termo de cooperação técnica entre o CNJ e o Ministério do Desenvolvimento Agrário.

Ensino a distância

A ideia do treinamento surgiu quando o Comitê detectou as limitações tecnológicas da região Norte para a criação imediata de uma rede de ensino a distância (EaD). “É paradoxal que um lugar distante, em que o ensino a distância poderia ser a solução, tenhamos áreas sem acesso a internet ou TV. As aulas presenciais também são inviáveis pela dificuldade de deslocamento entre os municípios onde o transporte é o barco ou por estradas de terra”, explicou o juiz Marcelo Berthe, integrante do Comitê Executivo Nacional do Fórum de Assuntos Fundiários.

Berthe ressaltou que os resultados da iniciativa serão avaliados. “Se conseguirmos alcançar os objetivos propostos pelo diagnóstico e pela capacitação, provavelmente, vamos propor uma segunda edição da Força-Tarefa”, disse. Depois do treinamento, os voluntários retornarão aos seus Estados de origem e deverão atuar, em cada local, como padrinhos dos cartórios visitados, respondendo às dúvidas que surgirem.

Intercâmbio

“Após esse primeiro contato, o voluntário poderá ser acionado como um ponto de consulta, caso haja necessidade. Com esse intercâmbio, conseguiremos transformar a troca de experiências em conhecimento”, afirmou Antonio Carlos Alves Braga Junior, juiz auxiliar da presidência do CNJ.

No diagnóstico a ser realizado, os oficiais e escreventes deverão observar o estado de conservação do acervo, bem como questões relacionadas a número de funcionários, equipamentos de informática, instalações e velocidade de conexão com a internet, por exemplo.

A participação dos oficiais e prepostos do Estado de São Paulo foi devidamente autorizada pela Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado.

Os voluntários receberão certificado expedido pelo CNJ como “Relevante Serviço Público”.

Fonte: CNJ

Primeira Vara de Registros Públicos de São Paulo

Sucessões. Inventário. Título judicial – qualificação registral. Separação – mancomunhão – condomínio. Continuidade.

EMENTA NÃO OFICIAL. 1 – Os títulos judiciais submetem-se à qualificação registral. 2 – Autor da herança divorciado sem partilha dos bens – estado de mancomunhão. No estado de mancomunhão não há quinhão patrimonial individualizado, sempre pendente de partilha. Falecimento do separando antes da partilha do divórcio – indivisibilidade da mancomunhão absorvida pela da herança. Regra observada. Registro deferido.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 26.10.2011 – DJe: 11.11.2011 – Processo: 0044387-14.2011.8.26.0100, São Paulo. Cartório: 13º Oficial de Registro de Imóveis. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. Legislação: Lei 6.015/73. + Ver íntegra

Penhora – certidão. Título judicial – qualificação registral. Continuidade.

EMENTA NÃO OFICIAL. 1 – Os títulos judiciais submetem-se à qualificação registral. 2 – Não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior a fim de que se preserve a continuidade do registro.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 26.10.2011 – DJe: 11.11.2011 – Processo: 0038260-60.2011.8.26.0100, São Paulo. Cartório: 8º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. Legislação: Lei 6.015/73. + Ver íntegra

Primeira Vara de Registros Públicos de São Paulo

Cautelar inominada. Arrolamento – partilha. Matrícula – bloqueio. Título falso – nulidade. Falsidade documental.

EMENTA NÃO OFICIAL. Título notarial falso – cancelamento do registro pretendido. A circunstância, atestada pelo tabelião, de não constar do livro de notas a escritura inquinada não elimina a existência material daquele título, embora a falsidade, se comprovada, o faça nulo. Nulo é o título e não o ato de registro, o que exclui a aplicação do artigo 214 da Lei nº 6.015/73.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 4.11.2011 – DJe: 10.11.2011 – Processo: 0049808-82.2011.8.26.0100, São Paulo. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. Legislação: Lei 6.015/73. + Ver íntegra

Primeira Vara de Registros Públicos de São Paulo

Penhora. Estado civil – averbação – continuidade. Título judicial – qualificação.

EMENTA NÃO OFICIAL. 1 – Os títulos judiciais submetem-se à qualificação registral. 2 – Penhora – executado que figura no fólio como divorciado e na matrícula solteiro. Exige-se a prévia averbação do casamento, divórcio e do formal de partilha em atenção ao princípio da continuidade.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 24.10.11 – DJe: 9.11.11 –  Processo: 0043584-31.2011.8.26.0100, São Paulo. Cartório: 18º Registro de Imóveis da Capital. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. + Ver íntegra

Registro – cancelamento. Mandado judicial. Título – qualificação registral.

EMENTA NÃO OFICIAL. Os títulos judiciais submetem-se à qualificação registral. Ordem judicial de cancelamento de registro. Sem a certidão de trânsito em julgado, inviável a prática do ato.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 24.10.11 – DJe: 9.11.11 – Processo: 0041649-53.2011.8.26.0100, São Paulo. Cartório: 18º Registro de Imóveis da Capital. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. Legislação: Lei 6.015/73. + Ver íntegra

Registro civil de pessoas jurídicas. Sociedade – dissolução. Retirada de sócio. Título judicial – qualificação registral.

EMENTA NÃO OFICIAL. 1 – Os títulos judiciais submetem-se à qualificação registral, devendo, contudo, se restringir ao exame dos elementos extrínsecos do título judicial, sem promover incursão sobre o mérito da decisão que o embasa. 2 – Mandado judicial – averbação de retirada de sócio – exigência de apresentação de instrumento da alteração descabida. Averbação deferida.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 6.10.11 – DJe: 9.11.11 – Processo: 0032564-43.2011.8.26.0100, São Paulo. Cartório: 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. + Ver íntegra

Procedimento administrativo disciplinar. Protesto – intimação. Tabelião. Responsabilidade objetiva.

EMENTA NÃO OFICIAL. A responsabilidade do tabelião por falha de seu preposto é do tipo objetiva.

Processo 1ª VRPSP – Decisão: 25.10.11 – Decisão: 9.11.11 – Processo: 0027752-89.2010.8.26.0100 (100.10.027752-6), São Paulo. Cartório: 6º Tabelião de Protesto de Letras e Títulos desta Capital. Juiz: Gustavo Henrique Bretas Marzagão. Legislação: Lei 8.935/94. + Ver íntegra

Conselho Superior da Magistratura de São Paulo

Dúvida – recurso – embargos infringentes de declaração.

REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada procedente – Embargos de Declaração – Decisão que não se ressente de contradição, obscuridade ou omissão – Finalidade infringente – Rejeição.

Acórdão CSMSP – Decisão: 11.8.11 – Dje: 9.11.11 – Processo: 0509390.88.2010.8.26.0000/50000 (990.10.509.390-6), São Paulo. Juiz: Maurício Vidigal. Legislação: Lei 6.015/73. + Ver íntegra

Cerca de 170 profissionais do setor participaram do evento, aberto pelo presidente da Abecip, Luiz Antonio França, segundo quem, nos anos 2010 e 2011, o mercado brasileiro mudou de patamar, tornando urgente determinadas reformulações que agilizem e reduzam os custos das operações de crédito imobiliário, fazendo com que um número crescente de pessoas tenham acesso à casa própria.

O presidente eleito do Secovi, Cláudio Bernardes, reforçou o alerta, lembrando que as projeções para os próximos anos indicam que será necessário construir 1,9 milhão de moradias nos próximos anos para atender à demanda. “Se não encontrarmos soluções rápidas para problemas como a falta de agilidade nos processos de aprovação de empreendimentos, não teremos condições de atender às necessidades de novos domicílios no País”, avisou.

Flauzilino Araújo dos Santos, 1º Oficial de Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo e Presidente da ARISP – Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo, foi um dos palestrantes do evento. “Automação do relacionamento com os cartórios de Registros de Imóveis e padronização de contratos” foi o tema abordado por ele durante o Seminário.

A posição do Registro de Imóveis na estrutura jurídica nacional, a dupla natureza do Registro de Imóveis: pública e privada, questões essenciais do mercado imobiliário garantidas pelo Registro de Imóveis e a padronização de contratos de financiamento imobiliário foram alguns dos tópicos discutidos durante a exposição de Flauzilino Araújo dos Santos.

O evento que abordou temas fundamentais para o desenvolvimento sustentável do crédito imobiliário contou, ainda, com a participação de Maurício Molan, economista-chefe do Santander, André Loes, economista-chefe do HSBC, Nicholas Reade, CEO da Brookfield, José Roberto Machado, diretor de Crédito Imobiliário do Banco Santander, Osmar Roncolato, diretor do Bradesco, Giovanni Viotti, diretor Executivo de Relações Institucionais da Cetip, Teotônio Costa Rezende, diretor Executivo de Habitação da Caixa Econômica Federal, Fernando Brasileiro, presidente da Cibrasec, Demosthenes Madureira de Pinho Neto, head da Itau Asset Management e Júlio Cesar Paranatinga Carneiro, chefe-adjunto do Departamento de Normas do Sistema Financeiro no Banco Central.

O 2º Seminário Abecip teve o patrocínio de instituições como Bradesco, Caixa Econômica Federal, Cetip, Itaú, Santander, Brookfield Incorporações, Brazilian Securities, Companhia Hipotecária Brasileira e Habitasec. Teve ainda o apoio de Anbima, CBIC, Fiabci/Brasil, Secovi-SP e e-Construmarket.

Veja abaixo fotos do evento.

“Existem municípios do Interior do Estado que, se você chegar no cartório de registro de imóveis respectivo, só encontrará cinco mil matrículas, quando na verdade a região tem cerca de 40 mil imóveis”, cita o corregedor auxiliar para o Serviço Extrajudicial do Tribunal de Justiça de Pernambuco, juiz Sérgio Paulo Ribeiro. Segundo ele, hoje já há ruas abertas, com postes, fiação de luz e internet, bairros inteiros cujos imóveis estão na informalidade, consolidando uma situação que já se tornou irreversível pela natureza das edificações existentes e pelo tempo de ocupação da área.

“Esse problema da irregularização não é só na capital, embora no Recife também seja um problema latente. Só para se ter ideia, na minha circunscrição, temos cerca de 12 mil matrículas. Fazendo um cálculo estimativo, a capital tem um milhão e meio de habitantes. Se eu pego um quarto do Recife, eu tenho cerca de 400 mil moradores. Se eu coloco quatro pessoas por casa, eu estimo que haja de 100 mil a 200 mil imóveis só aqui na minha circunscrição. Ou seja, eu tenho de 5% a 10% de imóveis registrados. E eu atribuo essa situação a quê? A uma ocupação irregular e ao modo informal como as pessoas adquirem esses bens. Infelizmente, o brasileiro não tem a cultura de regularizar o seu bem. Vai deixando para depois, até o dia em que ele precisa, e quer resolver tudo de última hora, como, por exemplo, quando necessita obter uma linha de crédito para reformar a casa ou vendê-la para um comprador que vai financiar a aquisição daquele bem”, afirma o 3º Oficial de Registro de Imóveis do Recife, Valdecy Gusmão.

Outro grande problema dos imóveis no Interior do Estado, além do desconhecimento da necessidade jurídica por boa parte da população, é que os cartórios de registro de imóveis dessas cidades são pequenos, não são informatizados e muitos registradores ainda trabalham sob uma visão burocrática, parecendo, muitas vezes, dificultar o processo de legalização do bem. Para o Gerente de Incorporação da Queiroz Galvão Desenvolvimento Imobiliário (QGDI – regional Pernambuco), Luiz Pimentel, investir em municípios interioranos ainda não se tornou interessante porque há uma dificuldade muito grande de encontrar terrenos próprios.

“Sem dúvidas, são necessários cartórios mais modernizados e o aumento do relacionamento entre as partes interessadas. Quando uma empresa consegue legalizar sua obra mais rapidamente, o cartório também terá um retorno mais rápido, já que os novos moradores dos empreendimentos lançados também precisarão regularizar o bem adquirido”, alerta Pimentel.

Fonte: Folha de Pernambuco

Ministrado pelo juiz auxiliar da Presidência do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Antônio Carlos Alves Braga Junior e pelo e o diretor do Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos da Escola Politécnica da USP (LSI-TEC), Volnys Bernal, o encerramento tratou sobre “Repositórios Eletrônicos”.

Proposições

O Desembargador do TJ/SP Ricardo Dip realizou a abertura do encontro, ressaltou a importância dos debates sobre temas pertinentes também à classe acadêmica e elogiou os resultados. Segundo ele, o Café com Jurisprudência é a menina dos olhos em matéria de metodologia. “Quero registrar meu apreço pelo Café com Jurisprudência e por aqueles que comparecem aqui”, declarou.

No início de sua explanação, Antônio Carlos Alves Braga Júnior aclarou que o laboratório LSI-TEC – representado naquela ocasião por Volnys Bernal – foi contratado pelo CNJ, em 2010, para desenvolver o modelo do registro digital e seus documentos eletrônicos. Informou também que paralelo aos trabalhos do laboratório, existe a Comissão Especial para Gestão Documental, que visa desenvolver normas para a gestão documental dos cartórios.

Braga explicou que a substituição do documento físico pelo documento digitalizado é “um dos temas que mais incomoda e aflige os agentes envolvidos”, porém é a representação do futuro, e, portanto, é necessário discutir sobre o tema a fim de que as classes notarial e registral não deixem de prestar o serviço útil à sociedade.

Sobre a confiabilidade dos repositórios digitais, o expoente garantiu que se dará com o reconhecimento de validade feito pelos próprios usuários, tanto os que publicarão seus documentos, como os que consultarão aquele material.

Além disso, falou sobre duas siglas fundamentais que baseiam conceitos para avalizar a funcionalidade dos repositórios: OA de Open Access e OAI de Open Archives Initiative. A primeira propõe acesso livre como traço característico dos repositórios, ou seja, devem ser acessíveis ainda que não sejam gratuitos. A segunda sugere a ideia de se admitir formatos diversos tanto quanto possíveis, que torne o repositório mais universal possível.

De acordo com o juiz, as vantagens do uso de repositórios digitais são grandes, entre elas a instantaneidade, a interatividade oferecida pelo meio que permite autonomia do autor, e a simultaneidade, que possibilita que o documento fique disponível ao usuário assim que concluído, sem que seja preciso aguardar uma periodicidade na atualização do acervo.

Quando questionado sobre prováveis pontos negativos, Braga destacou a dificuldade de controle da observância de normas acadêmicas, uma vez que deve se tratar de autosserviço.

O diretor do LSI-TEC, Volnys Bernal, comentou que a fase de transição dos documentos físicos para os meios eletrônicos, bem como o processo de armazenamento, geram dúvidas e que os cartórios estão buscando cumprir seu papel de preservação e arquivamentos dos documentos, com exemplos consolidados como o ofício eletrônico, promovido pela Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo (Arisp).

Bernal reforçou a ideia de que os repositórios eletrônicos sejam um “repositório distribuído” com o objetivo de que a solicitação do usuário seja direcionada para a serventia correta, sem perda de tempo.

Impressões

O desembargador Luís Paulo Aliende Ribeiro agradeceu a presença de todos e comemorou o sucesso do Café com Jurisprudência que, para ele, atingiu o objetivo de levar informações e esclarecimentos aos participantes, sobretudo àqueles que não estavam envolvidos com os temas tratados. “Este último encontro fechou o terceiro módulo com um panorama novo que se vislumbra e que, como foi dito pelos palestrantes, altera a forma de pensar o trabalho dos registradores e dos notários no que se refere à organização dos acervos”, resumiu.

Já o juiz auxiliar do CNJ afirmou que a atividade dos notários e registradores é “essencial à escrituração da sociedade e do Estado” e que todo o trabalho de modernização e gestão documental visa à melhoria dos serviços prestados por essas categorias e que, caso não assumam seu papel de vanguarda, serão preteridas por outras entidades, como as instituições bancárias. Segundo Braga, o objetivo é “chegar um dia no registro totalmente eletrônico, livro eletrônico, certificação digital, integração das bases com o Judiciário, com a Receita Federal e com qualquer órgão com o qual o registro tem que trocar informações“.

“Todo esse trabalho do CNJ tem um objetivo: reforçar a relevância da atividade notarial e registral. Resgatar isso é algo que não é bem compreendido e nem bem prestado com a relevância que deve ter nacionalmente, como mostram as falhas que nós temos no Pará”, declarou Braga. “Nós acreditamos neste modelo de prestação do serviço, nesse formato delegado, e na relevância das atividades de notas e de registros. Se essa relevância não for alcançada, ela será substituída por outra coisa”, finalizou.

“Estamos estabelecendo e definindo os formatos. Cada cartório tem a sua base e os seus registros eletrônicos assinados. Como as informações estão distribuídas em vários locais, para o usuário do serviço é interessante ter um ponto de contato único”, explicou Bernal.

Conclusão

Com o término da 3ª edição do Café com Jurisprudência, a juíza Tânia Mara Ahualli convidou os participantes a sugerirem temas para o próximo módulo, que já está em fase de estudo pela equipe organizadora.

Veja abaixo fotos do evento.

Essas parcelas salariais resultaram de ação ajuizada por um auxiliar de cartório admitido em agosto de 1971 por meio de contrato de locação de serviços. Promovido em maio de 1984 a escrevente, foi demitido imotivadamente em dezembro de 2002. Embora à época da admissão já vigorasse a CLT, cujo artigo 1º estabelece as normas reguladoras das relações individuais e coletivas de trabalho, o Cartório entendeu que a relação era estatutária, e não assinou a carteira de trabalho do auxiliar nem lhe concedeu a opção pelo FGTS.

Com o advento, em novembro de 1994, da Lei nº 8935/94 (Lei dos Cartórios), que prevê, no artigo 48 e parágrafos, a possibilidade de os funcionários optarem pelo regime celetista, o escrevente fez a opção. Embora o parágrafo 1º do mesmo artigo diga que os efeitos da opção são retroativos, o cartório não efetuou a anotação da mudança na carteira de trabalho do empregado.

Na reclamação trabalhista, o escrevente requereu o reconhecimento do regime jurídico havido entre as partes, considerando-se o efeito legal retroativo à opção para todo o período contratual, com a retificação da admissão na carteira de trabalho e indenização e estabilidade decenal fixadas pelas CLT. A 18ª Vara do Trabalho de São Paulo reconheceu a existência de vínculo empregatício desde outubro de 1971 e condenou o cartório ao pagamento do FGTS sobre salários, acrescido da multa de 40%. O TRT da 2ª Região manteve a sentença com base na jurisprudência do TST, que considera haver sucessão na troca da titularidade da serventia.

No julgamento do recurso de revista pela Primeira Turma, o relator, ministro Vieira de Mello Filho, afirmou que a decisão do Regional se mostrou correta. O ministro observou que, segundo os artigos 10 e 448 da CLT, o tabelião sucessor é responsável pelos créditos trabalhistas relativos tanto aos contratos vigentes quanto aos já extintos.

Processo: RR-267500-64.2003.5.02.0018

Fonte: TST

A ação de usucapião extraordinária foi ajuizada perante a Vara Única da Comarca de Taipu/RN. O autor alegava ter adquirido o imóvel de uma pessoa que, por sua vez, comprara de outra, em 1977. Sustentou que desde então detém a posse do imóvel “de forma mansa e pacífica, como se dono fosse”.

Ao prestar informações, o cartório do registro de imóveis afirmou não existir registro do terreno. A União e o município não manifestaram interesse na ação, mas o procurador estadual requereu a rejeição do pedido de usucapião, afirmando tratar-se de terra devoluta.

Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, para reconhecer o pedido de usucapião. O estado apelou, mas o TJ/RN negou provimento. Segundo entendeu, em se tratando de ação de usucapião, aquele que possui como seu um imóvel, por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, adquire a propriedade, independentemente de título e boa-fé.

Para o tribunal estadual, a ausência de transcrição no ofício imobiliário não induz a presunção de que o imóvel se inclui no rol das terras devolutas, cabendo ao estado a prova dessa alegação.

No recurso para o STJ, o estado alegou ofensa ao artigo 333, inciso I, do CPC, afirmando que caberia ao autor da ação a prova do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, especialmente o fato de se tratar de imóvel de propriedade particular.

Segundo afirmou, se o imóvel não estava vinculado a nenhuma titularidade, cumpria ao tribunal estadual reconhecer que se tratava de terra devoluta, de propriedade do estado. Em parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso especial.

Tese superada

A Quarta Turma concordou, negando provimento ao recurso. O relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, disse que a tese defendida pelo Rio Grande do Norte está superada desde muito tempo, e que a jurisprudência do STJ, com apoio em entendimento do STF, firmou-se no sentido de que não existe em favor do estado presunção acerca da titularidade de bens imóveis destituídos de registro.

Luis Felipe Salomão citou vários precedentes na mesma direção, entre eles o RE 674.558, de sua relatoria, no qual ficou consignado que, “não havendo registro de propriedade do imóvel, inexiste em favor do estado presunção iuris tantum de que sejam terras devolutas, cabendo a este provar a titularidade pública do bem. Caso contrário, o terreno pode ser usucapido”.

Citando o jurista Pontes de Miranda, o ministro lembrou que a palavra “devolutas”, acompanhando “terras”, refere-se justamente a esse fato: “O que não foi devolvido [ao estado] não é devoluto. Pertence a particular, ou ao estado, ou a ninguém.”

Ele observou ainda que o estado, como qualquer outra pessoa, física ou jurídica, pode tomar posse das terras que não pertencem a ninguém e sobre as quais ninguém tem poder. “A inexistência de registro imobiliário do bem objeto de ação de usucapião não induz presunção de que o imóvel seja público (terras devolutas), cabendo ao estado provar a titularidade do terreno como óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva”, concluiu o ministro.

Fonte: STJ