1 – Presentación

En primer lugar, quiero expresar mi felicitación a los promotores de esta nueva iniciativa, la Cambra de Comerç Catalunya Brasil, dirigida a fomentar las relaciones entre Cataluña y Brasil, especialmente las relaciones económicas  entre ambos países, y que se suma a otras iniciativas existentes en el ámbito territorial español, dirigidas a promover los vínculos comerciales y financieros entre ambos países, tales como la Cámara de Comercio Brasil-España,  las Confederaciones Empresariales, la Cámaras de Comercio, las empresas españolas con inversiones en Brasil, la Fundación Cultural Hispano – Brasileña, la Universidad Complutense, la Universidad de Salamanca, diversas universidades catalanas, y la Fundación Ortega y Gasset, por no recordar al Banco do Brasil y la “Casa do Brasil”, colaboradores desde siempre en la promoción de los intereses brasileños en España, como recordaba en una reciente intervención el Embajador de Brasil en España. Merece también una mención especial, en este ámbito de actuación, el papel que ha desarrollado y desarrolla la Cambra de Comerç de  Barcelona.

En segundo lugar, quiero agradecer a los promotores haberme concedido el honor de pronunciar la conferencia inaugural de las actividades de la Fundación, lo que hago con sumo gusto, dada la personalidad de los fundadores, de un lado, y dada mi especial admiración por ese gran país llamado Brasil, de otro,  el cual ya está emergiendo como una de los principales actores de la escena económica y política mundial.

En 2010, Brasil se situó como la séptima economía mundial, desplazando a Italia y, según su ex-presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva, “Brasil se convertirá entre el 2016 y el 2020, como muy tarde, en la quinta economía del mundo, (desplazando a Francia), sólo por detrás de EEUU, China, Japón y Alemania”, previsión confirmada, a su vez, por los principales organismos internacionales.

Mientras en Europa estamos viviendo la mayor crisis desde la II Guerra Mundial, crisis derivada de nuestra vulnerabilidad ante los aspectos negativos de la globalización económica y de nuestra incapacidad relativa para aprovechar todo su inmenso potencial, debido, sobre todo, a nuestra alarmante debilidad institucional, Brasil está apareciendo a los ojos del mundo como uno de los grandes ganadores de la crisis globalizadora, es decir, del actual proceso de transformación económica y política propiciado por la globalización, ese imparable y maravilloso proceso posibilitado por el desarrollo tecnológico, una de las más formidables herramientas para conseguir que la interacción humana  sea un juego de suma positiva.

Brasil se ha convertido en un auténtico portaaviones de estabilidad política y de crecimiento económico en el corazón de América Latina, en un ejemplo admirable de cómo se pueden llevar, desde una óptica de izquierdas, políticas sociales avanzadas sin vulnerar la ortodoxia económica, o, mejor dicho, de cómo la única manera de llevar a cabo políticas sociales sostenibles es respetando la ortodoxia económica, su principio esencial, que se puede resumir en una sola frase: nada es gratis. Al propio tiempo, esta  es la única vía de consecución de la estabilidad política.

Desde el punto de vista geopolítico, su proyección y peso internacionales, han crecido considerablemente, y se han fortalecido durante la crisis, como lo demuestra su activo papel en el G.20 y el liderazgo regional que no ha hecho más que crecer.

Los temores suscitados hace algo más de ocho años en el sentido de que Brasil podría adentrase en políticas sociales alejadas de la disciplina monetaria y fiscal y de la ortodoxia económica se han demostrado carentes de fundamento. Tan sólo unos meses después de la elección de Lula como Presidente, la realidad vino a desmentir tales temores.

El nuevo Presidente comprendió que era necesario tranquilizar lo antes posible a los inversores y a los mercados financieros, para lo cual aseguró la continuidad de la política económica de su antecesor, Fernando Henrique Cardoso, basada en las recomendaciones de los organismos internacionales. Se planteaba así desde el principio, el gran reto de la nueva Presidencia: hacer compatibles los programas sociales y las medidas distributivas a favor de los más pobres, con el mantenimiento de una política capaz de salvaguardar los equilibrios económicos y de seguir atrayendo un flujo de inversiones.

Así, por un lado, comenzaron a acometerse grandes programas sociales, como el impulso de la titulación de las favelas y de la  regularización fundiaria en general, o el programa Bolsa Familia, considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo, y, por otro, el Gobierno se comprometió a fondo con la disciplina fiscal, cumpliendo las obligaciones asumidas con el FMI por el anterior presidente, y manteniendo su compromiso, después de concluido el acuerdo con el mismo. Actualmente, la disciplina fiscal ya no es objeto de discusión entre los economistas brasileños, sino que forma parte del consenso político básico.

El éxito de lo que podemos denominar el modelo brasileño contrasta poderosamente con los lamentables resultados de las derivas populistas de algunos de los países que le rodean, los cuales se han adentrado en las sendas del empobrecimiento y, por consiguiente, de la inestabilidad política.

Por todo ello, Brasil constituye por sí mismo un excelente mercado para las empresas españolas y, al propio tiempo, una plataforma inmejorable para adentrarse en América Latina, al tiempo que España constituye una excelente plataforma para las empresas brasileñas que deseen adentrarse en Europa.

La nueva Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, en su toma de posesión –uno de enero de 2010-  expresó sus deseos y animó en la reunión que mantuvo con el Príncipe de Asturias –el primero en mantener una reunión con la nueva mandataria-, a las empresas españolas a incrementar su presencia e inversiones en la economía brasileña. Pero, además, mostró su interés en que esta relación sea un camino de ida y vuelta, con un incremento de la presencia de las empresas brasileñas en España, las cuales pueden utilizar estratégicamente nuestro país como plataforma de penetración en Europa.

También se refirió al buen momento que ofrece su país por dos importantes acontecimientos como son el  Campeonato Mundial de Fútbol (2014) y los Juegos Olímpicos (2016), donde indudablemente las compañías españolas tienen excelentes oportunidades.

2 – Las relaciones económicas España-Brasil

Fue el navegante español Vicente Yáñez Pinzón, que acompañó a Cristóbal Colón en su primer viaje a América en 1492, quien descubrió Brasil para los europeos, ocho años más tarde, en 1500, si bien, después de  conocer la desembocadura del  río Amazonas, siguió su camino.  Estas tierras fueron conquistadas finalmente por el portugués Pedro Alvares Cabral, a quien los historiadores brasileños atribuyen, también, el descubrimiento de Brasil con anterioridad a Vicente Yáñez Pinzón.  Sea como fuere, lo cierto es que desde entonces, España y Brasil han seguido su propio camino, cada uno por su lado, y ello a pesar de la centenaria presencia española en el gran país amazónico, hasta el punto de que, hace apenas 20 años, las relaciones económicas entre España y Brasil eran las propias de dos países que vivían dándose la espalda recíprocamente.

A pesar de haber firmado un Tratado de Amistad y Cooperación en los años ochenta, y por increíble que pueda parecernos hoy, la primera visita oficial de un Presidente de Gobierno español a Brasil data de 1979, 157 años después de la independencia. Y, hasta hace pocos años España carecía de Oficina Comercial en Sao Paulo. Dos acontecimientos, sin embargo, cambiaron radicalmente esta situación, según coinciden en señalar las comunidades empresariales brasileña y española.

Por un lado, la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización de Brasil en 1995 que pasó a incluir en el proceso de privatizaciones a sectores clave como son los de Telecomunicaciones y Electricidad y dio comienzo al proceso de privatización de las compañías estatales, entre ellas varios bancos. Este hecho suscitó el interés de las grandes empresas españolas, dando inicio y marcando la pauta del aumento espectacular de la inversión española en Brasil.

Por otro, la celebración en 1996 de la mayor exposición industrial de España en el exterior, la Expotecnia, con asistencia de más de 400 empresarios españoles de diversos sectores industriales y tecnológicos.  Fue presentada por S.A.R el Príncipe D. Felipe de Borbón y batió los registros de inversión del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) para un certamen de esas características.

Dos años después, en 1998 España fue el primer inversor extranjero , con un 22 por 100 del total y en 2000, año en que España alcanzó su cifra récord, con el impresionante volumen de 9.592,86 millones de dólares, 28,78 por 100 del total de la inversión extranjera directa en Brasil durante ese año . Tras una fuerte reducción generalizada en el flujo de inversión extranjera en Brasil en el año 2002, fruto de la incertidumbre generada por la inestabilidad política que sufrió el país, el volumen de inversión española ha ido recuperándose, situándose, según los años, entre el primer y tercer mayor inversor extranjero en Brasil.

Como  he mencionado anteriormente, este despegue de la inversión española en Brasil vino de la mano de la ampliación del Plan Nacional de Desestatalización, que atrajo el interés de las grandes empresas españolas, como Telefónica, Endesa, Iberdrola o el BSCH, y que explica que el grueso de la inversión española hasta ahora se haya concentrado en el sector servicios y, dentro de él, en los sectores de telecomunicaciones, la energía y la banca.

Si bien puede hablarse de una tradición centenaria de nuestra presencia en Brasil, debe afirmarse que la actual imagen de marca de España, empresarialmente hablando, se construyó sobre el reconocimiento de los resultados benéficos que para la sociedad brasileña tuvo el gran esfuerzo inversor español y, sobre todo, la mejora de consideración del propio público brasileño respecto de muchas de esas grandes compañías brasileñas que habían acogido inversión española pero que no por ello habían dejado de estar comprometidas con el futuro de Brasil, como cualesquiera otras.

Un proceso de privatización que afectaba a compañías de telefonía, de energía, o a la banca pública, por poner unos ejemplos, no fue un proceso fácil en cuanto a impacto de imagen, como se puede comprender fácilmente.

Pasados ya suficiente años, lo que se puede verificar es  que el trabajo constante de esas empresas privatizadas ha rendido sus frutos y que estas primeras inversiones han ido ejerciendo un efecto tractor, sobre otros sectores y otras empresas, de manera que, en la actualidad, la presencia inversora española alcanza sectores tan heterogéneos como son los de componentes de automoción, ingeniería y construcción civil, azulejos y revestimientos cerámicos, saneamiento ambiental, servicios de seguridad, petroquímica, seguros, máquina herramienta y ferrocarriles, entre otros. Todo lo cual ha configurado la imagen de España en el mercado brasileño en términos  de respeto, seriedad y solvencia empresarial.

España es, pues, una gran potencia inversora en Brasil por el destacado papel que ha jugado en su proceso privatizador, y el efecto arrastre derivado del mismo, que las empresas españolas han sabido aprovechar, pero sus  relaciones comerciales están muy lejos de ese nivel de relevancia. Aunque los volúmenes de exportación española resultan modestos en comparación con nuestra presencia inversora en Brasil, lo cierto es que las relaciones comerciales también son significativas y la evolución muy positiva, tanto en términos absolutos como relativos, lo que sitúa a las empresas españolas en una excelente posición para obtener el máximo provecho de una necesaria mayor apertura del mercado brasileño.

Esta creciente actividad empresarial se ha ido completando con un fuerte incremento de los acuerdos institucionales que han tejido una sólida relación, siendo buena prueba de ello la firma del Tratado de Asociación Estratégica Brasil-España (2003), que persigue fortalecer el diálogo político bilateral e intensificar las relaciones económics y comerciales entre ambos países. Dentro de este  Plan se han creado dos grupos de trabajo bilaterales, uno de Comercio e Inversiones, para ir eliminando progresivamente las barreras que todavía persisten y que dificultan una mayor presencia inversora y comercial de ambas partes, y otro de Infraestructura de Transporte, que se ha convertido en un interesante foro de intercambio de experiencias, del que surgen oportunidades de colaboración.

Posteriormente, desde el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio español , en colaboración con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) se lanzó el Plan Integral de Desarrollo de Mercado para Brasil, en 2005,que pretende incrementar y optimizar las inversiones españolas, impulsando a su vez la internacionalización de las empresas en un mercado de tanto importancia económica y comercial.

Brasil, como miembro del MERCOSUR, comenzó a negociar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 1999. Tras estancarse las negociaciones en 2004, se volvieron a reanudar a partir de mayo de 2010. El objetivo es concluir las negociaciones en 2011.

Paralelamente a la negociación con MERCOSUR, la UE y Brasil desarrollan un proceso de Asociación Estratégica que se implementa mediante un Plan de Acción, aprobado en diciembre de 2008.

Este marco de buenos fundamentos económicos e institucionales, está haciendo que fructifiquen ampliamente la llegada de empresas españolas de todos los tamaños a Brasil, dadas las innumerables oportunidades que abarcan diferentes sectores como turismo, ingeniería, editorial, logística, concesiones viales, energía, banca, seguros, telecomunicaciones, que a su vez abren oportunidades para empresas multinacionales que eligen España como plataforma de entrada en Brasil y América Latina.

Hoy Brasil representa cerca del 40% del PIB de América Latina. En términos de inversión de stock, España es el tercer inversor mundial en el país con 35.352 millones de dólares. Es el primer destino de nuestras exportaciones a la Latinoamérica, concentrando el 33 por ciento de toda la inversión española en esa área.

Todos estos datos, así como el hecho de ser el país menos afectado por la crisis, sus buenos fundamentos económicos, su estabilidad política, su creciente liderazgo regional y su incipiente aparición en escena como uno de los grandes actores políticos en el nuevo escenario globalizado, junto con China, Rusia y la India, lo convierten en un lugar ideal para invertir y en la  plataforma ideal para expandirse por América Latina.

3 – El programa de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC)

Los programas de parcerías público-privadas (PPP) y el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC) configuran, conjuntamente, excelentes oportunidades de inversión para las empresas españolas en Brasil. Me referiré a cada uno de ellos separadamente.

3.1 – Las parcerías público-privadas

Las parcerías público-privadas  – más conocidas por sus siglas en inglés Public-Private Partnership-  tienen precedentes en el Reino Unido, Portugal, Paises Bajos, Francia y, hasta cierto punto, también España, país en el que se han desarrollado históricamente diferentes modalidades de gestión indirecta de los servicios públicos.

El déficit de infraestructuras básicas continúa siendo un cuello de botella para el crecimiento equilibrado de la economía brasileña, lo que, a su vez, constituye una importante oportunidad de negocio para las empresas españolas. El desarrollo de las mismas requiere ingentes recursos presupuestarios, lo que es incompatible, entre otras cosas, con el firme compromiso de disciplina fiscal del gobierno brasileño, disciplina fiscal que constituye, como he expuesto, un consenso básico entre los economistas y políticos brasileños.

Con el fin de conseguir ambos objetivos, el gobierno federal de Brasil lanzó el Programa de Parcerías Público-Privadas, con el que pretende atraer el mayor volumen de inversión privada en el área de infraestructuras.

Existe una Ley Federal que las regula –Ley 11079, de 30 de diciembre de 2004-  y los principales estados han desarrollado sus propias leyes, especialmente los de la región del sudeste y del sur, las cuales aglutinan el 76% del PIB brasileño.

La Parcería Público Privada se define como un acuerdo entre la administración pública (federal, estatal o municipal) y un agente privado, bajo la forma de concesión de servicio público, autorización, ejecución de obra pública o arrendamiento, cuyo objeto sea proyectos de difícil o imposible viabilidad bajo los regímenes tradicionales. Así, no habrá Parcería Público Privada cuando el inversor privado pueda obtener su rentabilidad directamente del proyecto, por medio de precios o tarifas, o cuando la Administración se disponga a financiar íntegramente el proyecto en un proceso de licitación.

La Parcería Público Privada presupone el pago de una remuneración, única o complementaria, por parte de la Administración Pública al agente privado, por un periodo de hasta 35 años. Esta remuneración podrá incluso estar vinculada no sólo a la disponibilidad del bien o servicio contratado, sino al cumplimiento de obligaciones de resultado –por ejemplo, en sanidad, la gestión de un hospital, y no sólo su construcción o equipamiento-.

Existen diferentes modelos de parcerías, en los cuales no podemos detenernos, pero sí parece oportuno hacer una referencia a los criterios para la inclusión de un proyecto en el programa de parcerías público-privadas, así como al elemento caracterizador de tal forma de colaboración entre los sectores público y privado, en relación a otras formas más clásicas de colaboración, tal como la concesión administrativa en sus diferentes modalidades.

En relación al primer punto, las directrices que deben seguirse para la inclusión de proyectos en el programa de PPPs son las siguientes:

(i) Eficiencia en el cumplimiento de las misiones de la Administración actuante y en el empleo de los recursos de la sociedad;

(ii) Respeto a los intereses y derechos de los destinatarios de los servicios y de los entes privados a quienes incumba su ejecución;

(iii) Indelegabilidad de las funciones de regulación, jurisdiccional y de ejercicio del poder de policía;

(iv) Responsabilidad fiscal en la celebración y ejecución de las parcerias;

(v) Transparencia en el procedimiento y en las decisiones;

(vi) Reparto de los riesgos de acuerdo con la capacidad de los partícipes para gestionarlos; y

(vii) Sustentabilidad financiera y ventajas socioeconómicas del proyecto en parceria.

De entre las citadas directrices, cobra especial relevancia el reparto de riesgos . De hecho, la PPP se encuentra en un punto intermedio precisamente por la flexibilidad que ofrece para distribuir los riesgos.

Frente a esquemas en que la totalidad o la mayoría de los riesgos permanecen en la Administración (contrato de obra pública) y frente a los esquemas inversos, en que la totalidad o la mayoría de los riesgos son traspasados al sector privado (privatizaciones, project finance, concesiones administrativas), cada PPP debe buscar el nivel óptimo de distribución de riesgos que, por supuesto, no debe ser el mismo ni para cada sector ni, dentro de cada sector, para cada proyecto.

Este aspecto es de fundamental importancia para la atracción de inversiones privadas. En una concesión tradicional, cabe que el riesgo de crédito del inversor acabe diluído en una masa de usuarios; sin embargo, en la Parcería Público Privada el riesgo de crédito está típicamente concentrado en el poder público. La regulación del modelo ha aportado notables avances en este campo, previendo la vinculación de los ingresos y la institución de fondos especiales de garantía, dotados con activos o recursos que ya son, en algunos casos, ciertamente relevantes.

La PPP no varía la naturaleza jurídica de los instrumentos ya existentes (concesión o autorización por lo general), pero les añadirá alguna característica peculiar . Así, mientras en un proyecto típico de concesión administrativa, el concesionario asumirá prácticamente todos los riesgos (y, particularmente, el riesgo de demanda o riesgo comprador), en un proyecto PPP algunos de los riesgos (incluido el riesgo comprador) serán asumidos, total o parcialmente, por la Administración actuante (en el caso del riesgo comprador, mediante la complementación de la remuneración tarifaria o, en su caso, la asunción de la totalidad de la remuneración del contratado). Así, el ámbito natural de las PPPs serán aquellas obras o servicios públicos que no sean capaces de generar per se recursos suficientes para garantizar un adecuado retorno a la inversión del empresario privado. De este modo, por esta vía, se han desarrollado proyectos tan diversos como la construcción de prisiones, hospitales, redes eléctricas, autopistas o explotaciones ferroviarias.

El sector de las infraestructuras y transportes es un destino natural de los programas de Parcería Público Privada. Existen muchas oportunidades para el sector privado en la financiación, construcción, operación y mantenimiento de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y líneas de metro, además de sus servicios auxiliares.

En el caso de Brasil, los programas de Parcería Público Privada tienen como una de sus prioridades estimular el desarrollo de corredores multimodales de transportes, permitiendo un aprovechamiento más eficaz de las hidrovías –muy importantes en Brasil-, los ferrocarriles, la red viaria por carretera y los puertos. Es común señalar esos puntos como críticos en el desarrollo de las exportaciones brasileñas, que han batido todos sus registros históricos en los últimos años, pese a las deficiencias infraestructurales a las que se enfrentaban.

3.2 – Plan de aceleración del crecimiento

Sin lugar a dudas, el programa más destacado del Gobierno brasileño, por sus ambiciosos objetivos, es el Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC), con la finalidad de acercarse a las tasas de crecimiento de las otras potencias emergentes (China, India, Rusia), lo que exige un impulso muy vigoroso de la inversión, especialmente, en infraestructuras de todo tipo, pero sin el recurso a la emisión de deuda,  pues, como he repetido, la disciplina fiscal es uno de los consensos básicos de la política brasileña, por lo que, para la ejecución de los ambiciosos proyectos de desarrollo de infraestructuras que integran el Plan, el Programa de Parcerías Público –Privadas es un instrumento especialmente adecuado.

El PAC significa el retorno del papel del Estado en la planificación estratégica y en la definición de prioridades en la agenda del crecimiento en los próximos años. Este no es el primer plan estratégico brasileño, pues el país cuenta con una tradición histórica en la materia como lo atestiguan los sucesivos planes implementados desde 1947 hasta el plan “Avanza Brasil” de 2000 del ex presidente Fernando Enrique Cardoso. Sin dudas, el más audaz fue el plan de 50 años en 5 del ex presidente Juscelino Kubitschek, que culmino con la construcción de Brasilia.

El PAC fue lanzado por el Presidente Lula, con un presupuesto para la primera fase (2007-2010)  de 200.000 millones de euros. ¿Cual es el origen de estos fondos? Las empresas estatales pagarían el 43 por ciento de estas inversiones (mayoritariamente Petrobrás), el sector privado (a través de asociaciones publico-privadas) financiaría otro 43 por ciento y el Estado a través del presupuesto de la Nación será responsable por el 14 por ciento restante. El plan, sin embargo, ha seguido un ritmo de ejecución más lento de lo previsto.

En esta fase, los proyectos de infraestructuras más significativos para las empresas extranjeras ascienden a 29.200 millones de euros y se distribuyen en los sectores de autopistas, ferrocarriles, puertos y electricidad, siendo el proyecto más emblemático, por su cuantía económica, (18.000 millones de euros) y significado estratégico, el tren de alta velocidad Galeo-Guarulhos-Viracopos, que unirá las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo; incluye la concesión de la explotación durante cuarenta años y deberá estar operativo para los Juegos Olímpicos de 2016.

Por otro lado, casi 65.000 millones de euros están destinados a infraestructura social y urbana, de los cuales el 60% está destinado a vivienda social, básicamente a través del Programa Minha Casa, Minha Vida, que pretende construir 1.000.000 de viviendas populares, pues el déficit habitacional supera los 8.000.000, donde las constructoras españolas y sus experiencias en viviendas de protección social pueden aportar sus amplias capacidades. También los arquitectos y otros profesionales, si bien, para ello, es preciso que Brasil flexibilice las barreras actualmente existentes en materia de servicios profesionales, una de las principales barreras actualmente existentes para incrementar la cooperación estratégica entre ambos paises.

En este campo, también cabe una amplia cooperación institucional, dada la amplia y exitosa experiencia española en materia de vivienda social. El pasado año, por encargo de la Secretaría de Estado de Vivienda y Políticas Urbanas, tuve ocasión de explicar a los principales ejecutivos de la Caixa Económica Federal, encabezados por su vicepresidente, la legislación española en materia de viviendas protegidas, así como la ingeniería jurídica del mercado hipotecario español. Ambas materias despertaron gran interés y están inspirando, en buena medida, la política que se está siguiendo al respecto. En esta materia, Cataluña cuenta con una experiencia especialmente exitosa, especialmente mediante la potenciación del arrendamiento y la propiedad superficiaria en estos ámbitos durante los últimos años.

Con sus luces y con sus sombras, la Primera fase del Programa de Aceleración del Crecimiento (2007-2010) merece un juicio positivo. Con las lecciones aprendidas, se lanzó el nuevo  PAC II, incluso antes de haber concluido la ejecución de una parte significativa del PAC I, debido, probablemente, a razones electorales.

Sin lugar a dudas, el nuevo PAC II 2010-2014, con 625.000 millones de euros, hará que esta vigorosa dinámica inversora amplifique aún más las posibilidades y presencia de las empresas españolas, las cuales deben ser aprovechadas intensamente, pues Brasil se ha convertido para España en un socio estratégico que se refuerza por las crecientes interrelaciones entre ambas economías.

Según datos oficiales, el índice de seguimiento del PAC2 muestra que, a mediados de 2011, el 56% de las acciones del plan se encontraban en construcción, un 30% en la fase de licencia o proyecto, y un 13% en la fase de licitación.

Asimismo, según el primer informe del Segundo Plan de Aceleración del Crecimiento (PAC2), inversiones públicas y privadas de 56 mil millones de dólares se hicieron en el primer semestre de 2011. Cerca de 6,5 mil millones de dólares provinieron directamente del presupuesto del Gobierno Federal.

El panorama descrito abre unas excelentes oportunidades de inversión para nuestras empresas en la economía brasileña.

4 – Inversión de empresas brasileñas en España

Del mismo modo, inversamente, España ofrece excelentes oportunidades de inversión para las empresas brasileñas.  Las intensas relaciones entre las economías española y portuguesa, la proximidad cultural, la buena imagen recíproca de ambos países, son importantes factores a tener en cuenta, pero, además, hay dos que presentan una especial relevancia. En primer lugar, España es un excelente portaaviones para las empresas brasileñas que deseen desembarcar en Europa, de lo que ya hay notables ejemplos. En segundo lugar, la crisis de la eurozona ofrece excelentes oportunidades de inversión en empresas españolas, cuyas cotizaciones se están viendo seriamente afectadas por la crisis que estamos atravesando y que, sin duda, superaremos. En este contexto, Cataluña ofrece importantes ventajas competitivas: su tejido empresarial, su situación geográfica y el hecho de que el Govern de la Generalitat esté llevando a cabo una seria política de austeridad, que augura una superación de la actual situación con anterioridad a otras zonas del territorio, son factores relevantes  que deben ser considerados.

Desde una perspectiva brasileña, Cataluña resulta, además, especialmente atractiva por razones turísticas y educativas.  Permítanme que preste especial atención a este segundo ámbito. En estos momentos, el Gobierno brasileño está invirtiendo fuertemente en becas para intercambios –en el momento presente, unas 12.000 becas- especialmente con Europa y Estados Unidos y las universidades catalanas despiertan un especial atractivo entre los estudiantes brasileños. Es ésta una oportunidad que debe ser aprovechada al máximo, pues los vínculos educativos son profundos y duraderos, contribuyen a la convergencia institucional, y facilitan el intercambio de ideas, así como, finalmente, el de bienes y servicios. Para conseguir que haya un importante flujo de estudiantes brasileños hacia Cataluña es imprescindible que haya firmados convenios entre las universidades catalanas y las brasileñas, pues ésa es la vía elegida por el programa de becas para el intercambio. Algunas universidades catalanas ya tienen firmados convenios con algunas universidades brasileñas, pero es imprescindible que más universidades firmen más convenios, algo que debería ser estimulado por la Cambra de Comerç, así como por el Govern de la Generalitat.

5 – Necesidad de mejoras institucionales

Aunque, como hemos visto, se ha generado un notable marco institucional que facilite los buenos fundamentos económicos de las relaciones entre ambos países, sin embargo, convendría fortalecer dicho marco institucional mediante, por ejemplo, acuerdos recíprocos de protección de inversión, el tipo de convenio, normalmente bilateral, conocido como APPRI, por lo que no existen cauces para dirimir disputas de esa naturaleza ante organismos arbitrales internacionales –como ocurre con otros países-.

No se trata, sin embargo, de una grave deficiencia institucional, dada la fiabilidad de Brasil, como lo demuestra el nivel de inversiones españolas en el país .

Ni ha existido contagio de lo ocurrido en otros países vecinos en relación con la protección de la inversión extranjera, ni en Brasil, por su propia estructura, es verosímil que se puedan producir situaciones de esa naturaleza –expropiaciones declaradas o veladas, imposiciones arbitrarias en ajustes tarifarios, etc- se puedan producir, como atestigua el comportamiento del Gobierno brasileño, tras la llegada al poder del Partido Trabalhista.

No obstante, sería un instrumento útil de trabajo.

Ahora bien, Brasil también debe introducir mejoras sustanciales en diferentes áreas, si desea atraer un mayor volumen de capital exterior, algo que necesita con claridad. En efecto, a pesar de que la inversión ha avanzado considerablemente –un 22% en el 2010-, habiendo llegado a representar el 18.4% del PIB, está aún a seis puntos del nivel deseable para llegar a un crecimiento sostenido del 5.5%. En comparación con sus colegas BRIC, China destina el 48% e India el 33%.

Para lograr ese crecimiento sostenido, es necesario que Brasil incremente su grado de libertad económica, todavía reducido, incluida la superación de su endémica falta de apertura comercial. Ciertamente, Brasil ha dado pasos importantes en esta dirección, en la que debe perseverar. Así, si en el año 2006, el estudio de la Heritage Foundation sobre el Indice de Libertad Económica, colocaba a Brasil en el puesto 81 de los 157 países calificados, en el Informe correspondiente a 2011 lo sitúa en el puesto 113 de 179 países calificados, lo que es un dato preocupante, si bien, a mejorado un 0.7% en relación al año anterior. En todo caso, en este ámbito, Brasil se halla situado no solamente por debajo de la media internacional, sino también de la media de América Latina.

En una línea parecida se sitúan los datos resultantes del Informe Doing Business para 2012 del Banco Mundial, el cual tiene en cuenta, desde una perspectiva cuantitativa, los trámites necesarios para realizar negocios, y que sitúa a Brasil en el puesto 126 de los 183 países analizados, con un retroceso de 6 puestos en el ránking en relación al año anterior.

El informe señala mejorías en algunos puntos, como por ejemplo, el de facilidades para la comenzar un negocio, aspecto en el que pasa del 125 al 120, al tiempo que muestra retrocesos en aspectos importantes, como la obtención de crédito (del 96 al 98), la protección de inversiones (74 a 79), o Registro de la Propiedad (109 a 114), si bien, en este último aspecto hay que resaltar que Brasil tiene un excelente sistema registral, especialmente en Sao Paulo, Brasilia y Rio de Janeiro, así como en Rio Grande do Sul, hasta el punto de que su coste en tiempo y en dinero es casi la mitad de la media de América Latina. En otros aspectos relevantes no ha sufrido variación alguna, como la de contractual enforcement, apartado en el que sigue situado en el puesto 118.

Todo ello pone de manifiesto que Brasil debe incrementar su grado de libertad económica, así como su fortaleza institucional si desea mantener un ritmo de crecimiento suficiente y sostenible.

En el primer aspecto, y por lo que respecta a las relaciones con nuestro país, dado el alto grado de inversión directa española en Brasil, deberían negociarse acuerdos bilaterales que posibiliten un mayor desarrollo de las relaciones comerciales, pues el volumen de exportaciones españolas no guarda la debida proporción con su condición de principal país europeo inversor en Brasil y segundo del mundo por inversión acumulada.

También deberían flexibilizarse las barreras de entrada que hoy sufren los profesionales españoles, especialmente arquitectos y urbanistas que, en Brasil, desde 2010, son dos profesiones distintas, así como los servicios integrados de ingeniería.

Estas medidas contribuirían al solventar uno de los principales cuellos de botella de la economía brasileña, junto con su déficit de infraestructuras, cual es su déficit de capital humano, cuyos índices son muy inferiores a los de otros países emergentes, a pesar de los esfuerzos que se han desarrollando y que se están desarrollando a través, sobre todo, del Fondo de Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) puesto en marcha por el anterior presidente del país, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Una mayor flexibilización en estas áreas facilitaría la inversión de empresas españolas y tendría una repercusión muy positiva en el intercambio de bienes y servicios. España tiene en estos momentos profesionales, jóvenes y cualificados, que ven Brasil como una gran oportunidad, más atractiva que muchas otras, debido a que Brasil está soportando la crisis particularmente bien, a pesar de las dificultades que están apareciendo, a las afinidades culturales, y al alto nivel inversor de España en Brasil. Al propio tiempo, la llegada de estos profesionales –arquitectos, ingenieros de todo tipo, etc, especialmente bien valorados a nivel internacional- contribuiría a paliar el alarmante déficit de capital humano de la economía brasileña, posibilitando así el ritmo de crecimiento deseado.

Los informes a los que he hecho referencia señalan la debilidad institucional del país como uno de los principales puntos débiles de la economía brasileña. Para que una economía pueda funcionar adecuadamente, especialmente en un contexto de fuerte competencia internacional por un capital escaso, es preciso que los países sean capaces de suscitar confianza. Ello requiere, entre otras muchas cosas, que los derechos de propiedad estén bien definidos, sean respetados, fácilmente transferibles, y que los contratos sean cumplidos.

Todo ello depende en gran medida de la calidad institucional del país, configurada, entre otros factores, por la calidad de sus normas y la efectividad de los organismos encargados de hacerlas cumplir, hasta el punto de que se ha llegado a afirmar que la calidad institucional es la piedra angular del edificio de la civilización.

Por lo que se refiere al ámbito normativo, ya me he referido a la conveniencia de introducir un mayor grado de libertad económica, disminuyendo la actual complejidad burocrática, y por lo que se refiere a la efectividad para hacer cumplir las normas en vigor, en caso de incumplimiento, depende en gran medida de la efectividad del sistema judicial, muy lento, débil y no exento de la plaga de la corrupción, ni de la interferencia política. Estas debilidades institucionales, hacen que Brasil se coloque, en esta área, por detrás de países como México, Perú o Chile, si bien en los últimos años su situación ha ido mejorando progresivamente.

6 – La crisis de la zona euro

No  sería justo finalizar esta intervención sin hacer referencia a  nuestra situación que debe ser integrada dentro de la grave crisis por la que atraviesa la zona euro.

Ciertamente, atravesamos la mayor crisis desde la segunda guerra mundial, una crisis de una gran profundidad y de una duración no determinada, a la que han contribuido múltiples factores, desde un fallo institucional en cadena que permitió la explosión de las hipotecas subprime en Estados Unidos, la titulización de las mismas empaquetadas con otras de mayor calidad, su calificación como triple A, su adquisición por Fondos e instituciones de todo tipo, entre ellas, muchas europeas, si bien no españolas, debido a la política restrictiva impuesta por el Banco de España en su momento, y que dio lugar a una crisis financiera en la primera economía del mundo, que rápidamente se extendió a Europa, con Estados fuertemente endeudados, o, en algunos casos, como España, poco endeudados hasta 2008, pero con un gran endeudamiento privado, y con una moneda común, el euro, cuyo nacimiento fue bautizado en su momento por el Conde Otto Lambsdorff, antiguo Ministro alemán de Economía, como “una mala decisión económica pero una buena decisión política”.

Ciertamente,  Europa no reunía las condiciones para ser una zona monetaria óptima, como pusieron de manifiesto diversos especialistas, y, en ese sentido, era una mala decisión económica, aunque sería más exacto afirmar que era una decisión arriesgada, pero no irresponsable

Como señaló Hayek, un Estado, para ser tal, debe tener ciertos atributos básicos, uno de ellos, la acuñación de moneda. En este sentido, transferir tal facultad a una entidad supranacional, como el BCE, sólo tiene sentido como paso para la construcción de una entidad política europea porque, si bien es cierto que no puede haber Estado sin moneda, también es cierto lo contrario, que no puede haber moneda sin Estado.

Conscientes de ello, se exigieron una serie de requisitos a los países de la Unión  Europea, para ser admitidos en el euro, si bien, como hoy vemos, no se fue  en su momento todo lo rigurosos que hubiera sido necesario.

Además, la Unión Monetaria, fue acompañada de un Pacto de Estabilidad, que preveía sanciones en caso de incumplimiento. La ausencia de una Unión Política hizo que, cuando dicho Pacto fue incumplido, especialmente por Francia y Alemania, a comienzos del presente siglo, no fueran posibles las sanciones. Dio lugar también a que la política seguida por el Banco Central Europeo, entidad clave de la Unión Monetaria, con todas las competencias en materia de política monetaria, se adaptara especialmente a las exigencias de los dos países más poderosos de la Unión, Alemania y Francia, adoptando unos tipos de interés muy bajos, especialmente adaptados a las necesidades de estos dos países y, especialmente de Alemania, en pleno proceso de incorporación de Alemania Oriental, lo que facilitó  extraordinariamente la financiación de los costes de integración, pero dio lugar a que en ciertos países de la Unión, los tipos de interés reales fuesen negativos. Es ahí donde debe buscarse el origen del sobreendeudamiento privado que hoy pesa como una losa sobre nuestra economía, si bien las empresas están demostrando una admirable capacidad de ajuste en relación al mismo.

En este contexto, se produjo el estrepitoso fracaso del Tratado Constitucional Europeo, del que nada más se supo. Ello significaba que la condición necesaria para que el euro fuese un instrumento útil para todos no se ha cumplido: hoy tenemos estados sin moneda y una moneda sin  estados, en el contexto, además, de la mayor crisis financiera desde los años treinta del pasado siglo y de una economía globalizada, en la que están apareciendo nuevas potencias emergentes, con creciente peso económico y político, singularmente Brasil, Rusia, India y China, a los que la Agencia Goldman Sachs calificó en 2003 como BRICS, países donde los rendimientos de las inversiones serían más altos que en los países desarrollados como, efectivamente, está sucediendo.

Tal situación coloca a los países europeos en una posición muy delicada: presos de un alto endeudamiento, carecen de un Tesoro común, de una política fiscal común y, en fin, de un Gobierno común, por limitado que fuese su alcance. Esta es la principal debilidad institucional europea, una debilidad de especial gravedad, la cual dota, además, a las dos principales economías del área, de un poder de hecho que puede hacer que tengan escaso interés en un fortalecimiento institucional europeo, al menos en el sentido que ha venido inspirando, hasta ahora, la construcción europea.

7 – Consideraciones finales

Ello, sin embargo, no debe conducirnos a una visión pesimista de nuestro futuro. Me van a permitir, por extraño que pueda parecerles, que vaya finalizando mi intervención, con una cita, un tanto extensa, de Kant, el gran filósofo alemán, del siglo XVIII, cuya adecuada inteligencia requiere saber que la deuda pública surgió históricamente, al menos en Europa, como medio de financiar las guerras, por parte de las repúblicas del norte de Italia, allá por el siglo XIII, -como ha explicado Ferguson, en su excelente obra “The Ascent of Money”- . Pues bien, afirma Kant:

“…la propia guerra se convertirá poco a poco, no sólo en algo muy artificioso y de dudoso desenlace para ambas partes, sino también (debido a las funestas consecuencias que el Estado experimenta con una deuda pública -¡ esa nueva invención!- siempre en aumento, deuda cuya amortización es sencillamente incalculable) en una empresa arriesgada, dada la repercusión que toda quiebra estatal tiene sobre los otros Estados, al estar tan entrelazadas sus actividades comerciales en esta parte del mundo; esta interdependencia es algo tan notable que los Estados, apremiados por su propio peligro, se ofrecen a hacer de árbitros de la situación aunque no tengan autoridad legal para ello, preparándose así, indirectamente, para integrar un macrocuerpo político, algo de lo que los tiempos pasados no han ofrecido ejemplo alguno. Si bien este cuerpo político sólo se presenta por ahora en un tosco esbozo, ya comienza a despertar este sentimiento, de modo simultáneo, en todos aquellos miembros interesados por la conservación del todo. Y este sentimiento se troca en la esperanza de que, tras varias revoluciones de reestructuración, al final acabará por constituirse aquello que la Naturaleza alberga como intención suprema: un estado cosmopolita universal en cuyo seno se desarrollen todas las disposiciones originarias de la especie humana.”

Estas palabras fueron escritas en  1784. Forman parte del opúsculo Ideas para una historia universal en clave cosmopolita, esto es, considerando que la lógica interna del comportamiento humano está gobernada por la supervivencia de la especie, no la del individuo, y que, por lo tanto, los acontecimientos históricos deben ser evaluados en función de si se adaptan o no a esta racionalidad subyacente del proceso histórico, racionalidad avalada por la moderna sociobiología o la economía institucional,  que tiende a interpretar el devenir humano en clave evolutiva, no sólo en el aspecto biológico, sino también en el social.

La diferencia fundamental entre Kant y la moderna economía institucional se encuentra en el hecho de que Kant creía que la racionalidad subyacente del proceso histórico no es intencional, mientras que los modernos institucionalistas ( v.gr.: D. North) piensan que, mientras la evolución biológica no es intencional, sí lo es la evolución institucional.

Esta perspectiva permite entender adecuadamente la racionalidad subyacente del proceso globalizador, que no es otra que la de favorecer el progreso entendiendo por tal el desarrollo de una cooperación crecientemente profunda y compleja entre los individuos dentro de grupos cada vez más amplios e impersonales. En eso precisamente, consiste el progreso económico.

En mi opinión, los actuales acontecimientos dentro de Europa deben ser contemplados como el ten con ten insoslayable previo a la modificación de cualquier statu quo, modificación que sólo puede ir en el sentido de una mayor integración, como ya argumentaba Kant en 1784, o de mayor alcance y complejidad como afirmaba Teilhard de Chardin.

La historia humana tiene una trayectoria básica dirigida a un creciente grado de interacción humana, o si se prefiere, a juegos de suma positivo cada vez más amplios y complejos, de donde deriva, un mayor bienestar basado en una mayor especialización y, por lo tanto, en una mayor interdependencia recíprocas. Como afirma Wright, en los grandes juegos históricos de suma no nula, si formas parte del problema, seguramente serás víctima de la solución.

Ciertamente la trayectoria no es lineal. Para que los juegos no acaben siendo de suma negativa, es necesario que los intereses de los jugadores se hallen imbricados y, además,  que los jugadores tengan conciencia de ello. Si no es así, el juego no acabará en una victoria múltiple sino en una múltiple derrota.

Por ello, es preciso no olvidar que, al igual que ciertos juegos –tenis, fútbol, ajedrez- sólo pueden ser de suma cero, otros , especialmente aquellos que implican una gran interdependencia entre los jugadores (ej, alpinismo, cierta situaciones dramáticas como la de los astronautas del Apollo XIII), no pueden ser de suma cero, sino solo de suma positiva –ganan todos- o de suma negativa –pierden todos-, aunque puedan tener fases o aspectos de suma cero. Si este tipo de juegos o de situaciones se afrontan con mentalidad de juego de suma cero, la derrota colectiva está asegurada. Por el contrario, si se juegan sabiendo que sólo puede acabar en derrota o en triunfo colectivo, la victoria está asegurada. Ello requiere saber que cada uno tiene que desempeñar un papel distinto, porque si todos se empeñan en desempeñar el mismo papel la inacción está asegurada.

En su momento, los bajos tipos de interés decididos por el BCE, donde, como he dicho, tienen una especial influencia Alemania y Francia, facilitaron la financiación de los costes de integración de la Alemania Oriental, así como la exportación de bienes y servicios alemanes al resto de la zona euro; correlativamente, dichos tipos de interés, que facilitaron las exportaciones alemanas al resto de la zona euro, estimularon el sobreendeudamiento de los países con menor productividad y un nivel de inflación por encima del de los tipos de interés de referencia. No es ninguna sorpresa. Von Misses ya había advertido de las consecuencias de que el precio del dinero sea excesivamente barato: son, exactamente, las que estamos sufriendo en nuestro país. Ahora, es necesario solventar el problema del sobreendeudamiento. Para ello, es necesario que los países sobreendeudados  se apliquen a adoptar reformas estructurales y disciplina fiscal, pero, también que, simultáneamente, los países con capacidad para ello, asuman su papel de locomotora de la economía europea. Si no lo hacen, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos, pues si todos nos aplicamos en gastar menos, ninguno podrá facturar más y, en consecuencia, todos nos hundiremos. Este no es un juego de suma cero sino de suma no nula, que será positiva o negativa, dependiendo de cómo lo juguemos. De lo contrario, los esfuerzos acabarán resultando estériles y, aún más, perjudicando a todos.

Europa ya ha acumulado mucha experiencia en este terreno, la suficiente como para haber aprendido que es preferible la cooperación a la confrontación, aunque todo juego cooperativo suele atravesar fases de suma cero, en las que lo que gana uno lo pierde el otro.

Algo que debe ser tenido muy en cuenta por todos, también y, especialmente, por nuestros dirigentes políticos.

También por las empresas brasileñas, lo que sitúa a España en una situación difícilmente mejorable como puerta de entrada al mercado europeo, en pleno proceso de vertebración institucional, y, dentro de España, a Cataluña, por las razones expuestas.

Afortunadamente, el G-20,en su reciente reunión de Cannes, ha apostado por una reactivación selectiva de la demanda por parte de los países más saneados –Alemania y Francia-, a fin de que la economía internacional se pueda reactivar, y se vaya alejando el peligro de la recesión.

Muchas gracias por su atención.

A questão traz à baila, também, a figura dos “loteamentos fechados”, nos quais os moradores cercam a área, executam os serviços de limpeza, conservação e segurança, controlam o acesso de estranhos e pagam eles próprios os custos desses serviços.

Em outras palavras, os moradores “privatizam” as ruas, praças etc. Custeiam os serviços, é verdade, mas continuam a pagar o IPTU, cujo produto, não sendo aplicado no “loteamento fechado”, poderia beneficiar outras regiões da cidade; mas a relação custo/benefício é desfavorável. O “fechamento”, na verdade, causa um mal maior ao subtrair da cidade as áreas do “loteamento fechado” onde poderiam ser implantadas escolas, creches, hospitais, praças e outros serviços públicos. Esses serviços não são implantados porque o “fechamento” impede e, além disso, veda o acesso dos cidadãos à área do loteamento onde eles deveriam ser implantados.

O fechamento não tem qualquer compromisso com as funções sociais da cidade. As áreas públicas são privatizadas por deliberação unilateral dos moradores ou do empreendedor e se tornam guetos que obstruem o fluxo viário, asfixiam a cidade e até extravasam suas fronteiras, espraiando-se por toda a região circunvizinha.

Além disso, não são raros os casos de moradores de “loteamentos fechados” que, para não pagar as despesas, investem contra a associação de moradores do loteamento com ações judiciais com fundamento no inciso XX do art. 5º da Constituição: “Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado.” A questão é controvertida, pois, na outra face da moeda, há o enriquecimento sem causa do morador que não paga pelos serviços que recebe, e recentemente, com fundamento no direito do cidadão de não se associar, o Supremo Tribunal Federal deu provimento ao Recurso Extraordinário 432.106-RJ, interposto por um morador de “loteamento fechado”, exonerando-o do pagamento das despesas.

O loteamento fechado não tem compromisso com as funções sociais da cidade

Questões como essas botam incessantemente e drenam energias que os magistrados poderiam empregar em questões mais relevantes. A questão ganhou tal vulto que foi criada uma Associação de Vítimas de Loteamentos Residenciais para lutar contra essas cobranças.

Tamanha desordem e o trabalho adicional que tal situação impõe ao Judiciário reclamam a definitiva proibição do fechamento de loteamentos, e recomendam que, em seu lugar, seja priorizada a implantação de condomínios de lotes.

O condomínio por unidades autônomas é a estrutura jurídica adequada para atender a essa demanda social. Isso porque, nessa estrutura, as vias de circulação e demais áreas são de propriedade privada dos donos dos lotes, de modo que, de uma parte, eles têm poder legal de controlar o acesso de estranhos e, de outra parte, são obrigados por lei a pagar as despesas dos serviços comuns, circunstâncias que afastam as controvérsias judiciais comuns nos “loteamentos fechados”.

Recorde-se que o condomínio por unidades autônomas é espécie de direito de propriedade regulada pelo Código Civil. É empregada preponderantemente em edifícios de apartamentos, mas também é legalmente aplicável em glebas de terra, desde que divisíveis. Em ambas as situações coexistem, em relação a um mesmo conjunto imobiliário, o direito de propriedade exclusiva (unidades autônomas) e o direito de propriedade comum (vias de circulação, portaria, praça etc).

Nos edifícios, as unidades autônomas são os apartamentos; nas glebas de terra, os lotes.

Alguns municípios já regulamentaram a implantação de condomínio, mas as normas existentes são esparsas e assistemáticas.

E é óbvio que, na ausência de padrão legal, prolifera sem controle a implantação de loteamentos fechados disfarçados em condomínios, que sugam a preciosa energia do Judiciário com questões relativas ao custeio da varredura de ruas e limpeza de redes de esgoto e de águas pluviais.

É necessário sistematizar a matéria mediante lei federal que fixe as travas necessárias à preservação ambiental e à ordenação da cidade, à semelhança do Projeto de Lei da Câmara nº 3.057, de 2000, (reproduzido no PL 20/2007). A proposta preconiza regras gerais restritivas para condomínios, notadamente em relação ao fluxo viário, ao controle da preservação ambiental e à sua articulação com a estrutura do bairro e da cidade, entre outras restrições de natureza urbanística.

É preciso apenas corrigir o nome que o projeto atribuiu ao condomínio. É que o nome dessa espécie de direito de propriedade é condomínio de lotes de terreno urbano, e não o esdrúxulo e equivocado apelido condomínio urbanístico que consta no projeto. Como se sabe, urbanístico não significa lote (isto é, porção de terreno), mas, sim, “o saber e a técnica do planejamento urbano”, e diz respeito aos sistemas urbanos de distribuição dos ambientes de produção, trabalho, habitação e lazer, das atividades da administração pública, da circulação das pessoas, do fornecimento de serviços etc.

Coincidência ou não, o certo é que a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, de reconhecer a repercussão geral do plano diretor como instrumento da ordenação das cidades, indica a urgente necessidade de fixação de padrão legal que harmonize a implantação dos condomínios de lotes com a estrutura do bairro e da cidade, em prol da preservação do ambiente e das funções das cidades.

* Melhim Chalhub é advogado, sócio do PMKA Advogados

Há anos o Conselho vem entendendo que a apresentação das ditas certidões em casos de adjudicação compulsória é sempre exigível.

O acórdão que inaugurou o entendimento que se consagrou parece ter sido o proferido na AC 31.436-0/1, j. 16.2.1996, São Paulo, rel. des. Márcio Martins Bonilha. No V. aresto fico consignado que o acesso de carta de sentença, extraída de ação de execução de obrigação de fazer, ficaria condicionado à apresentação de certidões negativas de débitos do INSS e Receita Federal. A sentença substitutiva de vontade do alienante (pessoa jurídica) não elidiria a exigência legal da apresentação dos documentos necessários já que se deslocariam ao adquirente os direitos e deveres acessórios e laterais decorrentes do compromisso original.

Conclui o relator que não poderia a “sentença substitutiva de vontade permitir ao apelante a obtenção de vantagens e isenções que não alcançaria, caso houvesse o cumprimento voluntário da obrigação”.

O tema é espinhoso, pois desloca ao adquirente, na maioria dos casos pessoa física, a obrigação de diligenciar documentos comprobatórios da regularidade fiscal e tributária da pessoa jurídica alienante, tornando-o refém da malha arrecadatória do poder público, numa extravagante ultrapassagem dos limites da responsabilidade original. Isto na melhor das hipóteses, já que se antevê uma preocupação, quiçá justificável, de impedir a consumação de fraudes pela via judiciária.

O acórdão publicado ontem no Diário da Justiça merece ser lido não pela reiteração do entendimento consolidado, mas pela dissensão manifestada pelo desembargador Ciro Campos, para quem seria simplesmente vedado ao Estado “impingir obrigação a interposta pessoa cujo direito provém do interesse haurido de pacto adimplido”.

Pouco a pouco o entendimento do R. Conselho vem se modificando e assimilando novos pontos de vista que podem renovar, de maneira benfazeja, o entendimento consolidado ao longo de vários anos.

Transcrevo o voto do des. Ciro Campo proferido na AC 0095421-37.2011.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, j. de 22.8.2011:

Ouso dissentir da ilustrada maioria para declarar, com a devida vênia, voto divergente vencido.

É vedado ao Estado impingir obrigação a interposta pessoa cujo direito provém do interesse haurido de pacto adimplido.

Eleger a forma como escopo último é subverter a essência de sua instrumentalidade.

Preço pago, adjudicação aperfeiçoada, carta de sentença expedida, a falta de exibição de certidão não impede o registro do título.

O órgão da previdência social ou a Secretaria da Receita Federal não serão prejudicados com a não-apresentação da quitação.

Dívida havendo, lançarão mão dos meios próprios para cobrá-la quer do responsável tributário direto quer do indireto.

Vicissitudes do infortúnio comercial não repercutem em conta de terceiro que honrou dever contratual.

A recusa revela filigrana teratológica que afronta a razoabilidade em antítese ao exercício do direito do apelante como draconiana imposição ao recolhimento de tributos.

Pelo exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para aperfeiçoamento do registro à míngua da exibição das certidões reclamadas. (a) CIRO CAMPOS, relator. (D.J.E. de 18.10.2011).

Essas inovações, entretanto, não foram levadas em consideração na elaboração do projeto de reforma do Código de Processo Civil.

Encontrando-se o projeto, agora, em fase de apresentação de emendas na Câmara dos Deputados, é este o momento próprio para ajustá-lo à modernização do direito material nesse aspecto, particularmente na parte relativa ao processo de execução, até porque a efetividade desses novos direitos reais, quando eventualmente envolvidos em litígios judiciais, perpassa pela aplicação das normas do direito instrumental.

Exemplo da necessidade de adaptação é a regra do artigo 756 do projeto, pela qual em caso de penhora de bens gravados com direitos reais, seus titulares devem ser intimados. O que justifica essa norma é o risco a que esses credores ficariam expostos caso não tomem conhecimento de penhoras sobre os bens gravados em seu favor.

Acontece que o projeto refere-se restritivamente ao penhor, à hipoteca, à anticrese e ao usufruto, omitindo-se em relação às garantias fiduciárias e à promessa de compra e venda. Acontece que atualmente o volume de negócios com garantia fiduciária e promessa de venda superam em muito os realizados com as garantias tradicionais a que se refere o projeto. A isso acresce que os credores nessas operações correm risco idêntico ao dos credores enumerados pelo artigo 756 e, portanto, devem também ser intimados caso terceiros venham a penhorar os direitos aquisitivos de devedores fiduciantes ou promitentes compradores de imóveis.

Os credores fiduciários e caucionários devem ser intimados

Outra lacuna está no artigo 761 do projeto, que considera ineficaz, em relação ao senhorio direto ou ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético ou usufrutuário que não houver sido intimado, a alienação dos bens aforados ou gravados com esses direitos reais. Também aqui o projeto omite-se em relação às novas garantias reais, que são hoje empregadas em muito maior escala do que as tradicionais. Ora, os credores fiduciários, caucionários e os promitentes vendedores de bens imóveis também devem ser intimados, devendo ser emendado o art. 761 para dispor que a falta de intimação desses credores também tornar ineficaz a alienação dos bens objeto de promessa de venda ou de alienação fiduciária.

O artigo 789, ao declarar insuscetíveis de execução os bens impenhoráveis e inalienáveis, omite-se em relação a dois relevantes aspectos; primeiro, embora insuscetíveis de execução, esses bens respondem por obrigações “propter rem” e por dívidas contraídas para realização da finalidade para a qual foram gravados; segundo, a proteção prevista nesse dispositivo aplica-se também aos bens submetidos ao regime da afetação, mecanismo de tutela legal de situações especiais, sobretudo as que envolvem captação de recursos do público com destinação específica. São, entre outros, os casos das incorporações imobiliárias, dos fundos de investimento e de securitização de créditos imobiliários, cujos bens, submetidos ao regime de afetação, também são insuscetíveis de execução, salvo por obrigações relacionadas à destinação para a qual foram gravados, e, do mesmo modo que os bens impenhoráveis e os inalienáveis, devem também ser referidos pelo artigo 789.

O artigo 792 também merece ser emendado, pois, ao enumerar os bens penhoráveis, indica os bens móveis e imóveis, mas deixa de indicar os direitos aquisitivos oriundos de promessa de venda ou de alienação fiduciária. Ora, esses direitos ocupam expressivo espaço na atividade econômica e devem ser incluídos entre os penhoráveis, coerentemente com a jurisprudência já consagrada, como bem sintetiza o acórdão do REsp 260.880-RS:

“O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.”

O artigo 818, por sua vez, ao reproduzir, sem ressalvas, vetusta disposição que admite a penhora de edifícios em construção, está em rota de colisão com o moderno regime das incorporações imobiliárias, que contém sistema próprio de proteção dos adquirentes de imóveis “na planta”. Nesse caso, os destinatários do edifício são os adquirentes, que aportam recursos para parte da construção, situação que, por incompatível com a norma do artigo 818 do Projeto, deve ser expressamente ressalvada. E assim deve ser porque os créditos oriundos das vendas “na planta” submetem-se a um regime de vinculação de receitas destinadas à obra, de modo que eventual penhora pode atingir os direitos dos adquirentes, terceiros de boa-fé, colocando em risco a realização da função social do contrato e da propriedade.

Essas inovadoras situações, dentre outras, não podem deixar de ser tratadas na lei instrumental, sob pena de se dar à luz um Código de Processo Civil descolado do moderno direito material.

* Melhim Chalhub é advogado, sócio do PMKA Advogados

A dúvida foi julgada procedente por outros motivos que não o cerne da questão posta em discussão. Em relação a esta, o magistrado sinalizou a possível superação do óbice levantado por mim nos termos em que se pode ver logo abaixo.

O caso era muito interessante e vale a pena apresentá-lo à discussão.

O motivo que fundamentou a denegação de registro era deveras singelo: imóvel doado a donatário, já falecido, com imposição de cláusulas adjetas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Tendo o donatário contraído núpcias ao tempo da vigência de ditas cláusulas – não se comunicando, pois, o bem à parceira consorte – não se justificaria que no inventário e partilha se a contemplasse na condição de viúva-meeira.

Sustentei que tal fato representaria, na verdade, aquisição sem o necessário título material.

O imóvel havia sido adquirido há muitos anos, a título de doação, o adquirente na situação de menor impúbere e solteiro. À margem da longeva transcrição não havia qualquer averbação modificativa da situação jurídica, remanescendo, o registro, com a configuração original.

Posteriormente, segundo se apurou (com a apresentação, pelos interessados, de novos documentos) os doadores, progenitores do de cujus, juntamente com os donatários, rerratificaram o título que dera origem à referida transcrição para modificar o caráter da restrição – de vitalício passaria a temporário. Assim,  as cláusulas restritivas onerariam o imóvel doado “não mais vitaliciamente, mas por prazo limitado, ou seja, até a data em que cada um dos donatários (…) atinja a idade de quarenta anos”.

Em suma, as cláusulas se manteriam até que o donatário, de cujo acervo hereditário se cogitava, completasse 40 anos.

Pois bem. Ocorre que o donatário contraíra matrimônio pelo regime legal (comunhão universal de bens). À época do matrimônio, o donatário contava com quase 25 anos – portanto muito menos que os 40, termo extintivo das ditas cláusulas restritivas.

A situação que exsurge do quadro enunciado é que, à época do casamento, vigiam plenamente as cláusulas convencionais restritivas de domínio, inclusive, e especialmente, a cláusula de incomunicabilidade, de modo que o cônjuge consorte não teria adquirido o direito em decorrência do casamento e de seu respectivo regime matrimonial.

A questão que se pôs à consideração do juiz era: transcorrido o prazo de vigência e eficácia da dita restrição, podendo a mesma ser cancelada extrajudicialmente ou por mandado judicial, o ato de canceladura faria projetar seus efeitos modulando o próprio ato jurídico aquisitivo? Ou por outra: o cancelamento das cláusulas – por caducidade ou em decorrência de determinação judicial – poderia ser considerada causa aquisitiva – rectius: título material – da propriedade pelo cônjuge?

Os interessados sustentavam que à época da abertura da sucessão nenhuma restrição remanescia a impedir “que a meação de sua viúva fosse especificada na partilha”. Considerar de forma distinta levaria, segundo eles, à ideia de que “a incomunicabilidade não cessaria seus efeitos na superveniência dos 40 anos do donatário”.

Não defendíamos, obviamente, uma eficácia continuada da cláusula de incomunicabilidade que, à toda evidência, caducara – fato jurídico que ainda se encontrava pendente de averbação. O óbice levantado pelo Registro era de outro cariz. Falávamos especificamente da pressuposição, ínsita no arrolamento, de que os bens inventariados e partilhados com reserva de meação haviam sido adquiridos anteriormente, o que não ocorrera.

A partilha ostenta um caráter meramente declaratório (Carvalho. Afrânio de. Registro de Imóveis. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 144). O acervo hereditário se singulariza na partilha, com a reserva de meação e a atribuição dos quinhões hereditários. Mas o ato declaratório faz sempre pressupor uma aquisição anterior, o que, efetivamente, não ocorrera.

O que queríamos destacar é que se não poderia falar propriamente em meação no caso – quando muito de herdeiro concorrente.

O herdeiro interessado argumentava que se deveria atentar à vontade dos doadores – o que permitiria se chegasse a uma conclusão diversa daquela à que chegamos. Sustentava que o casamento do donatário seria evento que ocorrra em data posterior ao próprio aditamento da doação. “Esse fato demonstra”, aduz, “que a limitação da incomunicabilidade sequer ocorreu em atenção à pessoa da esposa do donatário”.

Pois bem. Nem a vontade dos doadores pode ser interpretada extrajudicialmente (Ap. Civ. 13.903-0/1, j. 9.12.1991, DOE 28.1.1992, São Paulo, rel. Onei Raphael) nem é exatamente esse o sentido que se poderia extrair da leitura atenta dos documentos acostados pelos interessados. O fato de se ter modificado a extensão temporal do gravame não infirma o que se sustentou até aqui. Não se qualificou formalmente a situação específica dos donatários no jogo das restrições, posto não houvesse qualquer declaração, reduzida formalmente a termo notarial, que pudesse levar às conclusões a que o interessado apontou. E mesmo que se pudesse chegar a essa conclusão, a vontade das partes não chegou a ser perfeitamente instrumentalizada. Isto é, não se aptificou em ordem a produzir os efeitos que se estima e deduz fossem os desejados pelos doadores.

Em suma, o cônjuge supérstite não teria título aquisitivo de molde a legitimá-la na posição de cônjuge-meeira na sucessão.

Curiosamente, os interessados acenavam com o cancelamento retro-operante do gravame – de molde a colher, no passado, o ato aquisitivo do cônjuge, alterando-o. Sustenta que o cancelamento das cláusulas teria o efeito extravagante de modificar o trato sucessivo.

É certo que em sede jurisdicional todas as questões aventadas pelo interessado poderiam ser livremente apreciadas, formando o magistrado livre convencimento e decidindo sem as peias que, no âmbito administrativo, naturalmente se produzem. Na seara administrativa, contudo, o Registrador estará limitado à legalidade estrita e ainda que se não possa vislumbrar quaisquer prejuízos aos envolvidos, ainda assim não se defereria o registro sem sólida base legal ou jurídica.

Por fim, lembra, o suscitado, que havia mandado judicial de cancelamento do gravame, requerido pelo doador. Daí a concluir que

“Não somente há escritura limitando a dita incomunicabilidade, aposta no momento da doação, à superveniência dos 40 (quarenta) anos de idade do Sr. J, como o próprio donatário veio a requerer o cancelamento dessa incomunicabilidade pela via judicial, efetivamente deferido, razão pela qual é de se entender que não era da vontade de nenhuma das partes, nem doadora, nem donatária, a extensão dos efeitos da incomunicabilidade a período superior aos quarente anos do donatário”.

Uma vez mais é preciso reiterar que não se sustentou a vigência continuada das ditas cláusulas. Simplesmente sustentamos que o seu cancelamento – por meio judicial ou extrajudicial – não teria a virtude de repercutir na situação jurídico-patrimonial criada pelo casamento. Pode-se averbar o cancelamento das ditas cláusulas e ainda assim remanesceriam as questões apontadas.

Terminamos a suscitação de dúvida citando, por lealdade ao debate, a posição defendida pelo registrador paulistano Ademar Fioranelli que, enfrentando o tema, assim se manifestou:

“Interessante observar que, com o cancelamento das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade devido ao cumprimento da condição ou o advento do termo (certo ou incerto), o imóvel antes gravado com referido vínculo experimenta notável transformação, recobrando o proprietário o direito de livre disposição, e os credores a garantia de seus créditos”.

E segue pontificando:

“O bem antes incomunicável, de propriedade exclusiva, passa à condição de coisa comum, na eventualidade do beneficiário casar-se ou mesmo de já estar casado no momento da liberalidade (doação ou testamento), pelo regime da comunhão universal de bens, entrando na partilha pela dissolução da sociedade conjugal ou na transmissão mortis causa”. (FIORANELLI. Ademar. Das cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 80).

A dúvida foi julgada procedente por motivos meramente formais. No cerne, o meritíssimo juiz entendeu possível o registro – o que se fará com a apresentação do título e demais documentos.

Confira aqui a íntegra do processo e decisão.

Organizada por el Deganat dels Registradors de Catalunya amb la col laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

EL MEDIOAMBIENTE EN GENERAL

PRIMERO

Concebimos el medioambiente como un valor necesariamente creciente a través de su conservación, pero sobre todo a través de su fomento mediante el desarrollo de instrumentos legales, económicos e institucionales.

SEGUNDO

El medioambiente no es un obstáculo para el desarrollo  económico  y la creación de empleo, el fomento de la conservación  ambiental mediante el avance y la consolidación del marco legal necesario para ello es precisamente la solución a esos retos.

TERCERO

El medioambiente y también la crisis económica actual, solo hallarán una solución duradera, cuando las acciones de conservación y de desarrollo sostenible, resulten económicamente más ventajosas que la destrucción de recursos y servicios ambientales.

CUARTO

La riqueza del medioambiente y por tanto la integración de los temas ambientales en la economía productiva, no se basa en la explotación de los recursos naturales sino en conservar y fomentar su desarrollo sostenible, mediante su aprovechamiento e integración en la economía de los servicios ambientales que nos proporcionan los ecosistemas. Así, las políticas de desarrollo agrario y de conservación ambiental, resultan necesariamente complementarias para el verdadero cumplimiento de sus fines, en un sólido desarrollo

EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS

QUINTO

Es preciso que el medioambiente descienda de los grandes países  y empresas multinacionales y de las grandes negociaciones y  declaraciones internacionales, al nivel de los ciudadanos comunes, haciéndoles sentir participes reales de la situación ambiental y de sus problemáticas  actuales.

SEXTO

El medioambiente no ha de ser preservado o defendido de la actividad humana, son precisamente los propios recursos  medioambientales y los servicios ambientales los encargados de preservar y defender nuestra condición de seres humanos, en el sentido de que nuestra economía depende precisamente de la correcta gestión de éstos recursos y servicios ambientales.

SEPTIMO

La conducta humana  no ha de ser simplemente pasiva o contemplativa. Cada ciudadano  debe generar activamente medioambiente, riqueza ambiental.

OCTAVO

El principio “quien contamina paga” ha de dar paso al principio de “quien conserva y/o genera valores ambientales y riqueza ambiental resulta premiado”

NOVENO

La actividad de conservación ambiental ha de ser vasculante y equilibrada,  ha de consistir en un proceso donde el que contamina  sea quien premie efectivamente al que conserva y genera riqueza ambiental. teniendo en cuenta que este comportamiento por parte del contaminador en si mismo ya merece un premio, frente al que contaminando no premia al que conserva.

EL MEDIOAMBIENTE Y EL TERRITORIO

DECIMO

El medioambiente es una temática global, pero no hay que olvidar que precisamente por ser global ha de tener un tratamiento específico y detallado, por muy pequeño que sea el ámbito espacial en que se desarrolle.

UNDECIMO

Se reconoce que la territorialidad de los valores ambientales no ha sido debidamente tenida en cuenta hasta la actualidad. Puesto que los recursos naturales nacen, discurren o se consumen en fincas (porciones del territorio delimitadas por el dominio de la persona), el aprovechamiento de los mismos, ha de constituirse como un derecho  real sobre la finca que la sociedad concede a los propietarios a cambio de la necesaria conservación y aprovechamiento de la riqueza ambiental de los mismos.

DUOCECIMO

En este marco del aspecto territorial de los valores ambientales, resulta evidente la necesidad de contar,  medir representar y valorar dichos aspectos naturales, mediante indicadores y bases gráficas integradas en sistemas de información geográficos  para poder ser mejor conservados y aprovechados. Se apuesta decididamente por la aplicación de las tecnologías de medición  en el tratamiento activo de la conservación ambiental y por la  puesta en valor de la riqueza ambiental.

DECIMOTERCERO

Resulta evidente la necesidad de  contar con instrumentos de seguridad jurídica que  garanticen la realidad de las actuaciones humanas en relación con el medioambiente. Solo cuando impera la confianza en las declaraciones  sobre resultados ambientales es posible  el desarrollo económico  de su conservación. En un escenario de puesta en valor de los aspectos ambientales, resulta evidente la necesidad de una mayor seguridad jurídica, en el premio de actuaciones conservadoras y generadoras de servicios y valores ambientales, es decir de riqueza ambiental.

DECIMOCUARTO

El registro de la propiedad, constituye uno de los instrumentos más eficaces para lograr  la seguridad jurídica en el tratamiento de los valores ambientales de las fincas y para la generación de riqueza ambiental.

DECIMOQUINTO

Dada la enorme diversidad de actuaciones de conservación ambiental susceptibles de aflorar económicamente como elementos de riqueza patrimonial de las fincas, se declara la necesidad de contar con registros jurídicos de naturaleza grafica y digital.

Barcelona, 7 de julio de 2011.

Introdução à função ambiental do Registro de Imóveis

A instituição do Registro de Imóveis surgiu como necessidade de controle do direito de propriedade e como instrumento de segurança jurídica para o tráfego imobiliário. Em razão da evolução do estudo do meio ambiente e da consequente transformação do direito de propriedade, que deve atender a sua função social, o Registro de Imóveis passou a concentrar, naturalmente, informações ambientais relevantes ao direito de propriedade.

A evolução do conceito de direito de propriedade atingiu e influenciou o sistema de transmissão da propriedade não somente no direito brasileiro, mas em todo o mundo. A influência da função social ao direito de propriedade é inegável; o exercício que era absoluto agora cede lugar ao cumprimento de uma função, e os aspectos decorrentes de obrigações urbanísticas e ambientais tornaram-se tão importantes quanto a própria propriedade.

No Brasil, existe publicidade ambiental de espaços protegidos no Registro de Imóveis desde 1934 (art. 107 do Decreto n. 23.793, de 23 de janeiro). A facilidade natural de concentração das informações imobiliárias e o fato de se tratar de órgão constitutivo da propriedade imobiliária, por meio do registro, levaram o Registro de Imóveis, no decorrer dos anos, a exercer funções atípicas, como fiscalizar o recolhimento de tributos, e a ambiental, em cooperação com os poderes públicos.

No estudo da possibilidade de utilizar a publicidade registrária também para questões ligadas à preservação do meio ambiente começou a ganhar notoriedade com o Expert corner report, publicado em 1^o de outubro de 2002 e denominado El Registro de la Propriedad y Mercantil como instrumento al servicio de la sostenibilidad, realizado pelo Colégio de Registradores da Espanha para a Agência Europeia de Meio Ambiente. Através do referido estudo, a União Europeia reconheceu o Registro de Imóveis como órgão adequado para centralizar informações ambientais da propriedade.

Foi apresentado em 2004 no Congresso Nacional de Registradores Imobiliário no Brasil em Maceió um trabalho de nossa autoria intitulado Meio Ambiente e Registro de Imóveis, também tendo sido publicado no mesmo ano o artigo na Revista Direito Imobiliário n. 57. O impacto positivo no âmbito jurídico foi tamanho que resultou na publicação de uma obra pela Editora Saraiva em parceria com o Colégio de Registradores da Espanha, lançada no final do ano de 2010.

Sistema de transmissão da propriedade no Brasil

O Brasil possui um sistema de registro de direitos constitutivo1 e de folio real, ou seja, contem informações não somente dos títulos que ingressam, mas também da própria constituição do direito, bem como os dados são organizados através de uma matriz fixa chamada matrícula. Para isso, antes da inscrição, existe uma forte depuração dos direitos reais, aplicando-se os princípios registrários como o da legalidade, prioridade, trato sucessivo ou continuidade, instância etc. Em todo caso, os direitos somente serão inscritos quando o Registrador determine que não afetam a nenhum outro direito real.

Como na Espanha, uma das principais funções do registrador é a análise do título, também denominada qualificação, que é o juízo de valor positivo ou negativo que o registrador realiza sobre a legalidade dos documentos e sobre a validade e eficácia dos negócios jurídicos neles contidos2. Apresentado o título a registro, o Registrador irá proceder a aplicação dos princípios registrários ao caso concreto, surgindo a viabilidade ou não do acesso ao folio real.

Os registros públicos foram estabelecidos com o fim de conferir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. É que o preceitua o art. 1º da Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Referido diploma legal reuniu e todos os princípios norteadores do Registro de Imóveis, de sorte que, de certa forma, revolucionou o cadastro predial brasileiro, principalmente no que tange aos livros, pois além de reduzir a quantidade, centralizou um livro principal no imóvel, criando a figura da matrícula3 que representa a individualidade do imóvel, sua situação geográfica e perfeita descrição, sofrendo alterações objetivas e subjetivas através da averbação, sempre com um mesmo número de ordem, facilitando incrivelmente as pesquisas e expedição de certidões.

A Lei 6.015/73 procurou esgotar a matéria relativa a registros públicos e equivale à Lei Hipotecária Espanhola, disciplinando a matéria de forma exaustiva, dividindo os atos praticados no Registro de Imóveis em dois grandes grupos: registro e averbação. O primeiro envolvendo direitos e ônus reais; o segundo, atos relativos à mutação objetiva ou subjetiva da matrícula, conforme se observa de seu artigo 167.

A Lei de Registros Públicos também reforça a aparência registral no art. 252 que determina que “O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido”. Assim, os efeitos do registro, mesmo errôneos, operam eficácia jurídica até serem cancelados ou retificados (art. 213, LRP).

Cadastro e Registro

Quando se trata de meio ambiente e Registro de Imóveis, é realmente importante ter clarificada a diferenciação entre estes dois institutos – cadastro e registro –, para que não sejam criadas pueris discussões e confusões, prejudicando a verdadeira função de cada um. Com efeito, quando falamos em cadastro, nos referimos ao controle administrativo necessário e criado pela Administração, com finalidades precípuas de arrecadação de impostos e cumprimento de funções administrativas e ambientais. Nesse controle, apenas se utilizam informações constantes de obrigações outras, porém, com objetivo definido de controle fiscal e administrativo.

No Registro de Imóveis, malgrado existam também controles, sua finalidade é distinta da cadastral, por se tratar do controle jurídico da propriedade imóvel para aferição de sua legalidade, continuidade e disponibilidade. O Registro de Imóveis é o guardião do direito de propriedade em sua extensão e efeitos, inclusive na proteção de terceiros.

Como é curial, a opção do Sistema Jurídico Nacional é pela força constitutiva do registro na transmissão imobiliária, de sorte que o direito constitucional do titular de domínio tem sua origem no ato registral. A partir daí, o Registro de Imóveis exerce a função de controle do tráfico imobiliário, impedindo que qualquer circunstância atinja a propriedade registrada, sem rogação do titular ou sem o devido processo legal.

Evidentemente, o cadastro e o registro possuem forte conexão, pois a Administração tem suporte no Registro de Imóveis sempre que precisa de informações com fé pública para criar ou alimentar sua base cadastral. A título exemplificativo, pode ser mencionado o cadastro fiscal dos municípios que necessitam da informação registral para promover o lançamento do imposto predial e territorial urbano. Por seu turno, o Registro de Imóveis também necessita de informações cadastrais para conferir à publicidade registral uma simetria com os dados dos cadastros tributário e ambiental.

No Direito Ambiental, a ligação entre cadastro e registro torna-se ainda mais íntima. Senão vejamos. Primeiro, a grande maioria das informações ambientais está dispersa nos cadastros dos mais diversos órgãos da Administração das três esferas políticas (União, estados-membros e municípios). Segundo, as informações cadastrais transcendem muitas vezes o cadastro para o registro, na medida em que alteram, significativamente, o direito de propriedade, restringindo-o de forma drástica em alguns casos.

A distinção entre os dois institutos – cadastro e registro – é de máxima importância, e dela não pode ser feita tábua rasa, como lamentavelmente ocorreu na Câmara dos Deputados, visto que a confusão conceitual gera confusão funcional concernente às suas finalidades e naturezas jurídicas.

Princípio da Especialidade no Brasil

De origem doutrinária, esse princípio foi emprestado dos direitos reais de garantia na referência à especialização da hipoteca. Afrânio de Carvalho, com a clareza que lhe é peculiar, afirma que “o princípio de especialidade significa que toda inscrição deve recair sobre um objeto precisamente individuado.”4

O art. 176 da Lei 6.015/73 é a expressão do princípio da especialidade, exigindo a identificação do imóvel com todas as suas características e confrontações, localização, área e denominação, se rural ou logradouro e número, se urbano, e sua designação cadastral, se houver.

A Lei 10.267, de 28 de agosto de 2001 alterou a Lei 6.015/73 e criou uma nova forma descritiva de propriedade imobiliária chamada de georreferenciamento, que utiliza coordenadas geográficas fixadas com o auxílio de satélites.

Com relação ao meio ambiente, inegável a importância do georreferenciamento, porque os espaços territoriais especialmente protegidos possuirão a precisão necessária para facilitar a fiscalização e identificação do proprietário para a imposição de obrigações civis, penais e administrativas, além, é claro, de expressar com exatidão cadastral a situação jurídica do imóvel. Por essa razão, entendemos que, no futuro, será impossível afastar o georreferenciamento para a especialização da reserva legal florestal, reserva particular do patrimônio natural e demais espaços ambientalmente protegidos. Malgrado não conste expressamente da Lei 10.267/2001, bem como de seu regulamento, a necessidade de georreferenciamento para essas áreas trata-se de conseqüência lógica e inevitável.

Problema sério a ser enfrentado é o fluxo de informações que deve ocorrer entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e os Registros de Imóveis. No momento, a matéria é regulamentada pelos Decs. 4.449, de 30 de outubro de 2005, e 5.570, de 31 de outubro de 2005, e não existe interação eficaz e democrática entre os órgãos, principalmente da autarquia federal que não envia qualquer informação aos cartórios que promovem comunicação mensal de mudanças de titularidades dos imóveis.

Com a existência de coordenadas geográficas, tornar-se-ia fácil para o registrador imobiliário a elaboração de um mosaico gráfico dos imóveis rurais de sua circunscrição. 

Assim, deu-se início a uma interconexão entre cadastro e registro, inédita no cenário mundial. O registro, além de tecnicamente descrito, corresponderá exatamente à figura geométrica fática.

Princípio ou efeito da Concentração

Desenvolveu-se no Brasil o chamado princípio ou efeito da concentração, pelo qual identificou-se que é atraído para o Registro de Imóveis qualquer informação relevante da propriedade imobiliária, jurídica e até fática, mesmo que para finalidade meramente declaratória.

Tendo sido desenvolvido primeiramente no Brasil pelo Registrador João Pedro Lamana Paiva, embora o mesmo não houvesse observado a vocação ambiental, leciona que: [...] nenhum fato jurígeno ou ato jurídico que diga respeito à situação jurídica do imóvel ou às mutações subjetivas, pode ficar indiferente à inscrição na matrícula. Além dos atos traslativos de propriedade, das instituições de direitos reais, a ela devem acorrer os atos judiciais, os atos que restringem a propriedade, os atos constritivos (penhoras, arrestos, seqüestros, embargos), mesmo de caráter acautelatório, as declarações de indisponibilidade, as ações pessoais reipersecutórias e as reais, os decretos de utilidade pública, as imissões nas expropriações, os decretos de quebra, os tombamentos, comodatos, as servidões administrativas, os protestos contra a alienação de bem, os arrendamentos, as parcerias, enfim, todos os atos e fatos que possam implicar a alteração jurídica da coisa, mesmo em caráter secundário, mas que possa ser oponível, sem a necessidade de se buscar alhures informações outras, o que conspiraria contra a dinâmica da vida.5

Espaços territoriais especialmente protegidos

A princípio, é preciso esclarecer que o objeto do estudo é autorizar a publicidade de espaços territoriais protegidos ou de relevância ambiental, de forma que serão afastados os grandes ecossistemas ou biomas brasileiros, dos quais a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira que expressamente fazem parte do patrimônio nacional (art. 225, § 4º, da CF). Nesse propósito, devido aos critérios elucidativos e didáticos utilizados pelo professor Édis Milaré, serão adotados seus conceitos e suas classificações de espaços territoriais especialmente protegidos.6 Segundo o conceituado autor, [...] espaços territoriais especialmente protegidos são espaços geográficos, públicos ou privados, dotados de atributos ambientais relevantes, que, por desempenharem papel estratégico na proteção da diversidade biológica existente no território nacional, requerem sua sujeição, pela lei, a um regime de interesse público, através da limitação ou vedação do uso dos recursos ambientais da natureza pelas atividades econômicas.7

Na grande maioria das vezes, a natureza jurídica dos espaços territoriais especialmente protegidos se confunde com a limitação administrativa que: [...] é toda imposição geral, gratuita, unilateral e de ordem pública condicionadora do exercício de direitos ou de atividades particulares às exigências do bem-estar social.8

Não obstante, o conceito daquela é muito mais abrangente e completo porque, além das propriedades particulares, também engloba as áreas públicas e outros institutos como a servidão administrativa que impõe um ônus ao proprietário de suportar a proteção.

Essa é a definição de José Afonso da Silva: Espaços territoriais especialmente protegidos são áreas geográficas públicas ou privadas (porção do território nacional) dotadas de atributos ambientais que requeiram sua sujeição, pela lei, a um regime jurídico de interesse público que implique sua relativa imodificabilidade e sua utilização sustentada, tendo em vista a preservação e proteção da integridade de amostras de todas as diversidades de ecossistemas, a proteção ao processo evolutivo das espécies, a preservação e proteção dos recursos naturais.9

Podemos materializar quatro categoriais fundamentais de espaços territoriais especialmente protegidos, quais sejam: as Áreas de Proteção Especial (APE), a Área de Preservação Permanente (APP), a Reserva Legal (RL) e as Unidades de Conservação (UC). Posteriormente, faremos uma breve referência às terras indígenas.

Importante também fundamentar no âmbito do direito civil brasileiro os espaços territoriais e o Brasil surge como um dos poucos países ocidentais a incluir em seu estatuto civil no próprio conceito de direito de propriedade seu caráter social. Com efeito, o artigo 1.228 do Código Civil de 2002 manteve em seu caput a redação do estatuto civil anterior, afirmando que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Porém, em seu Parágrafo Primeiro, sob forte influência da Carta Maior, introduziu na legislação civil infraconstitucional regra inovadora e moderna: § 1^o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas.

1. Áreas de Proteção Especial

A finalidade desses espaços é a prevenção contra a lesão a bens e valores estratégicos, principalmente decorrentes da urbanização. Assim, as áreas estão definidas, a princípio, no contexto de parcelamento de solo para implantação de loteamento. Na Lei 6.766/79, encontramos vários desses espaços, o art. 13, I, define áreas de interesse especial, “tais como as de proteção aos mananciais ou ao patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico, assim definidas por legislação estadual ou federal”. O art. 3º, III, não permite o parcelamento “em áreas de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção”. Estudaremos a publicidade no Registro de Imóveis das áreas de proteção e recuperação dos mananciais e das áreas contaminadas (poluição).

a) Áreas de Proteção e Recuperação aos Mananciais (APRM)

Manancial é qualquer corpo d’água, superficial ou subterrâneo, utilizado para abastecimento humano, industrial, animal ou irrigação. A Lei Estadual de São Paulo 9.866/97 considera mananciais as águas interiores subterrâneas, superficiais, fluentes, emergentes ou depósito, efetiva ou potencialmente utilizáveis para abastecimento público (§ único do art. 1º). Referida lei criou as APRM estabelecendo diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais.

Trata-se de limitação administrativa porque o uso das APRM é legalmente protegido e restrito; restrição essa que engloba a infra-estrutura sanitária, o controle e o monitoramento da qualidade ambiental. Não se confundem, porém, com as áreas de proteção permanente, coincidindo quase sempre em razão da exigência de faixas ao longo de rios, lagos e represas e outros cursos d’água. Trata-se de limitação mais abrangente, cuja maior finalidade é a preservação das reservas hídricas, podendo abranger uma área muito maior, necessária à preservação do ecossistema, garantindo a integridade dos recursos hídricos. A Lei paulista, sem dúvida, é provida de evidente avanço ambiental. A razão é justificada porque São Paulo é o Estado em que as áreas de mananciais sofreram maiores danos em virtude do crescimento urbano desordenado.

b) Áreas Contaminadas (AC)

Para compreender o conceito de Área Contaminada (AC), deve-se, inicialmente, estudar o conceito de poluição. A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981) dá uma abrangente definição de poluição: A degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; c) afetem desfavoravelmente a biota; d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; e) lancem materiais ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos (art. 3º, III). Assim, sucintamente, as AC são espaços geográficos que foram poluídos com qualquer tipo de substância ou resíduo.

Levar ao Registro de Imóveis às áreas contaminadas pode impedir que aconteçam casos como um muito divulgado na imprensa, ocorrido em São Paulo no Condomínio Barão de Mauá. A Cofap jogou seus resíduos industriais num aterro clandestino entre 1960 e 1980. Na década seguinte, a Construtora SQG ergueu um condomínio onde vivem quatro mil pessoas. A contaminação do subsolo por resíduos cancerígenos e gases inflamáveis veio à tona no final de 1990, quando uma caixa-d água explodiu, matando uma pessoa.10

A Espanha foi o primeiro país a utilizar o Registro de Imóveis para outorgar publicidade para as AC. Com o Real Dec. 9/2005 foi possível a publicidade de AC por meio de três formas, todas pelas notas marginais (averbações) que correspondem à mera publicidade-notícia

O Brasil, seguindo exemplo espanhol, também permitiu a publicidade das áreas contaminadas no Registro de Imóveis. Foi publicada, no dia 12 de junho de 2006, Decisão Normativa da CG do Estado São Paulo 167/2005 disciplinando a possibilidade de averbação enunciativa ou de mera notícia, no Estado, de termo ou declaração de AC oficialmente emitidos pela CETESB, sentença essa que expressamente reconheceu o trabalho efetuado na Espanha e estudos desenvolvidos no Brasil.11

2. Área de preservação permanente (APP)

Consideram-se de preservação permanente, segundo o Código Florestal, aquelas áreas protegidas [...] nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 1º, § 2º, com redação determinada pela MedProv 2.166-67, de 24 de agosto de 2001).

São florestas e demais formas de vegetação que não podem ser removidas, tendo em vista a sua localização.

O Código Florestal relaciona expressamente as áreas de preservação permanente e geralmente recai ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água em topo de morros, montes, montanhas e serras; visando a proteção de sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; em áreas para asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção.

A natureza jurídica da área de preservação permanente é de limitação administrativa, não pode ser manejada de forma a sofrer cortes rasos, pois deixaria de cumprir sua missão específica. A supressão desse espaço deve respeitar os limites impostos no Código Florestal, ou seja, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente.12

As áreas de preservação permanente configuram um espaço territorial especialmente protegido de máxima proteção. Os casos de intervenção e supressão de vegetação são raros e tratados, excepcionalmente, pela Resolução 369 (CONAMA), de 28 de março de 2006, nas hipóteses de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental; esses aspectos possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em APP.

Não existe previsão expressa para a publicidade registral, embora exista a possibilidade conforme entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo13. A publicidade de referidas áreas pode ser vista como essencial para o Registro de Imóveis e população em geral, deveria ser tratado com prioridade e acessar o fólio real antes mesmo das reservas legais florestais, pela importância ambiente e até econômica que representam.

3. Reserva Legal Florestal

Conceito. Evolução histórica. Base legal

Reserva Legal Florestal é um espaço territorial especialmente protegido consistente em área ou parcela localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas.

Está prevista no art. 16 do Código Florestal e trata-se de limitação ao direito de propriedade, da mesma forma que as florestas e demais formas de vegetação permanente, previstas também no Código Florestal. A RLF é espaço territorialmente protegido, consoante art. 225, § 1º, III, da CF; sua existência decorre da própria lei. Trata-se de instituto de direito ambiental genuinamente brasileiro, não existe espaço ambientalmente protegido nesses moldes em outros países e configura, sem dúvida na área ambiental mais importante do Brasil. Sua origem remonta às ordenações e decretos do reino de Portugal, preocupado com a possibilidade de esgotamento das reservas de madeira de sua colônia.14

Interessante no estudo do histórico da RLF são as instruções redigidas por José Bonifácio de Andrada e Silva em 1821, como proposta de nova legislação sobre terras do Patriarca da Independência no exercício da vice-presidente da Junta Governativa de São Paulo, demonstrando sensível preocupação ambiental rara à época: V – Em todas as vendas que se fizerem e sesmarias que se derem, porá a condição que os donos e sesmeiros deixem, para matos e arvoredos, a sexta parte do terreno, que nunca poderá ser derrubada e queimada sem que se faça nova plantação de bosques, para que nunca faltem as lenhas e madeiras necessárias.

Posteriormente, em 1934, com a publicação de nosso primeiro Código Florestal (Dec. 23.793, de 23 de janeiro de 1934), foi determinado que todas as propriedades imobiliárias do País devessem reservar 25% das florestas, já contando à época com publicidade registral. A RLF foi repetida no Código Florestal de 1965 (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965) e atualmente é regulada pela MedProv 2.166-67/2001, lembrando que a EC 32, de 11 de setembro de 2001, no art. 2º, estabeleceu que  [...] as medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.

A área necessária para a configuração da RLF de cada imóvel depende da região do Brasil que se encontra situada, variando entre 20 (sudeste, sul) e 80% (região amazônica).

Publicidade

O legislador conferiu duas formas de publicidade para esse espaço protegido: a legal, que é a presunção de que a reserva existe na porcentagem estabelecida, e a registral, que configura sua exata localização e permite efetivo controle social.

A área de RLF deve ser averbada na matrícula do imóvel, no cartório de Registro de Imóveis do município onde o imóvel está localizado, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, salvo as exceções previstas no atual Código (§ 8º, art. 16, Código Florestal, redação dada pela MedProv 2.166-67/2001).

A existência da reserva precede a averbação e a especialização no Registro de Imóveis. Uma vez aprovado o projeto no órgão ambiental estadual, o proprietário já fica vinculado à conservação, preservação ou regeneração do espaço florestal.15

Como pode ser observado, o legislador conferiu ao Registro de Imóveis o reforço de uma publicidade criada ope legis e definida em meios administrativos e compartilhou essa publicidade com a sociedade, pois até então estava restrita apenas ao proprietário e ao órgão ambiental.

Muitas restrições administrativas, agora definidas como espaços territoriais especialmente protegidos, já possuem publicidade decorrente da própria lei que as constituiu; porém, para a segurança jurídica e cumprimento de obrigações decorrentes da limitação, é aconselhável que não esteja restrita somente à publicidade legal, mas que, por força da publicidade registral imobiliária, possa dar conhecimento erga omnes e vincular definitivamente futuros adquirentes.

O problema da eficiência da publicidade da reserva legal florestal no Brasil

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou no dia 24 de maio passado o Projeto de Lei n. 1876/99 que trata da redação do novo Código Florestal trazendo diversas inovações, especialmente com relação à reserva legal florestal e às áreas de preservação permanente.

A reserva legal florestal – conforme redação do art. 19 do projeto – deverá ser “registrada junto ao órgão ambiental competente por meio de inscrição no Cadastro Ambiental Rural”, confundindo as expressões registro e cadastro que possuem finalidades distintas como veremos. Atualmente a reserva é definida e especializada pela autoridade ambiental e posteriormente sua existência é averbada de forma declaratória na matrícula do imóvel no Registro de Imóveis.

Através do art. 30 do referido projeto ficará “criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informações de Meio Ambiente – SINIMA, registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico, combate ao desmatamento, além de outras funções previstas no regulamento”.

Retirar a averbação do Registro de Imóveis será um retrocesso absurdo na preservação ambiental e também da própria publicidade registral que cada vez concentra mais informações relevantes da propriedade imobiliária (princípio ou efeito da concentração). A publicidade é expressão sinônima de transparência, o sistema de clandestinidade que se projeta à reserva legal florestal só interessa para quem não pretende nem ao menos cumprir a reserva legal florestal ora mitigada constante do projeto aprovado. Resta questionar como o cidadão, autoridades ambientais e instituições financeiras conseguirão saber de forma clara e rápida se a propriedade respeita a legislação ambiental?

Caso isso não ocorra, fora a gritante perda de publicidade ambiental, o sistema de controle de reservas legais no Brasil todo entrará em colapso porque as autoridades ambientais não possuirão meio idôneos para fiscalizar as propriedades sem reserva.

4. Unidades de Conservação

Considera-se unidades de conservação o [...] espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (art. 2º, I, Lei 9.985, de 18 de julho de 2000).

As unidades de uso sustentável geralmente são áreas públicas e raramente recebendo proteção registral, mas quando definidas em áreas particulares o Registro de Imóveis tem papel de destaque como veremos nos exemplos abaixo.

a) Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN)

Segundo definição legal, as RPPN são unidades de conservação instituídas em área privada, gravadas com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica (art. 21 da Lei 9.985/2000).Referida afetação deve ser averbada no Registro de Imóveis depois de aprovada pela autoridade ambiental competente.

b) Zonas de amortecimento

O art. 25 da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, criou um espaço territorial especialmente protegido que tem chamado pouca a atenção da doutrina, mas que vem gerando diversos problemas em áreas próximas a parques florestais. Com efeito, dispõe referido artigo que [...] as unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos [...]

Embora a grande maioria das unidades de conservação seja pública, o legislador foi sábio ao estabelecer que as áreas que com elas colidam devam sofrer alguma espécie de restrição para proteger e garantir a finalidade da sua criação. De nada adiantaria a criação de um parque florestal se não houvesse alguma espécie de proteção a seu redor, garantindo, assim, seu equilíbrio ecológico.

5. Terras indígenas

Na área de proteção do meio ambiente e o Registro de Imóveis, não podemos olvidar das terras indígenas que tem como uma de suas finalidades a proteção e preservação dos recursos naturais. O art. 20, XI, da CF dispõe que são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O art. 231, § 1º, define como tal as terras habitadas pelos índios em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.

A regulamentação do art. 231 da Constituição Brasileira ocorreu diretamente pelo Dec. 1.775, de 8 de janeiro de 1996, que estabeleceu um largo procedimento para a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas por índios. O Registro de Imóveis, embora a área seja pública, foi eleito o órgão adequado para publicizar essas áreas afetadas uso de povos indígenas.

Segundo a FUNAI, a superfície das 488 terras indígenas, cujos processos de demarcação estão na fase “delimitada”, é de 105.673.003 hectares (quase duas vezes o tamanho da Espanha), perfazendo 12,41% do total do território brasileiro, configurando um número impressionante. O quadro a seguir aponta com detalhes a situação das seiscentos e onze glebas de terras indígenas do País quanto ao seu procedimento administrativo de regularização.

Considerações finais

A Constituição Federal do Brasil, bem como seu estatuto civil atribuíram ao direito de propriedade – e por consequência ao Registro de Imóveis – a necessidade de incorporação do conceito de função socioambiental da propriedade. O legislador brasileiro, por seu lado, elegeu o Registro de Imóveis para facilitar o acesso à informação ambiental, conferindo maior publicidade e cumprimento das obrigações ambientais em virtude de sua estrutura e confiabilidade.

Quase sempre as informações ambientais relevantes estão inseridas em um cadastro ambiental que não deve ser confundir com a situação jurídico-registral. É preciso, ainda, que ditas as informações sejam confiáveis e de relevância jurídica, além de claras e precisas para facilitar a publicidade, devendo o registrador imobiliário na qualificação de títulos que representem restrição ao direito de propriedade observar e se ater à segurança jurídica.

Os espaços territoriais especialmente protegidos no Brasil possuem proteção constitucional (Cf, art. 225), e são espaços geográficos, públicos ou privados, dotados de atributos ambientais relevantes.

É possível a especialização ou consignação de restrições no Registro de Imóveis de quase todos os espaços especialmente protegidos, destacando-se as áreas contaminadas, áreas de proteção e recuperação a mananciais, áreas de preservação permanente, reservas legais florestais, e reservas particulares do patrimônio nacional, o que demonstra a forte vocação ambiental do Registro de Imóveis como órgão de reforço da publicidade ambiental.

A tentativa de retirada obrigatória de publicidade registral para as reservas legais florestais representa acentuado retrocesso no direito ambiental brasileiro porque dificultará a fiscalização pelos cidadãos e autoridades ambientais e interessa tão-somente a um grupo restrito que não deseja respeitar o meio ambiente.

Assim, é possível afirmar que o Registro de Imóveis no Brasil reiteradamente vem sendo confirmado – não somente para conferir segurança jurídica ao direito de propriedade privado – mas também reforçar a publicidade legal e desempenhar a função de guardião da função socioambiental da propriedade, ratificando esta nova característica incorporada ao instituto através da Constituição Federal e Estatuto Civil, e conferindo importância singular ao papel do Registrador Imobiliário na sociedade.

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1 A inscrição no direito brasileiro é constitutiva, não há que se falar em criação, modificação ou extinção de direito imobiliário sem a necessária inscrição no registro imobiliário. Obviamente a inscrição é constitutiva somente para as formas derivadas de transmissão da propriedade imobiliário, para as demais, principalmente as decorrentes de lei, a constituição é meramente declaratório.

2 “Se denomina calificación registral (inmobiliaria) al juicio prudencial, positivo o negativo, de la potencia de un título en orden a su inscripción predial, importando en el imperio de su registro o de su irregistración. El juicio calificador (mientras conclusión del procedimiento prudencial) puede ser positivo (en orden a su fin, que es el registro) o negativo (descalificación, juicio descalificador), de toda suerte, consistiendo su más destacada relevancia la imperación de que se registre o de que no se registre un título. Es exactamente porque la aplicación al operable es el fin del intelecto práctico, el acto de imperio, en la calificación registral, es el más relevante de esa compleja decisión prudencial” (Ricardo Henry Marques Dip. “Sobre a qualificação no Registro de Imóveis”. Revista de Direito Imobiliário  29, ene./jun. de 1992.

3 MARIA HELENA LEONEL GANDOLFO leciona que matrícula: “É um ato de registro, no sentido lato, que dá origem à individualidade do imóvel na sistemática registral brasileira, possuindo um atributo dominial derivado da transcrição da qual se originou”  Reflexões sobre a matrícula 17 anos depois (Revista de Direito Imobiliário do IRIB nº 33 – 1994).

4 Op. cit., p. 219.

5 PAIVA, João Pedro Lamana. Revista de Direito Imobiliário. São Paulo, jul.-dez. 2000. v. 49.

6 MILARÉ, Edis. Os espaços territoriais especialmente protegidos aproximam-se dos espaços naturais sensíveis (Espaces naturels sensibles) do sistema francês (Cf. PRIEUS, Michel. Droit de l’environnment. 2. ed. Paris: Dalloz, 1991. p. 381).

7 Op. cit., p. 233.

8 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p.568.

9 SILVA, José Afonso. Direito ambiental constitucional. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 160-161.

10 Revista IstoÉ , n. 1.822, de 08 set. 2004, p. 95.

11 Registro de Imóveis. Cadastramento de áreas contaminadas sob a responsabilidade da Cetesb, qualificado com presunção de veracidade e legalidade, própria dos atos da Administração Pública. Interesse público que envolve a referida matéria ambiental e que impõe amplitude de informação. Segurança jurídico-registral, estática e dinâmica, que reclama concentração da notícia de contaminação, oficialmente declarada, no fólio real. Integração do Registro Predial na esfera da tutela ambiental. Admissibilidade da publicidade registral de áreas contaminadas por substâncias tóxicas e perigosas, por averbação enunciativa de ‘declaração’ ou ‘termo’ emitido pela CETESB. Inteligência do art. 246 da Lei de Registros Públicos. Consulta conhecida, com resposta positiva.

12 Decisão CG 4.607/2007 da CG do Estado de São Paulo.

13 Conselho Superior da Magistratura do Estado de São Paulo, acórdão passado nos autos da ApCív 659-6/9, da Comarca de Brotas, de 22 de fevereiro de 2007.

14 Carta Régia de 11 de julho de 1799: Eu, a Rainha, faço saber aos que este Alvará virem, que tendo em consideração a necessidade que há de se formar um regimento, que não só regule a direção do serviço de córtes das madeiras de construcção já abertos nas Capitanias de Pernambuco e Bahia, ou que para o futuro se houverem de abrir, de tão grande importância  aos interesses da minha Real Marinha e da mercantil; mas que também cohiba a indiscreta e desordenada ambição dos habitantes, que a pretexto das suas lavouras, tem assolado e destruído preciosas mattas a ferro e fogo, de tal sorte que, a não acudir Eu com as mais enérgicas providencias, ficarão, em poucos annos, reduzidas a inutilidade de poderem fornecer os páos de construcção, de que tanto abundaram e já hoje ficam em distâncias consideráveis dos portos de embarque … TÍTULO I DO JUIZ CONSERVADOR Art. 1° Declarando ser de propriedade da minha Real Coroa, todas as mattas e alvoredos á borda da costa ou rio, que desembarque immediatamente no mar …Art. 3° E querendo para o futuro acautelar os prejuízos que a indiscreta ambição dos habitantes continuam a causar nas mattas, reduzindo-as á cinzas pelo ferro e fogo, mando que sejam vedadas ao uso comum com os seus fundos todas as que houverem madeiras de construcção … Art. 7° Attendendo porém a que nos fundos das referidas mattas das Alagoas, se acham alguns ramos de Pau Brasil ainda que pela má administração do seu corte destruídas, que poderão com tudo pelo tempo adiante restabelcerem-se, ordeno que fiquem as sobreditas inteiramente vedadas e fechadas a todo e qualquer uso dos particulares …  Art. 11 Considerando por outra parte a necessidade, que os povos têm de madeiras para edificarem casas, e engenhos e quaisquer outras obras, permitto que nas mattas excluídas aos particulares possam desfructar os que nellas habitarem aquellas madeiras que forem necessárias para o seu uso tão somente, não sendo das de construcção …

15 O autor português Carlos Ferreira de Almeida qualifica “os registros públicos como os meios mais perfeitos e evoluídos da publicidade, igualando-os mesmo ao conceito técnico-jurídico de publicidade” (ALMEIDA, Carlos Ferreira de. Publicidade e teoria dos registros. Coimbra: Almedina, 1966. p. 163).

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*Registrador imobiliário em Araçatuba, São Paulo. Especialista em Direito Imobiliário pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mestrando em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Diretor de Meio Ambiente da Associação dos Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo – ARISP e Instituto de Registro Imobiliário do Brasil – IRIB.

La explotación de la biosfera por el hombre amenaza hoy su propia existencia. Sabemos, pues, que toda la naturaleza gime y siente dolores de parto1, por efecto de la deterioración del medio ambiente, consecuencia de una explotación descuidada y predatoria de los recursos naturales, cuyo gemido se manifiesta por medio de terremotos, huracanes, tsunamis, inundaciones, aguaceros, sequías, deshielo de las nieves perennes y cascos polares, destrucción de la capa de ozono, desertificación, erupción de volcanes y tantos otros fenómenos que de a poco vienen siendo descifrados.

Las expectativas son terribles y assustadoras. Mutaciones? Hambres? Radiación? Enfermedades? Calentamiento global? Lluvia ácida? Tempestades de polvo? Apocalipsis? La naturaleza está en desorden, sin embargo, no todo está perdido! O será que sí?

En el último informe del IPCC (Panel Intergovernamental de Cambios Climáticos, órgano de las Naciones Unidas responsable por producir informaciones científicas) los científicos afirmaron que hay 90% de evidencia de que el aumento de temperatura en la Tierra está siendo causado por los hombres. En Brasil, hay impactos significativos en varios lugares como en la Amazonia, en el semi-árido nordestino y en las regiones costeras. Debe ser considerado, en este contexto, que Brasil tiene una de las biodiversidades más ricas del mundo, las mayores reservas de agua dulce del planeta y un tercio de las florestas tropicales que aún restan. Se estima que aquí se encuentra una de cada 10 especies de plantas o animales existentes.

He ahí la razón por la cual a lo largo de las últimas décadas las presiones sobre el ambiente global se hicieron auto-evidentes, haciendo levantar la voz standard por el desarrollo sustentable que consiste en acciones que no causen daños al ambiente, al mismo tiempo que proporcionen crecimiento y desarrollo social.

Esta estrategia ha requerido de gobiernos, naciones, corporaciones y ciudadanos un nuevo pensar dirigido hacia el desarrollo de nuevos valores y estilos de vida, basado en el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente.

El mercado, por ejemplo, cada día más abierto y competitivo, no acepta más la irresponsabilidad en el consumo de los recursos naturales, en el tratamiento y disposición de resíduos y en la emisión de gases del efecto estufa (GEE), al mismo tiempo se aplican severas censuras a los infractores que, posiblemente, no se preocupan en el control de los impactos ambientales que causan, máxime, exponiendo a los agentes al escarnio público en ambiente global y irreprimible, como el de la Internet.

Con efecto, no constituye novedad que la empresa que no evita o no trata debidamente sus resíduos, o de alguna forma está vinculada a la contaminación o a la devastación del medio ambiente, experimenta desvantajas significativas ante la competencia, además de promover una publicidad extremadamente negativa. Eso significa que, aunque el empresario no tenga una buena consciencia ecológica, que no perciba que está perjudicando el propio medio en donde vive y agotando los recursos naturales que son la materia-prima utilizada en los sistemas produtivos de la empresa, aún así, deberá repensar su manera de actuar, pues el pago de pesadas multas y los negativos efectos mercadológicos que esas acciones causarán para la imagen de la compañía, pueden tener proporciones tan grandes a punto de representar su eliminación del mercado.

Las grandes corporaciones están atentas a esos factores y buscan seguir su lógica adaptándose a ellos y, cada vez más, buscan vincular sus imágenes a valores ambientales, prevenidas de la jerarquía que estos conceptos holísticos ostentan en el nuevo diseño social y de lo cuán apreciables son, culturalmente y colectivamente, estas exigencias. Empresas que facturan billones de dólares y que hasta hace poco tiempo se guiaban por tendencias de mercado sin importarse con el medio ambiente, se curvan ante consumidores exigentes en relación con su planeta.

De este manera, en la proporción en la que crece la propia consciencia ambiental por parte de la población, los consumidores están interesados en productos cada vez más limpios y en servicios ecológicamente correctos y socialmente responsables, cuyo interés se traduce en actitud crítica en el momento de la compraventa o de la contratación.

Debido al aumento en el volumen de informaciones ambientales disponibles, la población está adquiriendo mayor consciencia ecológica y ha crecido parte de la sociedad preocupada con la ética ambiental en la producción de bienes y servicios. Esta mayor concientización hace con que aumente la demanda por productos ecológicamente adecuados, a punto de existir un mercado promissor que busca productos y servicios con exención de daños al medio ambiente, por los cuales los llamados “consumidores verdes” han se mostrado dispuestos a pagar un precio incluso más elevado, siempre que haya sido asegurada la preservación del medio ambiente.

No es necesario citar que son innegables los avances ocurridos en el área ambiental con relación a los instrumentos técnicos y jurídicos y a los compromisos políticos asumidos por Brasil en el ámbito nacional y internacional, principales atributos para construcción de una infraestructura sólida que pueda formular directrices y tratar la cuestión ambiental de forma sistémica, sobrepasados los estrechos límites de la voluntariedad.

En este sentido puede ser apuntada la evolución de la legislación ambiental brasileña, que también se ha tornado más estricta, imputando sanciones a los infractores y ha obligado a la cadena productiva a encarar con seriedad y responsabilidad la variable medio ambiente, en cualquier estrategia operacional pretendida.

La opción de la sociedad brasileña en ofrecer su contribución en el esfuerzo global por la consolidación de una buena consciencia ambiental está estampada en el caput del art. 225 de la Constitución de la República Federativa de Brasil al afirmar que:

Art. 225. Todos tienen derecho al medio ambiente ecológicamente equilibrado, bien de uso común del pueblo y esencial a saludable calidad de vida, imponiéndose al Poder Público y a la colectividad el deber de defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones.

El derecho al ambiente ecológicamente equilibrado, como menciona Vera Lúcia Jucovsky al analizar los fundamentos constitucionales de la República, tiene la naturaleza de derecho fundamental de tercera generación, alzado en la Carta Magna al patamar de verdadera cláusula pétrea como objeto imune a la deliberación de propuesta de enmienda constitucional con el objetivo de extinguirlo (art. 60º, 4º, IV, de la CF).

Atento a la nueva realidad, observa José Renato Nalini:

[...] “el constituyente impuso del valor preservacionista no sólo como uno de aquellos a ser prestigiado, pero constituyendo cimiento del orden económico. Está, fundada en la valorización del trabajo humano y en la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos existencia digna, conforme a los dictámenes de la justicia social y con observancia de varios principios. Entre ellos, el de la defensa del medio ambiente”.

Los instrumentos jurídicos puestos a servicio de la protección y defensa del medio ambiente, se desarrollan en varias direcciones, desdoblándose en múltiples dimensiones, envolviendo los varios actores jurídicos y la propia sociedad organizada en la búsqueda por el medio ambiente ecológicamente equilibrado.

Supra-individual, el derecho al médio ambiente acabó por imponer la búsqueda por instrumentos jurídico-procesales adecuados y bien proporcionados a la efectiva tutela de intereses que se no pueden reducir al corsé estricto de la legitimación del art. 472 del Código de Proceso Civil brasileño. En el campo del derecho procesal moderno, como importante ejemplo, la efetividad del proceso en la realización del derecho y en la concreción de su función social, envuelve la participación judicial para la defensa del medio ambiente de entes intermediarios – Ministerio Público, asociaciones civiles ambientalistas – legitimados para la acción civil pública disciplinada por la Ley 7.347, de 1985.

Como se puede observar, un nuevo paradigma se impone a los operadores del Derecho. Nuevos y estimulantes desafíos se abren para los profesionales encargados del Registro de Inmuebles, exigiendo una nueva perspectiva de actuación cimentada en principios que dimanan de la nueva orden constitucional.

2. DE LAS CUALIFICACIONES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN CUESTIÓN DE MEDIO AMBIENTE EN BRASIL

La naturaleza primordial de la actividad registrária transcurre de su vocación estabilizadora de la armonía social, de las relaciones de negocios inmobiliarios y de los incidentes de estos sucesos, por medio de la publicidad registral que emerge de los fundamentos del Estado Democrático de Derecho con el efecto erga omnes en búsqueda del mantenimiento o reposición de la paz social.

Es dentro de este contexto que los libros del Registro están abiertos como repositorios, notorios y accesibles, de actos y hechos que de alguna forma puedan repercutir en el derecho de la propiedad y en la función social inmobiliaria, cuyo pronunciamiento es marcado por signo perentorio por fuerza de los llamados principios registrales.

De esta manera, se releva la función y la cualificación del Registrador en cuestión de medio ambiente, a fin de ofrecer a la sociedad la publicidad ambiental de las situaciones pertinentes de forma estructurada y centralizada, que se traduce en la cualificación registral, en los actos inscriptivos y en las certificaciones e informaciones.

En virtud del objetivo y limitación del presente trabajo, nos valemos de la clasificación siguiente, hecha por Marcelo Augusto Santana de Melo, que mejor conoce la materia, en su excelente artículo “El medio ambiente y el registro de Inmuebles”, al cual remitimos el lector que desea profundizar en el tema:

• Áreas de protección especial;
• Áreas de protección y recuperación a los manantiales;
• Áreas contaminadas o bajo fuerte impacto ambiental;
• Área de preservación permanente;
• Reserva legal florestal;
• Áreas de protección ambiental;
• Reserva particular del patrimonio natural;
• Publicidad de los medios de represión al desrespeto a la legislación ambiental;
• Publicidad de los términos de ajustamento de conducta y autos de infracción.

3. EL DESPERTAR DE UNA NUEVA CONSCIENCIA ECOLÓGICA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Es en el escenario descrito en el que el Registrador necesita comparecer no sólo como actor que va a cumplir el filtro de la legalidad ambiental en la calificación11 de los títulos y documentos que aportan al Registro en búsqueda de la protección advenida dela publicidad registral, cuyo papel administrativo le es cometido por la condición de delegatario del Poder Público. En verdad, debe actuar firmado por genuína conscientización de su función social y con disposición psicológicamente favorable, debiendo estar listo para perfeccionar los procesos internos y de certificaciones bajo un paradigma de Gestión Ambiental, así como para ofrecer su prestigio y las competencias necesarias, por ser detentor de informaciones ricas y privilegiadas. Procediendo de esta forma, podrá cooperar con la preservación del planeta, la prosperidad sustentada de la sociedad brasileña y, ante todo, la valoración del ser humano, tanto el tiempo presente, como en el porvenir.

En este contexto, el Registrador, como elemento de comunicación entre lo público y lo privado, deberá funcionar como un verdadero agente social capaz de sobrepasar las fronteras de las exigencias legalmente fundamentadas en los principios registrales. Así, proactivamente, despertará, principalmente por la ejemplar gestión ambiental de sus procesos, el sentir y el interés de organizaciones y personas para cuestiones y responsabilidades ambientales y los influenciará positivamente, de manera en que la labor registral contribuya para decisiones donde la variable ambiental sea evidente y privilegiada.

Más que mera opción corporativa de voluntarismo, la asunción de este papel integrador debe ser vista por los Registradores a partir una visión estratégica para supervivencia de la propia actividad registral dentro de la nueva realidad ambientalmente correcta del mercado global, pues los agentes que dentro del mediano plazo no busquen adecuar sus actividades a los conceptos de desarrollo sustentable, estarán sentenciados a tener problemas insuperables con la aplicación de la legislación y con la opinión pública.

Bajo este mismo ángulo, es imperativo afirmar que ignorar el papel fundamental de la nueva hermenéutica ambiental y su interacción con productos y servicios empresariales o domésticos, significa asumir riesgos concretos de estancación de la actividad registral. Esa es una realidad inexorable que exige del Registrador nuevos posicionamentos y posturas.

Partiendo así de esta premisa, el Registro no puede quedar cerrado en su agenda abocada sólo a la calificación, escrituración, certificaciones e informaciones registrales ambientales preestabelecidas en el derecho positivo. Es necesario que el Registro actúe como partícipe de una propuesta que busca la construcción de una sociedad más justa socialmente y equilibrada ambientalmente, que esté abierto a la evolución tecnológica y a los rápidos cambios del mundo moderno donde la cultura de lo descartable y del desperdício sean cosas del pasado y que desarrolle la consciencia de que los recursos naturales son finitos y que el patrimonio ambiental debe ser protegido, a ejemplo del patrimonio urbanístico.

En respuesta a los desafíos de estos nuevos tiempos, el Registro debe estar presente en la lucha por la preservación ambiental y la elevación de la dignidad humana, prestando su autoridad y creatividad para editar tipos y modelos eficaces en sus procedimientos y orientar a los interesados en la aplicación de estos mismos modelos para satisfacer negocios y nuevos requerimentos sociales que, directa o indirectamente, se relacionen con la publicidad registral.

En 1987 el Informe Brundtland, también conocido como “Nuestro Futuro Común”, alertaba al mundo sobre la necesidad urgente de que se altere el desarrollo económico en dirección a la sustentabilidad con un menor impacto en los recursos naturales y en el ambiente. El referido informe fue encabezado por un grupo de políticos, ciudadanos y peritos en aspectos de ambiente y desarrollo y traía tres dimensiones fundamentales del desarrollo sustentable: protección ambiental, crecimiento económico y equidad social. Lo que más se destaca en ese documento, hasta ahora, pasados más de veinte años, es el hecho de hacer ofrecido una definición clave para el concepto de desarrollo sustentable que, a pesar de ser discutible, es efectivamente fácil de comprender: es el desarrollo que satisface las necesidades actuales sin comprometer la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus necesidades.

La gestión de calidad de una Oficina de Registro de la Propiedad pasa por la obligatoriedad de que sean implantados sistemas organizacionales que valoren los bienes naturales, las fuentes de materia-prima, las potencialidades del cuadro humano creativo, las comunidades locales insertadas en el territorio de cualificación registral (p.ej., quilombolas, reservas indígenas etc) y debe construir un escenario donde sean valoradas las actividades de reciclaje, el fomento al trabajo en equipo y las acciones creativas inclinadas al control ambiental.

El Registro es el brazo jurídico del Estado brasileño en la organización de la propiedad inmueble y la herramienta básica de la sociedad civil en lo que se refiere al recogimiento y sistematización de las informaciones ambientales inmobiliarias. Sin embargo, el despertar de una consciencia ecológica ampliada en el Registro que tenga el poder de romper el silencio administrativo del ejercicio de la función delegada y fidedignamente ejercida por los registradores, se presenta también relevante para la recolocación de una imagen institucional saludable y compatible ante la opinión pública, evidenciando el Sistema de Registro como sujeto activo que es en la protección y defensa del medio ambiente.

Cabe la advertencia de Marcos Alejandro Badra de que:

[...] “el desafío ambiental supone un desafio a los valores de la sociedad contemporánea, ya que estos valores, que sostienen las decisiones humanas, están en la raíz de la crisis ambiental. Para alcanzar la meta de la sustentabilidad, la temática ambiental debe ser trabajada como la resultante de la interacción hombre-naturaleza, siendo fundamental la conscientización y la sensibilización para modificar radicalmente las actitudes de los seres humanos.”

La responsabilidad ambiental no es, pues, un modismo, teniendo, por lo tanto, carácter efímero, pero sí una realidad en el contexto general en que estamos insertados y que ha generado alteraciones gradativas de comportamientos, culturas y valores en las organizaciones públicas y privadas. Esta responsabilidad debe estar presente en la agenda y en las decisiones de los Registradores y aún orientar el relacionamento de estos con la sociedad.

4. LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LOS PROCESOS INTERNOS Y EN LAS CERTIFICACIONES Y INFORMACIONES REGISTRALES

El desempeño de la función de Registrador es realizado dentro de los contornos de las disposiciones constitucionales y infraconstitucionales aplicables, bajo la consideración de dos directrices vectoriales paralelas, que finalmente se funden: la pública y la privada.

Por un lado, el vetor público transcurre de la naturaleza de la otorgamiento administrativo de la delegación de un servicio público; por otro, el vetor (privado) consiste en el ejercicio en carácter privado de esa actividad delegada, todo conforme a lo dispuesto en el caput del art. 236 de la Constitución Federal:

Art. 236. Los servicios notariales y de registro son ejercidos en carácter privado, por delegación del Poder Público.

Este binomio público/privado obliga la compatibilización de la aplicación de principios empresariales autónomos, propios del sector privado, con criterios administrativos de prestación, reglamentación y control de servicios públicos, a fin de que los ciudadanos tengan a su disposición un servicio público adecuado que atienda a sus necesidades como si el Estado lo prestase directamente, sin embargo, iluminado y enriquecido por valores, principios y procedimientos empresariales.

Desde el punto de vista del ejercicio privado de la actividad del Registro, la estrategia empresarial a ser desarrollada por el titular de la delegación debe incluir el gerenciamiento de los asuntos pertinentes al medio ambiente, directamente, o por medio de Sistemas de Gestión Ambiental.

De forma metódica, el Sistema de Gestión Ambiental permite que la organización alcance el nivel de desempeño ambiental por ella determinado y promueva su mejora continua al largo del tiempo. Consiste, esencialmente, en un instrumento organizacional que posibilita a las instituciones destinar los recursos, definición y responsabilidades; así como la evaluación contínua de prácticas, procedimientos y procesos, buscando la mejora permanente de su desempeño ambiental. La gestión ambiental integra el sistema de gestión global de una organización, que incluye, entre otros, estructura organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener una política ambiental.

Cualquiera que sea el método elegido por el titular de la delegación – directamente o por medio de sistema -la gestión ambientalmente correcta de los procesos internos y de certificaciones del servicio se hace un importante instrumento gerencial para alcanzar la excelencia ambiental mediante procedimientos y tecnologías “limpios”, y la consolidación del prestigio de la actividad registral ante la comunidad, al demostrar, por ese medio, un desempeño satisfactorio en relación al medio ambiente.

Resultante de procedimientos y tecnologías “limpios”, la producción limpia es una abordaje ecoeficiente en la producción de bienes y servicios y representa un modelo de excelencia por los criterios y principios propuestos de reducción en la utilización de insumos, elección de productos y tecnologías que reduzcan o eviten la polución, reutilización de materiales, reciclaje y mantenimiento de la infraestructura y de los equipos.

4.1. LA OFICINA REGISTRAL

Dentro de esta opción de compromiso referido al al impacto ambiental, el primer punto a ser considerado por el Registrador es el de la correcta localización del edificio sede de los servicios a su cargo, que debe atender, además, al requisito: “local de fácil acceso”, preconizado en la ley de regencia de la actividad notarial y registral (Ley n. 8.935/94), en los términos del art. 4º, in verbis:

Art. 4º. Los servicios notariales y de registro serán prestados, de modo eficiente y adecuado, en días y horarios establecidos por el juez competente, atendidas las peculiaridades locales, en local de fácil acceso al público y que ofrezca seguridad para el archivo de libros y documentos.

En el análisis de la viabilidad ambiental para instalación de la oficina, deben ser tenidas en consideración las restricciones y las potencialidades ambientales del local donde se quiere establecer la misma. Con esto, el concepto de calidad ambiental se inicia aún antes de su establecimiento predial, por ejemplo, la atención a factores que contemplen temas inherentes como el de la mobilidad (existencia de lineas de autobuses y metro próximas), el de la accesibilidad para portadores de necesidades especiales, el de la polución (ruidos, vibraciones, radiaciones etc) y otros afines de carácter socioeconomico, ya sea por la óptica del respeto por el medio ambiente, ya sea por la calidad de vida de los empleados y de los usuarios del servicio registral.

A partir de este contexto, el Registrador deberá preferir instalaciones ecológicamente correctas en edificios construídos bajo conceptos de sustentabilidad, como los green buildings.

Conocidos como edificios verdes (green buildings), ellos fueron creados en los Estados Unidos y en Europa en la década de 70 en función de la crisis energética por la cual el mundo pasaba en la época, a fin de mejorar el uso de los recursos disponibles. Son conceptuados como “edificaciones en las cuales fueron aplicadas medidas constructivas y procedimientos que buscan el aumento de su eficiencia en el uso de recursos, con un enfoque en la reducción de los impactos socioambientales”.

Se trata de edificios de alto desempeño ambiental, proyectados con cuatro características muy bien definidas: reducción del consumo de energía y de los costes de operación y mantenimiento; reducción del uso de recursos no-renovables; minimización de los impactos negativos en la calidad del aire interno; y aumento de la salud de los ocupantes del edificio. Estos proyectos también favorecen la productividad de los ocupantes, facilitan la circulación y los accesos, permiten la mobilidad y la flexibilidad de layouts .

Así, algunas ventajas ambientales pueden ser apuntadas en esa modalidad, como la disminución general del consumo de agua, ya que parte de esta viene de las lluvias que son almacenadas; la economía en el consumo de energía eléctrica, pues ese tipo de construcción prioriza la iluminación y ventilación naturales, cuenta con generadores solares o eólicos. Según especialistas del segmento, el valor agregado a los inmuebles termina por valorar más este tipo de edificación.

4.2. DESMATERIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS Y DE CERTIFICACIONES Y INFORMACIONES REGISTRALES (PAPERLESS)

La utilización de las nuevas tecnologías y la desmaterialización de procedimientos, certificaciones e informaciones registrales son dos puntos reconocidamente esenciales para alcanzar la puesta en práctica soluciones que traducen la contribución de los Registradores de Inmuebles en la optimización de soluciones para cuestiones ambientales, además de responder al requisito: “servicio público adecuado”, exigído en la prestación del servicio delegado de Registro de Inmuebles, como respuesta de ciudadanía del Estado Democrático de Derecho adoptado por nuestro país.

Con efecto, el concepto de “servicio adecuado” se encuentra desarrollado en el caput del art. 17 de la Ley Paulista n 7.835, de 8 de mayo de 1992. Esta ley dispone sobre el régimen de concesión y permiso de la prestación de servicios públicos, con el cual el instituto administrativo de la delegación tiene similitud y dice que “servicio adecuado” es lo que satisface las condiciones de regularidad, continuidad, eficiencia, seguridad, actualidad, generalidad, cortesía en su prestación y modicidad de las tarifas o tasas cobradas.

Artículo 17 -Para los fines de lo dispuesto en el inciso I del artículo anterior, servicio adecuado es el que atiende al interés público y corresponde a la exigencias de calidad, continuidad, regularidad, eficiencia, actualidad, generalidad, modicidad, cortesía y seguridad.

Párrafo único – Se entenderá por actualidad del servicio, el uso de métodos, instalaciones y equipamientos que correspondan a patrones de modernidad y avance tecnológico, así como su ampliación, en la medida de las necesidades de los usuarios.

Antes de todo es preciso atender el hecho de que no se puede igualar el ciudadano de la era de la información con el mero usuario o consumidor de informaciones de un servicio público, pues la expectativa del usuario para con el Registro es la de un relacionamento online vital para el desempeño de derechos fundamentales y de prerrogativas ciudadanas que den soporte suficiente para el input de sus negocios inmobiliarios, con la blindaje producido por la publicidad registral y no por la mera desburocratización, mediante la prestación de informaciones electrónicas destituídas de seguridad jurídica.

El ciudadano de la era de la información espera ver cumplidas las variables típicas de la administración de negocios como la utilidad, eficiencia, eficacia de la conectividad, de la desmaterialización y la despapelización (paperless) en procedimientos y certificaciones registrales, de la reducción de costes y de tiempo. En suma, espera eficiencia en lo que se refiere a la gestión del conocimiento y de la información y a los resultados prácticos de esta nueva modalidad espacio-temporal surgida con la integración de la Internet a la prestación de servicios públicos en general (gobierno electrónico), de entre los cuales se destacan los servicios delegados de Registro de Inmuebles.

La desmaterialización de un documento consiste en la sustitución de su versión en papel por una equivalente en formato de imagen digital, mediante migración por proceso de digitalización por scanner, a la cual deberán ser agregados valor jurídico y seguridad tecnológica, mediante firma electrónica por Certificación Digital.

La desmaterialización de un proceso consiste en la eliminación del trámite en papel por medio de su procesamiento electrónico y en la subsecuente desmaterialización de los documentos en soporte papel a él relacionados, pudiendo dar motivo para su transferencia o transmisión como datos en red, o su inserción en mídias digitales de soporte como cintas magnéticas, disquetes, winchesters, CD’s, DVD’s etc.

Por su parte, en el proceso de despapelización (paperless) la información documental es generada, firmada y mantenida en formato digital, inclusive en lo que se refiere a su tráfico, lectura y archivo. Solamente páginas altamente relevantes y prioritárias están siendo impresas por el usuario patrón de la red, procedimiento, sin embargo, que no es seguido por los nativos de la paperless society, cuya tendencia es mantener el documento electrónico en su estado digital pleno, salvándolo en disco rígido o descartándolo después de lectura, conforme interés y relevancia.

4.2.1. DESMATERIALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMNISTRATIVOS INTERNOS – OFICINAS REGISTRALES SIN PAPEL

La utilización de sistemas administrativos internos automatizados por el Registro de Inmuebles acentúa la adopción de tecnologías y sistemas de información, en casi total sustitución a los archivos tradicionales en papel, que permitan a la servicios registrales trabajar con las informaciones necesarias, con calidad y precisión. Ejemplos de esos procedimientos automatizados son las prenotaciones de títulos, controles de títulos contradictorios, de las indisponibilidades, de los plazos de vigencia de las prenotaciones, el procesamiento de los indicadores real y personal en bancos de datos, control de las informaciones económico-financieras, Gestión Electrónica de Documentos (GED), utilización de agenda y correo electrónicos, entre otros.

Así, dentro del objetivo de la informatización de procedimientos administrativos internos -mediante aprovechamiento de las facilidades resultantes de la utilización de las tecnologías de la información y de los avances de la electrónica para sustitución de los soportes documentales en papel por soportes electrónicos -los antiguos circuitos del papel se harán exclusivamente por medio de procesos informatizados y desmaterializados, resultando, así, en reducción de costes operacionales y en la significativa disminución del impacto de las actividades registrales en medio ambiente, tales como:

• Optimización del uso del espacio físico;
• Economía de microfilmación;
• Preservación de documentos importantes;
• Optimización de los recursos humanos;
• Mayor control e histórico de acceso a la carpetas y a los documentos;
• Rapidez del acceso a la información;
• Consulta simultánea de documentos por diversas personas;
• Mantenimiento de la integridad de los documentos;
• Reducción del consumo de papel, toner, energía eléctrica y mantenimiento de equipos;
• Reducción en la emisión de contaminantes y resíduos.

4.2.2. DESPAPELIZACIÓN DE CERTIFICACIONES Y INFORMACIONES REGISTRALES (PAPERLESS)

La creación de un documento por medio de un ordenador y la impresión del mismo en una impressora, para después firmarlo holograficamente, resulta en la aplicación híbrida de dos tecnologías, limitando, además, el aprovechamiento pleno del potencial de la computación electrónica que produjo el documento original.

En el periodo de transición de la máquina de escribir para el procesamiento y impresión de textos, esta deficiencia fue soportada con razonable paciencia. Sin embargo, la disponibilización de herramientas oriundas de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs), que permiten agregar al documento electrónico originariamente producido, una Firma Digital con validez jurídica y seguridad tecnológica, indujo a agentes públicos y privados a la reformulación de los procesos con base en esa nueva tecnología, con el propósito de alcanzar una nueva performance en la gestión documental.

En efecto, la sociedad se modernizó con velocidad tal que en el Estado burocrático nunca hubo una “revolución” con un substrato que actuase poderosamente en tal grado, a punto de forzar a los agentes públicos a modificar su modo de trabajo de manera tan rápida y radical, elevándolo al nivel de la despapelización de documentos certificables.

He aquí la razón por la cual no es fácil asimilar la idea de que un archivo electrónico basado en bits tenga el mismo valor jurídico que un documento con soporte en papel, debidamente firmado de propio puño por su emitente, destinado a reproducir su pensamiento en cualquier instancia pública o privada, como si fuera su propia voz fijada permanentemente en aquella hoja de papel. Obviamente, la adopción de esta nueva forma de documentar implica redefinir cultural y tecnológicamente otro concepto de documento mucho más amplio, mediante el abandono de la concepción materialista que lo asocia a su base física – papel y tinta.

La despapelización de certificaciones y informaciones registrales tiene su base en la aplicación de la tecnología del Documento Electrónico y de la Firma Digital en el patrón de la Infraestructura de Llaves Públicas Brasileñas (ICP-Brasil), de valor equivalente la firma manuscrita hecha de propio puño por el Registrador o su prepuesto, conforme delineamiento inicial jurídico inaugurado con la Medida Provisional n. 2.2002/2001, lo que le garantiza autoría e integridad, a fin de que goce de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel, posibilitando, además, que circule en la red con el nivel deseado de velocidad, seguridad jurídica y tecnológica.

El proceso de despapelización de certificaciones y informaciones de los Registros de Inmuebles del Estado de São Paulo opera por medio de la emisión de certificación digital, de la visualización electrónica del bien y de la investigación electrónica para localización de inmuebles. El tema fue debidamente apreciado por la Corregedoria General de la Justicia del Estado de São Paulo que he normatizado las Resoluciones nº 32, de 11.12.2007 y nº 4, de 2.3.2011.

La Certificación Digital que ya puede ser utilizada para elaboración de escrituras públicas, de contratos de financiación inmobiliaria, documentos públicos y particulares y, en todos los ámbitos, en Juzgado o fuera de él, sustituirá, progresivamente, la certificación tradicional en papel y puede ser obtenida directamente en el servicio del Registro, o por la Internet, en la dirección http://www.arisp.com.br.

El concepto y las funciones de la Certificación digital permanecen los mismos que informan la certificación tradicional en papel, como previstas en la Ley de Registros Públicos (Ley n. 6.015/73, art. 19), una vez que la novedad se encuentra concentrada em la opción por el soporte electrónico, mantenidas, así, la clasificación y el plazo de validez, por su carácter jurídico.

Esto nos autoriza a consignar que el nuevo circuito administrativo de certificaciones inmobiliarias en el formato digital, funcionará en los Registros casi sin cambios visibles y notórios, sin embargo, no se trata sólo de un cambio con mejoras cuantitativas, sino que es un salto eminentemente cualitativo en el desarrollo de las actividades registrales delegadas por el Poder Público.

La migración del uso tradicional de expedición de certificaciones del Registro en papel para el medio electrónico presenta amplias ventajas en la disminución de costes operativos, además de garantizar la fácil distribución, seguridad, disponibilidad y gestión de la información, sin afectar su independencia, operatividad y valor legal. Esta iniciativa se constituye, finalmente, en un importante componente en la gestión ambiental del servicio en virtud de la reducción de impresiones, lo que implica en disminución no sólo en el consumo de papel, pero también en el de otros ítems como toner, energía eléctrica y desgaste de los equipos.

5. LA IMPORTANCIA DEL USO RACIONAL DEL PAPEL

En la era de la informática, lo que debería acontecer no se concretizó – la reducción voluntaria en el consumo de papel. Treinta años atrás, cuando la revolución de la informática daba sus primeros pasos, los visionários preveían que los computadores iban a limpiar las mesas de las oficinas. Más recientemente, la explosión de la comunicación por email y por la Internet nos dio la ilusión de que (ahora sí!) el papel se haría un artículo casi invisible en las oficinas, al punto de que algunas voces se levantaron diciendo: “El papel está muerto. Larga vida al bit”.

Los números apuntan, sin embargo, que en las últimas dos décadas el consumo de papel en las oficinas creció 110% en relación a la décadas anteriores. El mayor problema es que esa explosión de consumo está generando montañas de papel que se acumulan en los basurales de las ciudades. Finalmente, el papel corresponde a 40% de la basura urbana y tiene un tiempo medio de descomposición de aproximadamente tres años.

El consumo también aumenta la presión sobre los bosques del mundo, pues 19% de los árboles derrumbados son para fabricar celulosa.

De acuerdo con el Sistema de Alerta de Desforestación (SAD) del Instituto del Hombre y Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon), organización que hace un levantamiento paralelo al oficial de la devastación en la región amazónica, la desforestación (es decir, supresión total de la selva con exposición del suelo) acumulada en el periodo de agosto de 2010 a mayo de 2011, correspondiendo a los diez primeros meses del calendario actual de desforestación, totalizó 1.435 kilómetros cuadrados. Hubo un aumento del 24% en relación al periodo anterior (agosto de 2009 a mayo de 2010) cuando la desforestación sumó 1.161 kilómetros cuadrados. La degradación forestal acumulada en el mismo periodo (agosto de 2010 a mayo de 2011) totalizó 6.081 kilómetros cuadrados. En relación al periodo anterior (agosto de 2009 a mayo de 2010) hubo un aumento expressivo (363%) cuando la degradación forestal sumó 1.312 kilómetros cuadrados. En mayo de 2011, de desforestación detectada por el SAD comprometió 2,8 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo que representa un aumento del 55,6% en relación a mayo de 2010. En lo acumulado del periodo (agosto 2010 -mayo 2011) la desforestación comprometió 83,9 millones de toneladas de C02 equivalentes y representó un aumento del 10% en relación al periodo anterior (agosto de 2009 a mayo de 2010).

Otra importante herramienta de soporte a la fiscalización en la Amazonia, el sistema DETENER – Detección de Desforestación en Tiempo Real, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), indica que solamente en el último mes de mayo, 268 km² de la selva amazónica sufrieron corte raso o degradación progresiva.

La gran importancia de la preservación de las selvas reside en que su destrucción reduce la capacidad de la masa terrestre de absorber gases nocivos. Los árboles transforman el dióxido de carbono o gas carbónico (CO2) en oxígeno durante la fotosíntesis. Este proceso consume dióxido de carbono y produce oxígeno, la respiración, por su parte, consume el oxígeno y produce dióxido de carbono. Por ejemplo, en un año, un sólo árbol es capaz de sustituir cerca de 22 kilos de dióxido de carbono, además de evitar la erosión y la desertificación.

Juntamente con la desforestación para otros usos de la madera y de la tierra, el desperdício de papel también colabora para la destrucción de las selvas, aumento del consumo de agua, de petróleo y de energía, además de aumentar la producción de resíduos.

Algunos cálculos aritméticos y otros datos explican la importancia del uso racional del papel para impresión y también su reaprovechamiento interno y para reciclaje, partiéndo del conocimiento de que para producir un kilo de papel nuevo, son necesarios 540 litros de agua.

• Una Oficina que utiliza indebidamente 100 hojas de papel blanco por mes está desperdiciando 256 litros de agua. En un año son más de 3 mil litros de agua utilizados;

• Una Oficina que gasta una media de 50 mil hojas de papel por mes (cien paquetes de 500 hojas), lo que es un gasto razonable para un contingente de cerca de 50 a 100 empleados, está utilizando 128 mil litros de agua mensuales, o 1,53 millones de litros/año. Si la mitad del papel utilizado pasar a ser utilizado de los dos lados (frente y verso), el consumo de papel caerá en 25% (y el de agua utilizada en su fabricación también), lo que representa una economía de 25 resmas por mes y de 768 mil litros de agua en 12 meses. Esa cantidad es más de lo que 50 familias, con cuatro personas cada una, consumen mensualmente;

• Una tonelada de papel reciclado representa 2,2 metros cúbicos de espacio disponible en los basureros y 2,5 barriles de petróleo;

• Una tonelada de papel reciclado significa economía de tres eucaliptos y 32 pinos, árboles usados en la producción de celulosa;

• En la fabricación de una tonelada de papel reciclado, son necesarios sólo 2 mil litros de agua, mientras que, por el proceso tradicional, ese volumen puede llegar a 100 mil litros por tonelada;

• El Brasil sólo recicla cerca del 30% de su consumo de papel.

Urge que el Registro de la Propiedad, como institución, por fuerza del status que le es conferido por la Carta Magna, asuma públicamente el comprometimento con el desarrollo sustentable y empiece, por intermédio de sus órganos representativos, un programa nacional para reducir el uso del papel y el impacto ambiental de sus actividades. Esta iniciativa debe ser permeada por acciones variadas que pueden ir desde la educación y conscientización sobre el tema, hasta la adopción de prácticas y tecnologías que cultuen la variable ambiental, conforme viene siendo expuesto a lo largo de este trabajo, además de diseminar sus prácticas hacia otros sectores y conocimientos advenidos de la experiencia en la gestión ambiental en el plan intraorganizacional.

Aunque la actividad registral, que por su naturaleza de prestación de servicios produce bajo impacto ambiental, cuando comparada a otras actividades de la cadena produtiva nacional, es posible constatar que aún hay desperdício de papel en los interiores de los Registros, pues son impresos documentos, informes, borradores y extractos de fincas, de “averbaciones” y de registros, correos electrónicos y otros archivos electrónicos para simple lectura, anotaciones, conferencias, verificación de la estética y configuración de la impresión, para después, descartarlos en la basura.

El uso racional de papel debe ser incentivado por medio de conscientización de los prepuestos a través de comunicación eficaz, a fin de que nuevos hábitos sean introducidos en la rotina diaria de los empleados, pues el compromiso de todos los involucrados es fundamental para que se obtenga éxito en la pretendida reducción del consumo. En este sentido, es importante revisar rutinas de impresión utilizando impresiones frente y verso, reutilizar hojas como borrador, hacer recolección de papel para reciclaje y direccionarlo para entidades bde beneficencia, utilizar papel reciclado y, principalmente, dispensar la impresión de documentos que puedan ser mantenidos en medios electrónicos.

La aplicación de los parámetros de gestión ambiental por los Registradores y de sus prepuestos en sus actividades transcurre de una simple decisión en torno de lo correcto y lo funcional y desencadenará acciones benéficas para el flujo financiero y de servicios del servicio, en economía y facilitación del trabajo, pero principalmente, de forma difusa, resultará en beneficios para el medio ambiente y para la economía.

6. ESTUDIO DE CASO – EL SISTEMA DE OFÍCIO ELECTRÓNICO

Para sustituir las requisiciones de certificaciones e informaciones registrales hechas por el Poder Judicial y por órganos de la Administración Pública la Associación de los Registradores Imobiliarios del Estado de São Paulo (Arisp) implantó en 10.5.2005 el Sistema de Oficio Electrónico, publicado en internet en la dirección http://www.oficioeletronico.com.br. Este sistema sustituye el tradicional ofício en papel, por una requisición electrónica, que es también respondida electrónicamente. Desde su publicación hasta hoy (6.7.2011), fueron efectivadas 32.721.511 investigaciones electrónicas.

La economía verificada por la utilización del Sistema de Ofício Electrónico en ese periodo es resumidamente apuntada en el cuadro abajo:

7. CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES

La sociedad brasileña eligió el Sistema de Registro de la Propiedad como sustitutivo, notório y accesible, de las situaciones ambientales que, de alguna manera, tengan repercusión en el derecho de propiedad y en la función social inmobiliaria. Para esto, fue formatada una infraestructura legal y administrativa de soporte, a fin de alcanzar el desempeño cabal de esa misión delegada que se manifiesta por medio de la calificación, de los actos de “averbaciones” y registros, de las certificaciones e informaciones registrales.

No existe duda de que el desarrollo sustentable es un desafío-clave para el Registro brasileño. Desde la conferencia de Río 92 (Earth Summit), esta exigencia por “un desarrollo que supla las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras en suprir las suyas” (informe Bruntland), viene creciendo. Hay unanimidad en que todos los ciudadanos del planeta tienen el deber de asegurar, en cada una de sus actividades, la minimización del uso de recursos naturales, la economía de energía y la reducción de la polución.

De esta manera, por la comprensión de lo que el fenómeno Gestión Ambiental representa para la institución registral y para la sociedad, debe el Registro, como institución compuesta por la colectividad de sus operadores, romper el silencio administrativo en su agenda e insertar en su estrategia corporativa valores y principios interactivos que puedan ser utilizados como herramientas para el incremento de acciones que busquan la mejora social y del propio medio ambiente.

Como los consumidores demuestran empatías con empresas y corporaciones que cumplen la agenda socioambiental, es nuestra creencia de que con el Registro de Inmuebles no será diferente en lo que se refiere a su buena imagen y a la consolidación de su prestigio ante los usuarios de los servicios registrales y la opinión pública, al presentarse como un ejemplar agente social.

La Associación dos Registradores Imobiliarios del Estado de São Paulo (Arisp) es suscriptora de los Diez Principios del Pacto Global, relacionados con los Derechos Humanos, Derechos del Trabajo, Protección del Medio Ambiente y Combate a la Corrupción en todas sus formas28 y desarrolla también otras iniciativas con énfasis en la educación ambiental y en la buenas prácticas de gobierno, buscando el compromiso de los Registradores y de sus prepuestos en la ejecución de tareas administrativas con aspectos de sustentabilidad y en la adopción de tecnologías que superen la atención ordinaria al usuario del servicio registral, además, en conformidad con la tendencia de mercado que tiene su lógica y poder.

Seguramente algunos procesos internos necesitan ser estudiados por los Registradores de Brasil como, por ejemplo, las rutinas de lectura y revisión de textos en la pantalla del ordenador, de impresión frente y verso, de reutilización de hojas como borrador y de reciclaje de papel y la desmaterialización, con énfasis en el documento electrónico.

Por fin, se puede afirmar que las cuestiones que determinan el éxito o fracaso de empresas, organizaciones e instituciones son diversas y pueden ser prevenidas. Tales cuestiones van desde las relaciones personales internas deterioradas por los pecados de la concupiscencia de la carne, de la concupiscencia de los ojos y de la soberbia de la vida, hasta los fenómenos políticos y macroeconómicos.

En verdad, no existe una fórmula maestra que configure el secreto del éxito que pueda ser generalizada, así que tal vez esta sea imposible incluso para la vida privada.

Se considera en estas afirmaciones el dinamismo de las variables situacionales determinantes del comportamiento de una institución como el Registro brasileño, por la oportunidad que se presenta para su completa contextualización con los desafíos de su readecuación al contexto dinámico y evolutivo de la sociedad en la cual estamos insertados, que traen en su ámago el compromiso con el bienestar de las generaciones presentes y futuras.

Esta es la contribución que presento a los participantes de esta 1ª Conferencila Internacional de Servicios Ambientales y Seguridad Jurídica promovida en Barcelona por el Decanato de Cataluña del Colegio de Registradores. Si esta rogación induce a alguien a reflexionar sobre su comportamiento y sus actitudes socioambientales y, si de algún modo favorece la decisión para implantación de mejoras de procedimientos con el intuito de cooperar en la preservación y recuperación del medio ambiente y en la promoción social, me doy por recompensado y plenamente realizado.

São Paulo (SP), Brasil, 6 de julio de 2011.

*Registrador de la Propiedad

Dada a relevância da matéria, animo-me a tecer alguns comentários que considero oportunos, tangenciando ainda outros aspectos desta importante atividade.

Um dos objetivos do denominado sistema do notariado latino é servir à pessoa, espelhando os fatos jurídicos relativos à vida em sua dinâmica. O registro público não é mero repositório de fatos engessados nas linhas de leis escritas; ao contrário, sempre será o retrato fiel da vida, notável laboratório humano de mudanças sucessivas e infinitas, a serviço do qual o Direito justifica a sua existência, como insubstituível elemento edificante e pacificador.

Neste passo, fica claro que, curiosamente, passamos toda a vida nos relacionando diretamente com as atividades notarial e de registros e, ainda assim, permanecem como um mundo envolto em desconhecimento, não só da população, como até mesmo de alguns profissionais do Direito.

Com efeito, é correto dizer que os serviços que prestam os cartórios são os únicos inteiramente comprometidos com a consecução das garantias da autenticidade, segurança, eficácia e publicidade dos atos jurídicos mais importantes previstos na lei civil (lei dos registros públicos, art. 1º; lei 8.935, de 1994, art. 1º – clique aqui).

A multiplicidade de situações fático-jurídicas que se apresenta aos cartórios permite uma melhor compreensão de sua importância.

Quando se nasce, registra-se em cartório. O último suspiro também é perpetuado nos livros e registros do cartório. Entre eles, a autenticação do diploma para matrícula na faculdade, o contrato de financiamento do primeiro carro, o casamento, a compra da casa própria, o registro do nascimento dos filhos, a abertura de uma empresa, seja ela civil ou comercial, o registro dos direitos decorrentes da produção literária, artística e científica, a casa nova, a constituição da hipoteca, a separação, o divórcio, o testamento para evitar a briga dos herdeiros e até mesmo o inventário.

Em suma, as grandes conquistas da vida se fazem diante de um notário e ou de um registrador.

O cartório pode ser tomado, sem favor algum, palco por excelência para o grande teatro da vida civil. Neste descortino, os cartórios são uma necessidade social.

É que a legislação concernente aos registros públicos – no que se incluem as leis Federais 6.015 (clique aqui), de 1973 e 9.492 (clique aqui), de 1997 – diz respeito, em verdade, à administração pública de interesses privados. E o Estado exerce controle especial sobre tais interesses que, a despeito de privados, ultrapassam em muito a esfera de disponibilidade das partes diretamente envolvidas, por sua especial importância à segurança jurídica, bem maior que interessa à organização – e, porque não -, à própria sobrevivência social, como corpo ético destinado a promover os fins maiores do ser humano.

E as regras instrumentais nelas contidas são dirigidas não apenas aos registradores públicos e tabeliães, como também aos magistrados, membros do Ministério Público e servidores do judicial. E, last, but not least, aos interessados nos assentos. O processo de registro, por exemplo, é público e sofre interferência direta de todos operadores do Direito.

Pontuada a importância da atividade, pode-se afirmar que possui natureza jurídica peculiar, pois se intrinsecamente é de ordem pública – e tanto o é que, por conveniência política, o Estado a delega à pessoa natural qualificada -, sua gestão se faz em caráter privado.

Conforme preceitua o art. 236 da Constituição da República (clique aqui), regulamentado pela lei 8.935 (clique aqui), de 1994, o ingresso na atividade se faz por meio de concurso público de provas escritas, orais e de títulos. Após a aprovação e nomeação, o titular do serviço se torna profissional do Direito dotado de fé pública, com independência no exercício de suas funções.

Sua remuneração é fixada por meio de lei estadual (lei de emolumentos – clique aqui). Há, aqui, duas notas dignas de registro: 1) são pagos pelos usuários desses serviços e; 2) se sujeitam à fiscalização do Poder Judiciário (Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), bem como pelo Conselho Nacional de Justiça (Constituição da República, art. 236 e seus parágrafos, c.c. art. 103-B, §4º, III).

Todavia, não integram a estrutura do Estado, sequer como representantes, e não se confundem com servidores públicos, em que pese o serviço por eles prestado seja de índole pública (não faria sentido delegar serviço público a quem já é servidor público – STF, RE 178.236-6-RJ). Constituem uma categoria à parte de colaboradores do Poder Público, tais como os concessionários e permissionários de obras e serviços públicos, leiloeiros, tradutores, intérpretes, etc.

O que poucos sabem, no entanto, é que há muito mais tempo (1885), consoante averba Sérgio Jacomino, estudioso registrador de São Paulo, o então Imperador, por intermédio do seu ministro Francisco Maria Sodré Pereira, regulamentou por decreto o concurso público para notários e registradores, providência que era de toda salutar (Decreto 9.420, de 28 de abril de 1885, art. 1 – clique aqui). Tal exigência foi ainda reiterada pela Princesa Regente pouco após, em 14 de julho de 1887, pelo Decreto 3.322, em providência que honrou sua postura de estadista.

O Brasil é mesmo um país curioso. Veja-se que a exigência do concurso público surgiu em pleno Império, mas por uma dessas ironias que permeiam a peculiar história brasileira, foi justamente na República que a mais democrática modalidade de ingresso em atividade de natureza pública foi deixada de lado e somente restabelecida no ordenamento jurídico em vigor (Constituição da República de 1988), notadamente a partir da lei 8.935, de 1994, que regulamentou o dispositivo constitucional.

Salvo honrosas exceções, que apenas confirmavam a regra, desde então os cartórios passavam de pai para filho. E, após longa espera, quando se retornou ao sistema adotado no Império, introduziu-se a novidade de se exigir no próprio texto constitucional sua realização no prazo máximo de até seis meses da data da vacância (§3º art. 236). Algo inédito em termos de concursos públicos. Mas, como no Brasil o incomum não é tão incomum assim, raramente tais prazos vêm sendo observados. Com efeito, a não-realização dos concursos, ao menos na periodicidade exigida, se deve a diversos fatores, de forma a autorizar, em tese, exame da responsabilização pelo não cumprimento de sua regra.

Ao delegar o serviço para particulares, o poder público passa para os titulares dos cartórios, entre outros importantes aspectos, a incumbência de contratar e pagar os funcionários.

Apenas o Estado da Bahia ainda possui serviços notariais e de registros que não foram delegados a particulares, ou seja, permanecem sob a gestão do Estado (cerca de 957 estatizados e apenas 26 privados). A estatização dos cartórios extrajudiciais na Bahia começou na década de 1960, no governo de Antonio Carlos Magalhães. Embora a Constituição de 1988 tenha estabelecido que o serviço deve ser prestado por particular sob delegação do poder público, o Estado mantém os cartórios estatizados até hoje.

Segundo a Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (Andec), um dos problemas que a estatização dos cartórios da Bahia traz é a má qualidade do serviço prestado. Uma certidão de nascimento na Bahia demora até 100 dias para ser fornecida, segundo Humberto Monteiro da Costa, presidente da referida associação. A peculiaridade da situação dos cartórios extrajudiciais baianos chamou a atenção do CNJ que tomou a iniciativa de pedir providências sobre o assunto (PP 200810000021537) e decidir pela privatização, a fim de garantir que a legislação seja cumprida. O Conselho Nacional de Justiça também determinou que as serventias extrajudiciais do TJ/BA sejam privatizadas, na medida em que seus titulares deixarem os cargos, por aposentadoria ou falecimento.

De acordo ainda com o Conselho Nacional de Justiça, dos 14.964 cartórios existentes no Brasil, mais de 5.561 (ou 37,2% do total) estão nas mãos dos chamados ‘biônicos‘ – que não passaram por concurso para assumir o posto. A nota do Conselho é clara e conclui o que é da percepção do senso comum: o serviço estatizado é mais caro, muito mais ineficiente, e, para dizer o menos, pouco transparente.

O Conselho determinou a realização de concurso público pelos Tribunais de Justiça de todo o país para suprir as vagas em no máximo seis meses e fixou padrões do certame em todo o país (Res. 81, de 9/6/09). Na época, ficou estabelecido que os atuais titulares poderiam continuar nos cargos, mas seus rendimentos não deveriam ultrapassar 90% do teto do serviço público (R$ 26,7 mil – o equivalente ao salário de ministro do STF). Todavia, muitos titulares de cartórios ajuizaram ações no Supremo e obtiveram êxito no deferimento de liminares garantindo a permanência nos cargos. A partir de agora, porém, o entendimento do Supremo está firmado.

Recentemente, o Supremo Tribunal Federal confirmou, por 6 votos a 3, a decisão do CNJ que determinou a saída dos titulares de cartórios que ocupam o cargo sem terem passado em concurso público. De acordo com levantamento do Conselho Nacional de Justiça, mais de um terço dos cartórios estariam nessa condição.

Os ministros entenderam que a Constituição de 1988 criou a necessidade de concurso público para se tornar tabelião (sic): ‘É pacifico o entendimento de que não há direito adquirido do substituto quando a vaga tiver ocorrido depois de promulgada a Constituição de 1988. A Constituição não pode ser refém de uma lei posterior que apenas regulamentou a matéria‘, afirmou a ministra Ellen Gracie, que foi relatora do caso.

Em que pese a especificidade do caso julgado – um titular de cartório de Cruzeiro do Sul/PR que foi empossado em 1994 por um decreto editado pelo TJ/PR, a decisão representa precedente sobre o entendimento genérico do Supremo sobre o tema. Ou seja, os demais registradores e tabeliães que se sentirem prejudicados poderão até entrar com ação no STF, mas já sabem o destino final do pleito.

Não por acaso, logo em seu artigo 1º, a lei 8.935, de 1994, refere que tal atividade é balizada por organização técnica e administrativa. Este conceito é extraído da ciência econômica, a partir dos estudos pioneiros de Frederick Taylor, cuja favorável repercussão das importantes conclusões por ele alcançadas acabou por cunhar a expressão ‘taylorismo’. Tais conclusões, baseadas nos Princípios do Método, da Técnica e da Definição de Tarefas, são fundamentos que, por sua vez, foram sumulados no texto constitucional sob a denominação de Princípio da Eficiência (Constituição da República, art. 37).

Eficiência e adequação permanentes são exigências expressas de forma a gerar aptidão na produção de resultados satisfatórios (efetividade) e para consecução dos objetivos visados (eficácia).

Muito se diz sobre uma suposta ineficiência dos cartórios, mesmo entre aqueles privatizados. Em boa parte, por falta de visão mais abrangente do próprio sistema.

Proposta de lei do deputado Vitor Penido (DEM/MG), que tramita na Câmara dos Deputados, por exemplo, altera o artigo 188 da lei de registros públicos (lei 6.015 – clique aqui, de 1973), que estabelece o prazo de 30 dias para o cartório registrar o título, reduzindo esse tempo para 15 dias.

Na justificativa do PL 7.889/10, o deputado alega que ‘este prazo [30 dias] foi fixado na década de 70 do século passado, quando a comunicação era muito difícil, o país não possuía a estrutura de hoje, nem, tampouco, havia informatização‘. Daí a proposição de revisão do prazo legal.

O autor do projeto prevê que a redução do prazo para registro de imóvel beneficiará diretamente quem realiza aquisição imobiliária através do SFH. ‘Muitas aquisições deixam de se concretizar em face do prazo prolongado, já que o alienante recebe o preço somente após a conclusão do registro‘.

Todavia, importa indagar quem demora mais no processo de aquisição imobiliária: os cartórios ou os bancos? Sim, pois a compra da tão sonhada casa própria não depende somente dos prazos de registro do imóvel para ser concretizada, visto que é amplamente divulgado pela imprensa e consumidores que as instituições financeiras demoram mais de 30 dias para liberar o financiamento. Em geral, nas grandes cidades, independentemente do prazo legal, os cartórios levam em torno de 15 dias para registrar o imóvel, seja a aquisição financiada ou não.

A presidente da Anoreg/SP, Patricia Ferraz, reconhece que a proposta tem méritos, mas ressalva que ‘a questão crucial da agilização da aquisição imobiliária pelo SFH não consiste no prazo do registro, mas sim na avaliação dos riscos envolvidos na negociação. Por isso esse projeto de lei não fixa, por exemplo, um prazo de 15 dias para conceder o crédito imobiliário. Alguma instituição de crédito imobiliário faz essa avaliação em menos de 30 dias?‘ A registradora conclui que o problema não está no prazo de registro e, no entanto, está sendo ‘colocado no colo dos cartórios’.

Outro aspecto que em muito irá agilizar os procedimentos, parte da implantação do denominado registro eletrônico. E são os registradores quem postulam, publicamente, visando a rápida implementação do novo modelo de registro, a breve criação de um Comitê Gestor (EC 45 (clique aqui), art. 103-B, § 4º, I e III c.c. art. 103-B, art. 5º, § 2º e Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (clique aqui), art. 8º, inc. X e XX).

Lado outro, e para, além disso, a eficiência e a adequação devem sintonizar os mais diferentes aspectos da atividade. Especialmente no tocante à renda auferida pelos titulares de tais serviços.

No Brasil, o titular tem o direito de ficar com o lucro do cartório. Fonte do Conselho Nacional de Justiça indica que perto de 70% dos cartórios brasileiros auferem renda bruta – o que não deve ser confundido com lucro, por óbvio – de até 10 mil reais mensais. Vale dizer, a imensa maioria de notários e registradores tem renda compatível com a realidade brasileira. O outro lado da mesma moeda – este, por sinal, divulgado com maior ‘entusiasmo’ pela mídia –, ainda segundo o Conselho, existem casos de titulares desses serviços que recebem mais de R$ 5 milhões por mês.

Não há dúvida que para afastar paradigmas negativos é preciso buscar uma modulação igualmente neste aspecto, de forma a propiciar justa remuneração à atividade, mas sem desequilíbrios tão gritantes.

Com efeito, os órgãos que exercem as funções públicas notariais e de registro acham-se integrados à estrutura do Poder Judiciário (art. 103-B, III, da EC 45, de 2004 e ADI 3.773-1, SP, STF).

A fiscalização dos atos e a regulação das atividades notariais e registrais brasileiras, compete exclusivamente ao Poder Judiciário, leia-se Justiça Comum Estadual (art. 236, § 1º c.c. EC 45, art. 103-B, § 4º, I e III).

A busca pela eficiência e adequação desses serviços pressupõe que sejam geridos em caráter privado, os concursos de ingresso e remoção sejam realizados em perfeita sintonia com o comando constitucional e que a atividade por eles prestada garantam eficácia e segurança jurídica.

*Desembargador do TJ/MG

Solenidade, cultura, formalismo, controle e segurança são as principais barreiras para o rompimento deste enigmático acontecimento. Poucos são os que arriscam a previsão deste dia e muitos indicativos têm revelado que ele está longe, apesar de tantos avanços. Abro aqui um parêntese para deixar claro que estamos divagando somente sobre documentos, nem sequer entraremos na questão dos livros, jornais e revistas.

Alguns fatos nos direcionam a uma triste realidade, por exemplo: quando vemos novas legislações obrigando a impressão de documentos, como a do uso de relógios ponto nas empresas, para tentar barras as fraudes na manipulação.  Não fiz a conta, mas será que não seria mais barato disponibilizar uma entrada USB e dar a cada empregado um pen-drive? Talvez essa seria um a opção, não que sirva para todas as empresas, mas com certeza resolveria o problema de boa parte delas. Ou, quem sabe, se o Ministério do Trabalho homologasse softwares e hardwares com sistemas blindados de manipulação? Enfim, será que foram ouvidos os técnicos, já que à sociedade e aos empresários não se atribuiu atenção?

E o que dizer da impressão do voto que é usada cada vez mais nos EUA, país que pariu o primeiro computador do planeta, e que está sob discussão por aqui? E ainda os bilhões de comprovantes de pagamentos impressos dos cartões de crédito? Certamente a solução para esses casos virá, de sorte que já se avizinha em alguns casos em que “se passa” o telefone para pagar por algo.

O grande paradigma a ser enfrentado tem como barreira o fato de que papel e digital são como água e óleo. Enquanto no primeiro a informação é transmitida pela rudimentar forma de gravação por tinta, no digital, se manifesta através de um intrincado sistema de sinais eletromagnéticos. Essa enorme diferença em suas concepções e suporte é o que nos leva a complexidade da substituição de um pelo outro.

Mas não são somente estas as barreiras. Um caso polêmico é a previsão de assinatura digital em escrituras públicas feitas remotamente. Historicamente diferenciam-se dos contratos particulares pela participação e chancela do notário, como terceira parte de confiança dotado de fé pública. Assim, numa escritura pública, têm-se a presunção de que a parte está plenamente identificada, que gozava de sua plena capacidade civil e intelectual, que leu, ou que lhe foi lido o conteúdo, que compreendeu e ainda que assinou livre de coação e de livre e espontânea vontade.

Essas são as exigências contidas no artigo 215 do Código Civil. Portanto, para assinar-se remotamente deve o notário cercar-se de todos esses requisitos, o que somente a assinatura digital não dá, mas que, segundo nossa opinião, pode ser complementada por teleconferência. O Estado de Pernambuco foi o primeiro do país a permitir essa faculdade, através de provimento da Corregedoria, dispondo expressamente que a identificação, qualificação e manifestação de vontade podem ser feitas por comunicação digital por vídeo ou áudio.

No entanto, não são poucos os tabeliães que discordam veementemente desta possibilidade, inclusive fora do Brasil. A atividade notarial é milenar e por sua natureza solene, é natural que exista resistência. Noutras áreas do direito esse assunto vem sendo motivo de polêmicas, a mais recente foi a possibilidade de vídeo conferência de réu preso hoje positivada, mas que ainda sofre algumas restrições de advogados.

Enfim, paciente leitor, cá estamos todos nós nesta viagem ao futuro e que nos seja leve, mas precisa, afinal desde os tempos das descobertas navegar e viajar nunca foram mesmo muito “preciso”, mas sempre necessário…

Angelo Volpi Neto

Bacharel em Direito pela PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), é diretor da ANOREG–BR (Associação de Notários e Registradores do Brasil) e vice-diretor da ANOREG-PR. Também ocupa o cargo de conselheiro honorário e membro da Comissão de Informática da União Internacional do Notariado, além de ser titular do 7º Tabelionato de Curitiba (PR). Professor convidado nos cursos de pós-graduação de várias instituições, entre elas PUC-PR, IBEST (Instituto Brasileiro de Estudos), Academia Brasileira de Direito Constitucional, escreveu e publicou os livros “Comércio Eletrônico: Direito e Segurança” (Ed. Juruá) e “A vida em bits” (Ed. Aduaneiras). Coordena o Comitê Notarial da Câmara Brasileira do Comércio Eletrônico.

Fonte: www.camara-e.net